REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE N° 10-15.995.-

MOTIVO: OFRECIMIENTO Y FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.-

OFERENTE: ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, titular de la cédula de identidad N° V-14.952.688.-

APODERADAS JUDICIALES DEL ACTOR: ABGS. ZULAY PEREIRA ACEITUNO y MAYRENE ZARATE GUILARTE, Inoreabogados Nos. 14.419 y 32.918, respectivamente.-

BENEFICIARIOS: XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS BENEFICIARIOS: GERALDINE ACOSTA DE FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.850.356.-


-I-

Se inicia el presente Juicio de OFRECIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, mediante escrito constante de dos (2) folios útiles y anexos en diecinueve (19) folios útiles, presentado en fecha 20 de Abril de 2010, por el ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.952.688, domiciliado en Cagua, Municipio Sucre del Estado Aragua, debidamente asistido por la ABG. ZULAY PEREIRA ACEITUNO, Inpreabogado Nº 14.419, en interés de los niños: XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, actualmente de Ocho (8) y Seis (6) años de edad, respectivamente, incoada contra la ciudadana GERALDINE ACOSTA DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.850.356, en su carácter de progenitora y representante de los niños antes citados. Admitida la Solicitud en fecha 21 de Abril de 2010, según se evidencia de auto cursante al folio 21, se ordenó el emplazamiento de la ciudadana GERALDINE ACOSTA DE FERNÁNDEZ, antes identificada.-
El día 20 de Mayo de 2010, a pesar de haberse negado a firmar, la Demandada quedo citada según consta de Boleta de citación consignada por el Alguacil de este Despacho en la misma fecha. Tal y como se evidencia al folio 26 y su vto, respectivamente.-

El día 07 de Junio de 2010, según consta al folio 31, el Secretario dejó constancia de haber cumplido con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, ordenado en auto de fecha 27 de Mayo de 2010, relativo a la Notificación de la Demandado sobre su citación.-

Llegado el día y hora fijada para la contestación de la Solicitud de Obligación de Manutención, que se cumplió el día 29 de Junio de 2.010, el Alguacil llamó a las partes a las puertas del tribunal, al efecto de presentarlas al Juez para que este las exhortara a la Conciliación y en caso de no lograrse, oír a la demandada todas las excepciones y defensas cualesquiera sea su naturaleza, compareciendo sólo la parte Actora, ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, antes identificado, no pudiendo este Juzgador exhortar a la conciliación. En la misma fecha la parte dio contestación mediante escrito cursante a los folios 35 al 41, ambos inclusive, por lo que de conformidad con el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se abrió de pleno derecho el procedimiento a pruebas, por un lapso común de promoción y evacuación de ocho días hábiles de Despacho, que se cumplieron los días 30 de junio, 01, 06, 07, 08, 09, 12 y 13 de Julio de 2010, durante el cual sólo la parte Demandada consignó escrito de promoción de pruebas el día 13 de Julio de 2010, que fue admitido por este Tribunal en la misma fecha, todo lo cual consta a los folios 106 y 107, respectivamente.-

Llegada la oportunidad para decidir la presente causa, este Tribunal observa a las partes las siguientes reglas procesales:

PRIMERO: La litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.

Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente esta sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.

Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por esta Juzgadora y es tenido en cuenta para esta Decisión, por lo cual la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.

SEGUNDO: Siendo el Procedimiento de Alimentos un procedimiento especial, establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el artículo 516 de la misma establece que el día de la comparecencia es la oportunidad legal de conformidad con lo pautado en de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, para que la parte Demandada efectúe las excepciones y defensas cualesquiera sean su naturaleza las cuales se resolverán en la sentencia. Y así se establece.-

Todo lo anterior implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Así pues el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda. Recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que infine redundaría en el propio beneficio de ellas.

