TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación
y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Aragua
Maracay, once de marzo de dos mil diez.
199º y 151º
ACTA DE MEDIACION.
ASUNTO: DP11-L-2009-001822
PARTE ACTORA: Ciudadana ALICIA JENIRE RIVAS JAMBRINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.984.343 y de este domicilio.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Abogada YELENE FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.679.145 Inpreabogado No. 67.524 y de este domicilio.

PARTE DEMANDADA: FARMACIA SAN GABRIEL C.A.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada ZAMMOUR KELKATI, Inpreabogado No. 67.418

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

En el día de hoy, 11 de marzo de 2010, siendo las 11:00 a.m., comparecen voluntariamente, la ciudadana ALICIA JENIRE RIVAS JAMBRINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.984.343 y de este domicilio, debidamente asistida por la abogada YELENE FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.679.145 Inpreabogado No. 67.524 y de este domicilio, quien en lo adelante se denominara LA DEMANDANTE, asimismo comparece por la Empresa accionada, la abogada HEISA JOSEFINA CORREA PADILLA, debidamente inscrita ante el inpreabogado bajo el numero 101.008, actuando con el carácter de apoderada judicial de la misma, representación que consta en poder apud acta que riela al folio veintiocho (28) de las actas que conforman el expediente. En ese estado toma la palabra la apoderada judicial de la parte actora y establece: “En fecha 5 de marzo de 2010, fecha en la cual se realizo la prolongación de la audiencia preliminar, y en ese mismo acto mi representada no acepto el monto ofertado por la representación judicial de la parte demandada, sin embargo nos hemos reunido extrajudicialmente y hemos decidido aceptar el monto ofrecido por la parte accionada, es por ello que de mutuo acuerdo solicitamos al Tribunal, se habilite el tiempo necesario, a los fines de explanar el acuerdo a que hemos llegado, anule y revoque el acta de fecha 05 de marzo de 2010, mediante la cual se concluyo con la audiencia preliminar y se ordeno la remision de la presente causa a juicio”. Acto seguido toma la palabra la representación judicial de la parte accionada y establece: “que efectivamente han llegado a un acuerdo y en consecuencia ratifica la solicitud realizada por la parte accionante”. En ese estado el Tribunal vista la solicitud de las partes y a los fines de acordar la audiencia especial de conciliación, hace las siguientes observaciones:

En primer termino se quiere dejar establecido que las normas del derecho del trabajo son normas de orden público (ius cogens) implicando esto su imperatividad, su reemplazo no se admite por la voluntad de las partes, ni si quiera por la renuncia expresa del trabajador. Sin embargo nuestro ordenamiento jurídico permite los acuerdos conciliatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que, mediante tales actos, se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, dándole a dichos acuerdos conciliatorios la autoridad de cosa juzgada entre las mismas.
En el campo internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha preocupado, desde casi los tiempos de su fundación, a la resolución de conflictos de manera pacífica y ordenada, marcando como meta global la de prevenir y resolver conflictos para consolidar la democracia y promover la estabilidad social, económica y política.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 258 establece que se la Ley promoverá, como medios eficaces de justicia, el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para solución de conflictos.

Así tenemos, que los formas de auto-composición procesal están íntimamente vinculados a la satisfacción del interés público y a la consecución de una administración de justicia rápida y eficaz, en virtud que es un bien querido por la sociedad el hecho que los procesos de resolución de conflicto se agilicen y que la justicia sea rápida, efectiva y expedita, resultando acorde con los postulados de nuestra Constitución, que en el artículo 257 prevé la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y la adopción de un procedimiento breve, oral y público no sujeto a formalidades rigurosas y reposiciones inútiles; asimismo, el artículo 258 que promueve el uso en los procesos del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos, y en el artículo 253 del texto constitucional forman parte del sistema de justicia.

En el nuevo proceso laboral rigen los principios de brevedad, celeridad, inmediatez y primacía de la realidad de los hechos sobre las formas, que no se puede pretender que por algún error material o de forma sea obstáculo para el desenvolvimiento del procedimiento, teniendo en cuenta que es el trabajador quien asume las consecuencia de las dilaciones que pueda sufrir este.
Asimismo se debe señalar que los juicios laborales difieren de los civiles por su naturaleza social, es decir, sus fines sociales hacen que la jurisdicción se ejerza sin la rigidez que impera en los demás procesos y de allí la especificidad de sus principios, con una función niveladora debido a la diferente condición económica y social de los litigantes, que genera desiguales condiciones para la defensa y el ataque.

En ese mismo orden es importante destacar el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

