TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, a los 25 días del mes de Mayo del año dos mil diez (2.010).
Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación

PARTE ACTORA: ORGANIZACIÓN PAFI, C.A. sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 22 de Diciembre de 1.994, bajo el Nº 47, Tomo 198-A-Pro.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MANUEL JORGE SEVA GUIU, JOSE ANTONIO PAIVA JIMENEZ y DIMAS AUGUSTO ALONSO LOPEZ Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 50.771, 64.351 y 72.564, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: RAUL MONTES DE LEÓN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-732.563, sin apoderado judicial acreditado en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES POR CUOTAS DE CONDOMINIO
SEDE: MERCANTIL
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
ASUNTO: AP31-V-2008-000985

Se inició el presente proceso mediante libelo de demanda presentado para su distribución el 16 de Abril del 2.008, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, sede Los Cortijos, el cual sometido al sorteo respectivo, correspondió su conocimiento a este Tribunal, el cual lo recibió por Secretaría en fecha 21 de Abril de 2008.
Mediante auto dictado el 24 de Abril de 2.008, este Tribunal admitió la demanda a través del procedimiento oral, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera dentro de los VEINTE (20º) siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su citación.
El 5 de Mayo de 2.008, compareció la parte actora y consignó fotostatos para la elaboración de la compulsa de citación, en esa misma fecha la Secretaria dejó constancia de haber librado la compulsa de citación.
El día 13 de Mayo de 2008, compareció el apoderado actor y consigno sustitución de poder.
El 26 de Mayo de 2.008, compareció el Alguacil José Luís Navas y dejo constancia de haber recibido las expensas necesarias para la práctica de la citación personal.
El día 5 de Agosto de 2008, compareció el Alguacil Christian Rodríguez y dejo constancia de la imposibilidad de haber practicado la citación personal de la parte demandada.
El 11 de Agosto de 2008, compareció el Alguacil Christian Rodríguez y dejo constancia de la imposibilidad de haber practicado la citación personal de la parte demandada, por lo que consignó la compulsa junto con la orden de comparecencia.
El día 20 de Noviembre de 2008, compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicito la citación de la parte demandada mediante cartel de citación.
En fecha 27 de Noviembre de 2008, se dicto auto mediante el cual se avoco la Juez Temporal al conocimiento de la presente causa y ordeno su prosecución en el estado en que se encontraba.
El 15 de Enero de 2009, compareció el apoderado judicial de la parte actora y ratifico la diligencia de fecha 27 de Noviembre de 2008, donde solicito la citación por carteles.
En fecha 26 de Enero de 2009, se dicto auto mediante el cual se ordeno la citación de la parte demandada mediante carteles de citación.
El día 26 de Febrero de 2009, compareció el apoderado judicial de la parte actora y retiró carteles de citación, a los fines de su publicación.
El 24 de Mayo de 2010, se dicto auto mediante el cual la Juez Titular se avoco al conocimiento de la presente causa y ordeno su prosecución en el estado en que se encontraba.
DE LA PERENCION:
Este Tribunal luego de la exhaustiva revisión de las actas que conforman el presente expediente, ha podido observar que desde el día 20 de Febrero de 2.008, ninguna de las partes ha realizado acto alguno para impulsar el proceso.

Al respecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”

La perención viene a constituir una de las formas anormales de ponerle fin a los juicios, cuyo concepto ha sido expuesto por diferentes juristas, tanto nacionales como extranjeros, entre los cuales se cita al Dr. Hernando Devis Echandía, en su Texto denominado “Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso.” Tomo I, quien define la Perención, de la siguiente manera:

“(...) es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos (...)”.

Por su parte, el Dr. Arístides Rengel Romberg, en el Tomo II de su “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, expone:

“(...) La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por acto de partes, sino por la inactividad de las partes prolongada durante un cierto tiempo.(...)”.

La declaratoria de la perención de la instancia, le está expresamente permitida al Tribunal, aún no habiendo sido solicitada por las partes, ya que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de nuestro Texto de Trámites, la perención de la instancia se verifica de pleno derecho; esto es, una vez que concurren los supuestos de hecho expresamente establecidos en nuestro Ordenamiento Adjetivo para que esta institución extintiva de la instancia opere, la sentencia mediante la cual se decide, tan sólo es la declaratoria del Tribunal de una situación de pleno derecho ya verificada.
Según la doctrina procesal expuesta por el Dr. OSCAR RILLO CASALE en su Obra “Perención y Caducidad”; para que los actos puedan ser considerados interruptivos de la perención deben reunir los siguientes requisitos:

“(....)1.- Deben estar agregados al mismo proceso.
2.- Ser útiles, es decir, idóneos al fin propuesto. Se debe ver y apreciar la marcha del proceso. Solo tienen efecto interruptivo las articulaciones, diligencias o actuaciones que urgen el procedimiento; ésto es toda actividad de grado contencioso útil que tenga la virtud de instar el trámite procesal.
3.- De modo directo e inmediato.
4.- El pedido debe ser congruente con el estado de la litis.
5.- No deben ser inoficiosos, inútiles o extemporáneos.
6.- Deben cumplirse ante el mismo Tribunal y en esas actuaciones < refiérese al proceso>.
7.- Adecuados al estado del trámite del proceso.
8.- Eficientes. Es decir, que los efectos procurados de hacer avanzar el proceso, se produzcan realmente.....No solo que la articulación, escrito o proveído tenga la virtualidad impulsora, sino que el Juez la acoja con un decreto de recepción.
9.- Es indiferente que los actos interruptivos emanen del actor o del demandado.
10.- Por principio no cabe reconocerle efectos interruptivos a las diligencias promovidas por un tercero. (....)”.

Por su parte, el Dr. Arminio Borjas, en el Tomo II de sus “Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano”, señala:

“(...) Cuando la actuación de una de las partes no va dirigida a mantener subsistente el procedimiento, pues no requiere de la citación de la otra, como cuando en una causa paralizada pide uno de los litigantes la devolución de documentos originales presentados por él, o que se le expida copias de algunas actas, sin que se indique que ello sea para fines referentes al juicio en suspenso; sino antes bien, para efectos extraños a él, el lapso de la perención no se interrumpe, porque la causa cuyo curso esté en suspenso por cualquier motivo, no puede salir de ese estado sin petición expresa de uno de los litigantes y previa citación del otro, o sin que la providencia solicitada por alguna de las partes, no pueda ser acordada a espaldas de la otra (...)”.

Aplicando la norma parcialmente transcrita al presente caso se evidencia que desde el 26 de Febrero de 2.009 al 26 de Febrero de 2.010, transcurrió sobradamente el lapso de un (1) año a que se refiere el artículo in comento, situación esta que hace forzoso para esta juzgadora declarar de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 269 eiusdem, que se ha verificado la perención de la instancia en fecha 26 de Febrero de 2.010, y en consecuencia la extinción del presente proceso. Así se decide.
Por todos los razonamientos expuestos este Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede mercantil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley DECLARA la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia la extinción del proceso que por COBRO DE BOLÍVARES intentó ORGANIZACIÓN PAFI, C.A. contra el ciudadano RAUL MONTES DE LEON.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el copiador de sentencias que a tal efecto es llevado por este Tribunal, por aplicación de los artículos 247 y 248 del Código de procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 25 de Mayo de 2.010. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.