Observadas a las partes las reglas procesales, se pasa a decidir de la siguiente manera:

-II-

ESTABLECIMIENTO DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA

Del estudio de la solicitud de Ofrecimiento de Manutención, intentada por el ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, antes identificado, en interés de los niños: XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, actualmente de Ocho (8) y Seis (6) años de edad, respectivamente, incoada contra la ciudadana: GERALDINE ACOSTA DE FERNÁNDEZ, antes identificada, en su carácter de progenitora, se desprende, que la pretensión es de OFRECIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN. Y así se establece.-

Ahora bien, del escrito de Contestación, se desprende que la parte Demandada, promovió como punto previo la Incompetencia del Tribunal en razón de la materia y violación al debido proceso para fijarse o revisarse la Obligación de Manutención establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente,

El artículo 2 de la Resolución Nº 2008-0006, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 4 de junio de 2008, ratificó:

“(…) el diferimiento temporal de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en las Circunscripciones Judiciales, (omissis) hasta tanto la Comisión para la Reforma e Implantación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes considere que existen las condiciones mínimas indispensables para el establecimiento de los nuevos Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cada una de estas Circunscripciones Judiciales(…)”(Subrayado del Tribunal).


Asimismo, el artículo 3 ejusdem, estableció que:

“Artículo 3°. El Tribunal Supremo de Justicia mediante resolución motivada, podrá declarar progresivamente la entrada en vigencia de la Reforma Procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde está implantado parcialmente el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.” (Subrayado del Tribunal).

En Resolución Nº 2008-0007, de la misma fecha, estableció en su artículo 17, que:

“Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que en virtud de su competencia territorial conozcan de causas de obligación de manutención continuarán conociendo de las mismas hasta que dicte sentencia. De las apelaciones de estas causas conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.” (Subrayado del Tribunal).

Igualmente en el artículo 19 ejusdem, estableció, que:


“A medida que se acondicionen las sedes judiciales para el óptimo funcionamiento de los nuevos tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución motivada, podrá implementar progresivamente el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras ciudades de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.” (Subrayado del Tribunal).


Y en Resolución Nº 2008-0013, de fecha 02 de julio de 2008, de conformidad considerando que la extensión geográfica del Estado Aragua, “… han hecho necesario que además de los Tribunales de Municipio, algunos Tribunales de Primera Instancia conozcan como lo han venido haciendo de causas de obligaciones de manutención.”

Artículo 3°. Se amplía el alcance del artículo 17 de la Resolución Nº 2008-0007 de fecha 4 de junio de 2008 del Tribunal Supremo de Justicia, por ello los Tribunales de Primera Instancia y de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que en virtud de su competencia territorial conozcan causas de obligación de manutención, continuarán conociendo de las mismas hasta tanto el Tribunal Supremo de Justicia acuerde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras ciudades o municipios del Estado Aragua. De las apelaciones de estas causas conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.” (Subrayado del Tribunal).

Por lo que este Tribunal es competente en razón de la materia para conocer de la presente Causa y el procedimiento aplicado es el procedimiento a aplicar en razón del diferimiento en la entrada en vigencia acordado por el Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, este Tribunal se Declara COMPETENTE en razón de la Materia para conocer de la presente Causa.

En relación al Alegato de violación al debido proceso, este Tribunal observa, que se siguió el procedimiento contencioso para el Ofrecimiento y Fijación de Obligación de Manutención previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (1998), por cuanto como se motivo el punto previo anterior, el mismo se aplicó por el diferimiento temporal de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en las Circunscripciones Judiciales, donde no se encuentren dadas las condiciones para la aplicación del nuevo régimen. Y así se declara.-

Asimismo, se desprende del estudio exhaustivo del escrito de Solicitud y del escrito de Contestación a la misma, que el único hecho controvertido y objeto de prueba, es la cantidad de Bolívares en que debe fijarse dicha obligación alimentaría en beneficio de los niños XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, actualmente de Ocho (8) y Seis (6) años de edad, respectivamente. Y así se establece y declara.-

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS CONFORME A LA SANA CRÍTICA CON APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA

De la interpretación del artículo 483 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se desprende que las pruebas en el presente juicio deben ser apreciadas por el Juez conforme al sistema de la libre convicción razonada, exigiéndose el análisis de la prueba en relación a los hechos tenidos como demostrados y no demostrados, del derecho aplicable y de las excepciones planteadas por las partes. Por lo que a juicio de este Juzgador, el legislador confunde el sistema de la libre convicción con el sistema de la sana crítica, por cuanto el sistema de la libre convicción no es razonado, ya que este sistema permite según Couture, que el juez forme su convicción de acuerdo a su moral y el conocimiento privado respecto a la situación planteada, valorando las pruebas de autos, las pruebas fuera de autos y aún en contra de las pruebas de autos; sin embargo, al exigir el legislador que la libre convicción sea razonada, se infiere que el sistema aplicable no es el de la libre convicción sino el de la Sana Crítica, con acuerdo al cual la apreciación de la prueba es razonada debiendo atenerse a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia. Y así se interpreta y aprecia.-

