REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA

Recurso: Contencioso Administrativo Funcionarial
(Cobro de Prestaciones Sociales)

Querellante: Pedro Vicente Reyes Serrano
titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.629.206

Querellado: Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico.

Expediente: RQF-10321

En fecha 28 de mayo de 2010, se le dió entrada al presente expediente distinguido con el Nro. JP61-L-2010-0000164, proveniente del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico. Extensión Calabozo, remitido mediante oficio Nro. CTCS263-10, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diez (2010), constante de 01 pieza en (16) folios útiles, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales, interpuesto por el ciudadano: Pedro Vicente Reyes Serrano, titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.629.206, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio Juan Rafael Aguirre Herrera, inscrito en el Inpreabogado bajo el número128.864, contra Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico.
Dicha remisión fue efectuada, en virtud de la declinatoria de competencia formulada por el antes referido Juzgado en fecha (06) de mayo del año dos mil diez (2010); de conformidad con el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; este Tribunal Superior, acepta la competencia declinada y se aboca al conocimiento de la presente causa.
Ahora bien, este Tribunal Superior, en atención a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva e instrumentalidad del proceso, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la querella interpuesta, conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, previa las siguientes consideraciones:
El artículo 19 en su quinto (5°) aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 20 de mayo de 2004 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942, contempla las causales de inadmisibilidad de las pretensiones contencioso administrativas y, en tal sentido señala lo siguiente:
“Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada.”

Asimismo, resulta necesario transcribir lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual señala lo siguiente:
“Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2326 de fecha 14 de diciembre de 2006, caso: Ramona Isaura Chacón de Pulido contra la sentencia Nº 2006-0463 del 24 de febrero de 2006 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la cual se ratificó que el lapso de caducidad aplicable en la materia funcionarial es el que se establece en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, tres (03) meses contados a partir del día que se produjo el hecho que dio lugar al recurso, o desde el día en que fue notificado del acto el interesado.
En el caso sub examine, el querellante a través de su Abogado asistente, alegó:
1. Que comenzó a prestar sus servicios personales como Bombero en el Cuerpo de Bombero de la Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico desde el 02 de enero de 1981 hasta el 15 de junio de 2009, obteniendo varios grados dentro de dicho cuerpo.

2. Que su último grado dentro del organismo fue como capitán de los Bomberos

3. Cargo este último que desempeño efectivamente hasta el 15 de junio de 2009.

4. Que en fecha 15 de junio de 2009, le fue concedido el beneficio de Jubilación, según Resolución N° AMM 303/2009, de fecha 15 de junio de 2009.

5. Que fueron Innumerable las gestiones realizadas por su persona con la finalidad de que le sean canceladas las prestaciones sociales.

6. Por lo que demanda a dicho ente administrativo para que convenga en pagar los conceptos reclamados o en su defecto sea condenado por este Tribunal.

Siendo ello así, quien aquí decide observa que, desde la fecha en que el ciudadano Pedro Vicente Reyes Serrano, le concedieron el beneficio de su jubilación (según lo alegó el propio querellante en su escrito libelar), esto es, desde el 15 de junio de 2009, hasta el 22 de abril de 2010, fecha en la cual se interpuso el presente recurso ante la Unidad de Recepción y Distribución de documento de la Coordinación del trabajo del Estado Guárico, Extensión Calabozo, conforme consta del comprobante de Recepción de un asunto nuevo, el cual riela al folio (nueve 09) del presente expediente, trascurrió el lapso de caducidad de tres (03) meses establecido en el tantas veces mencionado artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En consecuencia, al encontrarse incursa la presente querella en la causal de inadmisibilidad de caducidad, prevista en el mencionado quinto (5°) aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con Sede en Maracay, Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara Inadmisible el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano: Pedro Vicente Reyes Serrano, titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.629.206, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio Juan Rafael Aguirre Herrera, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 128.864, contra Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico, de conformidad con el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.
Notifíquese al querellante de la presente decisión.
Publíquese, regístrese, déjese copia del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, a los 17 días del mes de junio de 2010. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIO,
Abg. GERALDINE LOPEZ BLANCO
LA SECRETARIA,
MARIA ALEJANDRA MENDEZ
GLB/marleny
Exp QF-10321

En la misma fecha se publicó y registró la decisión anterior, siendo las (12:30 p.m.), y se libró la boleta ordenada.
LA SECRETARIA,