República Bolivariana De Venezuela
Juzgado Tercero De Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Y Ezequiel Zamora De La Circunscripción Judicial Del Estado Monagas.-
Maturín, 03 de Noviembre de 2010.
200° y 151°

EXP. 3.133-10

PARTE DEMANDANTE: MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ DE CÓRDOBA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro V-3.049.062, mediante su apoderado judicial abogado: CARLOS ROJAS BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro V-2.329.697, e inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 2.909.
PARTE DEMANDADA: ALBA NELLY RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.925.470.
MOTIVO: DESALOJO.
ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO.-

Vista la petición realizada en el escrito libelar, referente a que sea decretada medida preventiva de Secuestro sobre el Bien objeto de la litis; este Tribunal realiza las siguientes consideraciones a los fines de pronunciarse sobre la procedencia o no de dicha medida:
La parte actora señala en el escrito libelar que celebro un Contrato Privado de Arrendamiento, con la ciudadana: ALBA NELLY RAMÍREZ, sobre un inmueble Constituido por un Local Comercial, ubicado en la Avenida Guzmán Blanco de la Población de Temblador, distinguido con el Nº 03, del Municipio Libertador del Estado Monagas; según su dicho se había establecido y acordado la vigencia de dicho contrato por seis (06) meses desde el 13 de Diciembre de 2008, hasta el día trece (13) de Junio de 2009, y como canon de arrendamiento la cantidad de QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BS. F. 500, oo). Asimismo, expresa que al vencimiento de el referido contrato, se efectuó su tácita reconducción convirtiéndose en contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, y aunado a ello no para la fecha de la introducción de la demanda la arrendataria adeuda los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses vencidos desde el trece (13) de Mayo de 2010, hasta el 13 de Octubre de 2010, lo que da un total de TRES MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 3.000, oo), razón por la cual acude ante esta autoridad a demandar como en efecto demanda a la ciudadana: ALBA NELLY RAMÍREZ, para que convenga o en defecto de ello sea condenada por este Tribunal al Desalojo del bien inmueble antes descrito, asimismo, solicita sea decretada medida de secuestro sobre el inmueble arrendado.
A los fines de probar lo alegado, la parte actora acompaño a la demanda solo el Contrato de Arrendamiento Privado, suscrito entre las partes contratante.
En tal sentido el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este titulo las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
De acuerdo a dicha normativa, para que resulte procedente en derecho el decreto de alguna medida preventiva, deben concurrir la existencia de dos elementos esenciales, a saber: 1.- La presunción grave del derecho que se reclama, (fumus boni iuris), y 2.- El riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, también conocido como (periculum in mora).
En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil mediante fallo de fecha 27 de Julio del 2004, estableció lo siguiente: “…Es ineludible que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.”
En el caso bajo estudio, considera este Tribunal luego de un análisis ab-inicio y presuntivo efectuado a todas las actas que conforman este expediente, con base a lo alegado por el actor y las pruebas aportadas, que no se cumplen con los extremos de procedibilidad exigidos por el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida preventiva solicitada por la parte actora, sin que esta decisión constituya en ningún sentido pre-juzgamiento sobre el fondo de la controversia. Siendo ello así, SE NIEGA tal pedimento. Y ASÍ SE DECIDE.-
LA JUEZA TITULAR,

ABG. ODIELYS HERDE MARCANO.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. INDIRA RAMNARINE MARVAL.
En esta misma fecha siendo las 10:00 horas de la mañana, se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. INDIRA RAMNARINE MARVAL.


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Exp.3.133-10.-