Conforme al Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, toda prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido, por lo que, tanto las pruebas producidas por la parte Actora como por la parte Demandada, serán apreciadas en búsqueda de la verdad con independencia de quien las haya producido. Y así se interpreta y aprecia.-

Cursa al folio 3 y 47, copia simple de cédula de identidad Nº V 14952688, del ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, la cual en el derecho común es valorada como fidedigna de documento público, y a las que conforme a las máximas de experiencia, esta juzgadora le atribuye valor probatorio suficiente, para probar en el presente juicio la identidad de la representante de la parte Actora, por cuanto fue identificada por funcionario con competencia para ello, que ratifica el contenido de estos documentos; pero que a criterio de este Juzgador no es la prueba idónea para demostrar el hecho controvertido y objeto de prueba en la presente Causa. Y así se desecha.-

Cursa a los folios 04 al 07, copias certificadas de Partidas de Nacimientos de los niños GABRIELA DE LOS ÁNGELES y JAVIER ANTONIO, actualmente de nueve (9) y seis (6) años de edad respectivamente, expedidas en fecha 15 de Abril de 2010, por el Registro Civil de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Aragua, cuya copia simple cursa a los folios 48 al 51, y a los folios 43 y 44, copia simple de copia certificada expedidas en fecha 10 de Agosto de 2006, por el mismo Registro y correspondientes a los precitados niños, las cual se valoran conforme a la sana crítica como copia certificadas y simples de los instrumentos utilizados por el Estado para establecer la existencia y filiación del ser humano, y conforme al derecho común es un acto auténtico, respecto a los hechos presenciados por la autoridad competente y las declaraciones de los comparecientes, los mismos se tendrán como ciertas hasta prueba en contrario, de cuyo contenido se desprende la declaración por parte de los ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, antes identificado, nacimiento de los niños: GABRIELA DE LOS ÁNGELES y JAVIER ANTONIO; demostrándose en consecuencia con dicha acta que el Demandado, es padre de los BENEFICIARIOS de la presente Causa. Y así se valora.-

Cursa a los folios 8 y 9, Informe de Preparación Sobre Ingresos de Personas Naturales del ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, antes identificado, cuya copia simple cursa a los folios 52 y 53. Que en el derecho común es el instrumento comúnmente utilizados por las personas naturales que trabajan sin dependencia, con el fin de demostrar sus ingresos mensuales correspondiente a un lapso específico; de cuyo contenido se desprende que la Contadora Público MARIA A. DOUBRONT, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 57.059, una vez revisados la remuneraciones y estados de cuentas bancarios del ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNANDEZ DA ROCHA, elaboró la Relación de Ingresos percibidos desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2010 por el último mencionado, como Instructor independiente de Spinning, Body Combat, Step, RPM en los Gimnasios Corpus y C-Fit, la cual es de UN MIL TRESCIENTOS (Bs.1.300,ºº). Y así se valora.-

Cursa a los folios 10, 11 y 13, 54, 55 y 57, copia simple de recibos de pago a nombre de JAVIER FERNÁNDEZ, emitidos según sello por la “ORGANIZACIÓN DE BEISBOL MENOR FEDERADO TIGRITOS DE CAGUA Fundada en 1972 Cagua. Edp. Aragua, por las cantidades de VEINTE BOLÍVARES (Bs.20,ºº), CUARENTA BOLÍVARES (Bs.40,ºº), DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,ºº), VEINTE BOLÍVARES (Bs.20,ºº), DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,ºº), QUINCE BOLÍVARES (Bs.15,ºº) y DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,ºº), por concepto de: Mensualidad Nov, Inscrip – Mayo, Mensualidad Junio, Mensualidad jun, Mensualiadad Julio, Noviembre, Mensualidad – Mayo, Mensualidad Enero. Que en el derecho común son los instrumentos comúnmente utilizados por las Organizaciones de Béisbol (escuelas de béisbol) para demostrar el pago de la Inscripción y mensualidades del Cobeneficiario JAVIER FERNÁNDEZ; demostrándose en consecuencia que el niño beneficiario realiza una actividad deportiva y recreativa. Y así se valora.-

