TSJ Regiones - Decisión

CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

SALA 10

Caracas; 5 de Mayo de 2.010

200º y 151º

EXPEDIENTE Nº 10-Aa-2648-10

JUEZA PONENTE: DRA. CARMEN AMELIA CHACÍN MATERÁN

Examinado como ha sido el escrito contentivo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio ROBERTO TARICANI LOZADA, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 36.232 quien actúa en la presente causa en su condición de Defensor Privado del ciudadano MARVIN ADRIAN SOSA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-22.796.302, a quien la Fiscalía del Ministerio Público le imputara la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 1 del Código Penal, ejercido como fuera para impugnar la decisión emanada del Juzgado número catorce (14) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 10/03/2.010, en la cual entre otros pronunciamientos DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA JUDICIAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y cambia la precalificación jurídica del hecho delictivo denunciado a HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el Artículo 405 eiusdem y perpetrado en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de LUIS ALBERTO ARANA ARISTIMUÑO, alegando que en la recurrida no se expresa la motivación exigida por los extremos legales dispuestos en los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, ni se encuentran llenos los requisitos allí dispuestos, por la insuficiencia de los elementos de convicción que constan en las actas, toda vez que según se denuncia sólo se cuenta con la deposición de un testigo referencial siendo ese el único dato que se obtendría y el requerimiento es que sean dos o más, por el vocablo que impone exista pluralidad de elementos, asimismo se sostiene que el Juzgado A quo no dio cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, del mismo modo se sostiene que se negó la concesión de una medida cautelar sustitutiva atendiendo a razones que no son las contempladas en el ordenamiento jurídico aplicable, así se invoca lo previsto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo dispuesto en el Libro Primero, Título VIII, Capítulo I, Artículos 243 y siguientes, aunado a lo pautado en el Artículo 9 numeral 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Económicos, Artículo 7 numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, así termina señalando que el imputado de autos posee arraigo en el país y que ello no fue tenido en cuenta en este caso, en virtud de todo ello pide entonces sea revocada esa decisión y sea sustituida la medida impuesta por una menos gravosa, fundamentando así sus planteamientos recursivos en lo dispuesto en los numerales 4 y 7 del Artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que siendo la oportunidad legal fijada para resolver sobre su admisibilidad, se hacen previamente las siguientes consideraciones, a los fines establecidos en el Artículo 437 eiusdem, que contempla:
Causales de Inadmisibilidad. La corte de apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;
b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda.
Siendo conveniente citar también lo dispuesto en el Artículo 447 eiusdem, que contempla:
Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:
1. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación;
2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el Juez de control en la audiencia preliminar; sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio;
3. Las que rechacen la querella o la acusación privada;
4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva;
5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código;
6. Las que concedan la libertad condicional o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena;
7. Las señaladas expresamente por la ley.

Analizando la situación evidenciada en el recurso planteado, conforme a lo previsto en estas disposiciones legales citadas, se pudo verificar con relación a la facultad de la parte recurrente, que posee legitimidad, toda vez que actúa asistiendo al encausado de autos y en su carácter de Abogado en ejercicio, según consta de las actuaciones que forman parte de este asunto penal, tales como el acta de la Audiencia de Presentación del Detenido, de fecha 10-3-2.010 inserta a los folios 12 al 18 de este asunto recibido ante la Alzada, que evidencia ese profesional del derecho ya identificado lo asistió en ese acto en esa condición, sin que revelen las actuaciones cursantes en el presente asunto penal, que haya sido revocado ese nombramiento.