Por todas las razones antes expuesta, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, por no ser contraria a derecho acuerda la solicitud, y da inicio a la audiencia preliminar y de conformidad con los artículos 206 y 310 del código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, revoca y deja sin efecto, acta de prolongación de audiencia de fecha 5 de marzo de 2010, palabra y da inicio a la audiencia, realizando todas las funciones que como mediadora le correspondía, decidiendo las partes celebrar una transacción a los efectos de poner fin al presente conflicto, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, como también en el artículo 1.713 y siguientes del Título XII, Libro Tercero del Código Civil vigente, 1713 y 256 del Código de Procedimiento Civil, llegan al siguiente acuerdo transaccional, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se enumeran: PRIMERA: LA DEMANDADA Empresa Mercantil FARMACIA SAN GABRIEL C.A. a través de su apoderado judicial reconoce la relación laboral, en los términos expuestos por el accionante en el escrito libelar, por ello en múltiples conversaciones, libre de apremio y coacción con el trabajador, haciendo una depuración del escrito libelar y el recalculo respectivo, y a los fines de honrar las Prestaciones Sociales que le corresponden al mismo, ofrece en este acto al Trabajador la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), los cuales comprenden Prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, las indemnizaciones previstas en el articulo 125, asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 1.676,00) y por lo salarios caídos la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO BOLIVARES (Bs. 3.324,00), lo que arroja el monto ofrecido, los cuales se ofrece a pagar en dos (02) partes iguales, en este acto la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.2.500,00), mediante cheque signado con el numero 21580557, de la Entidad Bancaria BANESCO, a nombre de la ciudadana ALICIA RIVAS, y la segunda parte para el 31 de marzo de 2010, por ante la URDD de esta Coordinación Laboral. SEGUNDO: EL DEMANDANTE, debidamente asistida de abogada, acepta conforme, el ofrecimiento de pago realizado por la representación del Patrono e igualmente declara, que el Patrono nada más le adeuda por concepto de derechos e indemnizaciones, prestaciones y otros beneficios con ocasión a la relación de trabajo y su terminación, asimismo declara que recibe en este acto la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.2.500,00), mediante cheque signado con el numero 21580557, de la Entidad Bancaria BANESCO. TERCERO: Ambas partes declaran, que haciéndose mutuas y reciprocas concesiones, están mutuamente satisfechas con este convenimiento, por lo cual renuncian, desisten y se exoneran de las responsabilidades y obligaciones, derivadas del Derecho del Trabajo y Reglamentación, y por consiguiente, asientan que nada tienen que reclamarse, ni nada quedan a deberse, por la relación de trabajo que existió entre ambas partes, ni por ningún otro, relacionado directa o indirectamente con la materia específicamente laboral CUARTO: Las partes reconocen y aceptan el carácter de cosa juzgada que la presente transacción tiene a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil, así como el articulo 256 del Código de Procedimiento Civil, por lo que las partes solicitan expresa e irrevocablemente al Tribunal que, se sirva decretar la Homologación de la transacción contenida en la presente acta, otorgándole el carácter de cosa juzgada y ordene el archivo del presente expediente. Es todo.

Homologación del Tribunal Segundo de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua:
Visto que los acuerdos contenidos en la anterior Acta de Mediación y Conciliación son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; y por cuanto considera este Tribunal que las partes han cumplido con los requisitos de los Medios de Auto composición Procesal como lo es la Transacción, consagrado en el articulo 1713 del Código Civil, donde establece los tres presupuestos procesales como lo son: 1) La existencia de un contrato mediante reciprocas concesiones. 2) La finalidad de terminar un litigio. 3) Hay una renuncia de las actuaciones en el proceso, de las partes en el juicio, es decir, precaven un litigio eventual, por tanto es evidente una expresión de voluntad de mutuo consentimiento, en llegar a una resolución armoniosa en el presente caso y por ende reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por tanto este Tribunal en plena consonancia garantía constitucional de la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la cual le corresponde velar por la declaración de las partes que celebran un Convenimiento, y por ende al pago de la obligación contraída y sean en efecto, su manifestación de voluntad, y así mismo del análisis de las cláusulas establecidas por ambas partes en el acta de mediación, se constata que dichas cláusulas, están ajustadas conforme a derecho y cumple con todos y cada uno de los requisitos del artículo 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil que por remisión expresa se hace del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y sin violentar las disposiciones contenidas en el artículo 89 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la misma no implica renuncia o menoscabo de los derechos del demandante, así como también se cumple con lo previsto en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, que establece la necesidad de que las partes tengan la plena capacidad para disponer de la pretensión o derecho litigioso. Así mismo en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 9 y 10 establece que el Principio de Irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador, en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impedirá la celebración de transacciones, siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los derechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos.

Expresa el procesalista patrio RICARDO HENRIQUE LA ROCHE, que la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta expresar en modo genérico, sino que es necesario como ha indicado la doctrina y la jurisprudencia patria que la transacción sea circunstanciada, es decir, que especifique de manera inequívoca los derechos, prestaciones e indemnizaciones sobre los cuales recae, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que este le produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de algunas de las prestaciones previstas en la Legislación.

La transacción existe cuando las partes mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual y la consecuencia de la relación procesal.

Según lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Juez deberá personalmente mediar y conciliar las posiciones de las partes, tratando con la mayor diligencia de que estas pongan fin a la controversia, a través de los medios de autocomposición procesal, de igual manera el artículo 11 ejusdem, autoriza al Juez del Trabajo aplicar analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico y por tanto se destaca que el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil, por tanto celebrada la transacción en el juicio, el juez la homologará si versare sobre materias donde no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución.

En consecuencia, esta sentenciadora visto que en los acuerdos de las partes se han transado derechos que son perfectamente disponibles y que han sido, la conclusión de un proceso de Mediación y Conciliación dirigido por este Tribunal, a fin de promover la Mediación y Conciliación como mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de disputas se procederá a homologar tal como se expresará en el dispositivo del fallo. Así se decide

DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones legales previstas en los artículos 256, 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 3° Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el articulo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo decide:

PRIMERO: Se imparte la Homologación de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de Mediación y Conciliación promovido por este Tribunal y contenidos en la presente Acta, dándoles el carácter de Cosa Juzgada.

SEGUNDO: Se revoca y se anula acta levantada en fecha 5 de marzo de 2010.

TERCERO: Se declarara terminado el proceso y se ordenara el cierre y archivo de la presente causa, cuando conste en autos la totalidad del monto transado. Es Todo. Terminó, se Leyó y Conformes firman.

Publíquese y Regístrese la presente Decisión en esta misma fecha.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los once (11) días del mes de marzo de dos mil diez (2010). 199° de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZ,
Abog, Nancy Griselys Silva.
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Accionante.

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Apoderado judicial de parte
Accionante.

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Apoderado judicial de parte
Accionada.

El Secretario,
Abg. Luís Sarmiento.