Cursa a los folios 12 y vto, copia simple de Control de Pago, emitida por el Colegio El Carmelo, a nombre de la niña GABRIELA DE LOS A. FERNÁNDEZ ACOSTA, cursante del 3er Grado B, cuya copia del vto cursa al folio 56. Que en el derecho común son los instrumentos comúnmente utilizados por las instituciones educativas privadas para demostrar el pago de la Inscripción y mensualidades de la Cobeneficiaria GABRIELA DE LOS A. FERNÁNDEZ ACOSTA; demostrándose en consecuencia que la niña beneficiaria cursa estudios en un Colegio Privado. Y así se valora.-

Cursa los folios 14 al 16, y 19, 58 al 60, 62 Ocho (8) Facturas, un (1) comprobante de debito y documento manuscrito. Que en el derecho común son copias simples de documentos privados, sin valor probatorio alguno. Y así se desecha.-

Cursa al folio 17 y 20, 61 y 63, copias simples de dos (2) facturas, expedidas en fechas 15/09/2009 y 18/02/208, por la Unidad Médica-Quirúrguica Dra. Haidee Rodriguez, c.a., y Centro Médico Cagua, C.A. Hospital Privado, a nombre de los Niños GABRIELA FERNÁNDEZ y JAVIER FERNÁNDEZ, por conceptos de gastos médicos por hospitalización y exámenes de laboratorio. Que en el derecho común son los instrumentos comúnmente utilizados por las sociedades mercantiles para demostrar el pago por servicios médicos y otros. Y así se valora.-

Cursa al folio 42, copia simple de copia certificada de Partida de Matrimonio de los ciudadanos ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA y GERALDINE ANDREINA ACOSTA RODRÍGUEZ, antes identificados, expedida por el Registro Civil de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Aragua. La cual se valora conforme a la sana crítica como el instrumento utilizado por el Estado para establecer la existencia del matrimonio, y conforme al derecho común es un acto auténtico, respecto a los hechos presenciados por la autoridad competente y las declaraciones de los comparecientes, los mismos se tendrán como ciertas hasta prueba en contrario; pero que a criterio de este Juzgador no es la prueba idónea para demostrar el hecho controvertido y objeto de prueba en la presente Causa. Y así se desecha.-

Cursa a los folios 64 al 67, ambos inclusive, copia simple de los folios 21 al 24 de la presente Causa, que se valoran como fidedignas de sus originales, pero que a criterio de este Juzgador no es la prueba idónea para demostrar el hecho controvertido y objeto de prueba en la presente Causa. Y así se desecha.-

Cursa a los folios 68 al 103, doce (12) copias simple de Contratos de Arrendamientos celebrados en fechas 28 de Agosto de 2009, 28 de Agosto de 2009, 18 de Julio de 2008, 18 de Julio de 2009, 03 de Junio de 2008, 14 de Marzo de 2008, 28 de Enero de 2008, 20 de Enero de 2008, 28 de Enero de 2008, 28 de Enero de 2008, 20 de Enero de 2008, 17 de Enero de 2008, por ante la Notaría Pública de Cagua, estado Aragua, anotados bajos los Nros. 72 del Tomo 186; 6 del Tomo 129-A CTO, 18 del Tomo 157, 6 del Tomo 129-A CT., 20 del Tomo 118, 76 del Tomo 14-A, 72 del Tomo 72, 63 del Tomo 39-A, 71 del Tomo 14, 70 del Tomo 14, 61 del Tomo 39-A y 38 del Tomo 08, respectivamente, celebrados entre los ciudadanos MARIA FERNANDA DA ROCHA DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- V-6.960.700 y MASTERSON ANÍBAL ALMEIDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.884.474; MARIA FERNANDA DA ROCHA DE FERNÁNDEZ, antes identificada, y MEILY CATHERINE CHANG BREINDEMBACH, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.819.003; MARIA FERNANDA DA ROCHA DE FERNÁNDEZ, antes identificada y CARLOS ANIBAL SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.306.279; TEODORO ADRIÁN FERNÁNDEZ VERAMENDI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.600.016; MARIA FERNANDA DA ROCHA DE FERNÁNDEZ, antes identificada, y la sociedad mercantil SOLANGE, C.A., inscrita en fecha 04 de Marzo de 2008, por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº 76, Tomo 14-A, representada por las ciudadanas MARIA ELENA BETANCOURT DE LIMA y CARMEN VICTORIA DEL VALLE BETANCOURT HERNÁNDEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.457.988 y V-13.201.991; MARIA FERNANDA DA ROCHA DE FERNÁNDEZ, antes identificada, y NELSON ADRIÁN VILLEGAS DELGADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.575.714; MARIA FERNANDA DA ROCHA DE FERNÁNDEZ, antes identificada, y la sociedad mercantil STONE GRANITTS, C.A., inscrita en fecha 26 de Julio de 2006, por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº 61, Tomo 39-A, representada por el ciudadano HENRY JESÚS ÁLVAREZ GARMENDIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.988.735; TEODORO ADRIÁN FERNÁNDEZ VERAMENDI, antes identificado, y CINDHY ARACELIS CASTILLO ÁLVAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.911.475; TEODORO ADRIÁN FERNÁNDEZ VERAMENDI, antes identificado, e YLSE DEL VALLE BOLÍVAR MORONTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.484.305; TEODORO ADRIAN FERNÁNDEZ VERAMENDI, antes identificado, y la sociedad mercantil STONE GRANITTS, C.A., antes identificada; y TEODORO ADRIÁN FERNÁNDEZ VERAMENDI, antes identificado, y DANIELA CAROLINA OJEDA VELÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.645.279. Quienes no son partes ni Beneficiarios en la presente Causa y a criterio de este Juzgador no es la prueba idónea para demostrar el hecho controvertido y objeto de prueba en la presente Causa. Y así se desecha.-