Igualmente se constata que el recurso fue presentado por escrito dentro del lapso legalmente determinado para ello, así se confirma con el cómputo de los días hábiles transcurridos cursante a los folios 36 al 37 de las presentes actuaciones, además fue debidamente fundamentado, exponiendo en el orden consecutivo los motivos o denuncias, que se consideró necesario plantear y los preceptos legales que refiere fueron incumplidos, ello de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 448 encabezamiento del Código Orgánico Procesal Penal y la decisión que se pretende impugnar por este medio le es contraria a sus intereses, puesto que le impone a quien representa en este proceso, la medida preventiva judicial privativa de la libertad, lo cual sin duda alguna resulta gravemente perjudicial para cualquier persona y, en las condiciones aquí expuestas con esa actuación jurisdiccional de comprobarse lo alegado, se estaría incumpliendo con mandatos legales dispuestos como se encuentran en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Evidenciándose que no se produjo contestación al recurso interpuesto por la defensa en este caso, acorde a lo que se observa en el cómputo elaborado antes referido cursante a los folios 36 al 37 de este asunto.

En consecuencia, estima esta Alzada, que lo procedente y ajustado a derecho en este caso es ADMITIR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio ROBERTO TARICANI LOZADA, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 36.232 quien actúa en la presente causa en su condición de Defensor Privado del ciudadano MARVIN ADRIAN SOSA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-22.796.302, a quien la Fiscalía del Ministerio Público le imputara la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 1 del Código Penal, ejercido como fuera para impugnar la decisión emanada del Juzgado número catorce (14) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 10/03/2.010, en la cual entre otros pronunciamientos DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA JUDICIAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y cambia la precalificación jurídica del hecho delictivo denunciado a HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el Artículo 405 eiusdem y perpetrado en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de LUIS ALBERTO ARANA ARISTIMUÑO, puesto que se pudo verificar que efectivamente la parte recurrente tiene legitimidad para interponer el acto recursivo respectivo, el cual fue presentado en tiempo oportuno, además la decisión contra la que se recurre es impugnable por expreso mandato legal contenido en el Artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal en su parte in fine, aparte se ha incluido en el escrito contentivo del recurso la expresión de las razones por las cuales se intenta la impugnación ante la Alzada, por lo que resulta admisible y procedente entonces su interposición según se dispone en los Artículos 437, 447 y 448 eiusdem, debiendo dejar asentado se acata la reducción de los lapsos conforme se dispone en el precepto legal aplicable, decisión que emite esta Sala, actuando de conformidad con lo contemplado en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por el razonamiento que antecede, esta SALA 10 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio ROBERTO TARICANI LOZADA, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 36.232 quien actúa en la presente causa en su condición de Defensor Privado del ciudadano MARVIN ADRIAN SOSA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° V-22.796.302, a quien la Fiscalía del Ministerio Público le imputara la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 1 del Código Penal, ejercido como fuera para impugnar la decisión emanada del Juzgado número catorce (14) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 10/03/2.010, en la cual entre otros pronunciamientos DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA JUDICIAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y cambia la precalificación jurídica del hecho delictivo denunciado a HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el Artículo 405 eiusdem y perpetrado en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de LUIS ALBERTO ARANA ARISTIMUÑO, puesto que se pudo verificar que efectivamente se ha dado cumplimiento con todos los requisitos exigidos en el Artículo 448 y 449 del Código Orgánico Procesal Penal, acorde a lo antes referido y el acto de impugnación procesal presentado resulta admisible y procedente entonces su interposición según se dispone en los Artículos 437 y 447 eisudem, debiendo dejar asentado se acata la reducción de los lapsos conforme se dispone en el precepto legal aplicable, decisión que emite esta Sala, actuando de conformidad con lo contemplado en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.
LA JUEZ PRESIDENTE

DRA. ANGÉLICA RIVERO BERMÚDEZ

LAS JUEZAS INTEGRANTES

DRA. ALEGRIA L. BELILTY BENGUIGUI DRA. CARMEN AMELIA CHACÍN MATERÁN
(PONENTE)
LA SECRETARIA,

ABG. CLAUDIA MADARIAGA SANZ
En esta misma fecha se le dio fiel cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,

ABG. CLAUDIA MADARIAGA SANZ

ARB/ALBB/CACM/cm.dh.
EXP N° 10-Aa-2648-10
Decisión : 041-10