-III-

Por lo que demostrada como ha quedado la capacidad económica del Accionante, de conformidad con el artículo 369 de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente, tomando en consideración la edad de los beneficiarios, la situación inflacionaria en el país, que afecta el poder adquisitivo de bienes y servicios; y en virtud de que las Obligaciones de Manutención son créditos privilegiados que están por encima de cualquier deducción por concepto de préstamos, cajas de ahorro, etc., este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la Solicitud de OFRECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, interpuesta por el ciudadano ADRIÁN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.952.688, domiciliado en Cagua, Municipio Sucre del Estado Aragua, debidamente asistido por la ABG. ZULAY PEREIRA ACEITUNO, Inpreabogado Nº 14.419, en interés de los niños: XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actualmente de Ocho (8) y Seis (6) años de edad, respectivamente, incoada contra la ciudadana GERALDINE ACOSTA DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.850.356, en su carácter de progenitora. Fijando LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN correspondiente al Obligado Alimentario Actor, ciudadano ADRIAN ANTONIO FERNÁNDEZ DA ROCHA, sobre la base del salario mínimo tal y como lo establece el artículo 369 ejusdem, en la cantidad equivalente a TRECE COMA CUARENTA Y OCHO (13,48) días de salario mínimo mensual. PRIMERO: A pagar por concepto de OBLIGACION DE MANUTENCIÓN, la cantidad antes fijada, equivalente a TRECE COMA CUARENTA Y OCHO (13,48) días de salario mínimo mensual. SEGUNDO: A pagar, adicionalmente a la cantidad establecida en el PARTICULAR PRIMERO de esta dispositiva, UN (1) SALARIO MINIMO en el mes de noviembre para cubrir los gastos extras de navidad para la compra de estrenos a favor de sus hijos; TERCERO: A pagar, adicionalmente a la cantidad establecida en el PARTICULAR PRIMERO de esta dispositiva, en el mes de Agosto para los gastos de útiles escolares una cantidad adicional de TRECE COMA CUARENTA Y OCHO (13,48) días de salario mínimo. Las cantidades mencionadas, deberán ser remitidas a este Tribunal mediante cheque a nombre de este Juzgado, en las oportunidades correspondientes. -

Por cuanto la presente decisión se dictó fuera del lapso legal establecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda notificar a las partes mediante boletas. Líbrese Boletas.

Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los veintiocho (28) días del mes de Julio del año Dos Mil Diez (2.010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Regístrese. Publíquese.-

EL JUEZ PROVISORIO,

Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA

EL SECRETARIO,


Abg. CAMILO CHACON HERRERA


En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las (12:30) p.m., previo anuncio de Ley en las puertas del Tribunal.

EL SECRETARIO,



Expte. N° 10-15.995
EPT/ioa.-