REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, Diez (10) de Noviembre de dos mil Diez (2010)
200º y 151º
ASUNTO: AP31-M-2010-000211
“VISTOS” CON SUS ANTECEDENTES.
COBRO DE BOLIVARES INTIMACIÓN.-
-I-
-DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS-
De conformidad con lo establecido en el ordinal Segundo (2°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Juzgado a determinar a las partes y sus apoderados judiciales que intervienen en la presente causa, a cuyo efecto dispone:
-PARTE DEMANDANTE: constituida por la Sociedad Mercantil TRANSPORTE GENERAL DE ALIMENTOS C.A., TRANSGEALCA, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 04 de Agosto de 1.992, bajo el N° 67, Tomo 50-A-Pro,. Representada en la causa por los ciudadanos CANELINA DE ANDRADE MADRIZ y CARLOS EDUARDO GARRIDO PEÑA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 77.607 Y 80.560 respectivamente, según se evidencia de instrumento poder otorgados por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao, y Notaría Pública Primera del Municipio Chacao, del Estado Miranda en fechas 23/10/2008 y 25/06/2010, los cuales corren insertos a los folios 4 al 7 y del 33 al 34 del expediente.-
-PARTE DEMANDADA: Constituida por la Sociedad Mercantil ALPIRAGUA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 09 de Noviembre de 2005, bajo el N° 55, Tomo 82-A, en la persona de los ciudadanos INDIRA HAYDEE LEAL ACOSTA y MANUEL EDUARDO PEREZ INDRIAGO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y portadores de las cedulas de identidad Nros. V-6.257.012 y V-16.590.864, respectivamente, en su carácter de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil supra identificada. Sin apoderado judicial constituido en autos.
-III-
-BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES-
Mediante escrito de fecha 10 de MARZO de 2010, la parte actora introdujo libelo de demanda en contra de la Sociedad Mercantil ALPIRAGUA C.A, con motivo de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN). (Folios 2 al 3)
Luego de examinados los pedimentos de la parte actora, éste tribunal admitió la pretensión, por auto de fecha 23 de Abril de 2010, asimismo se ordenó el emplazamiento de la parte demandada para la contestación a la demanda. (Folio 27 al 29).-
En fecha 29 de junio del año 2010, la parte actora solicitó la devolución de las facturas consignada junto con el libelo de la demanda. (folio 31).-
En fecha 12 de Julio de 2010, el Tribunal de oficio acordó abrir Cuaderno de Medidas, folio (37).
En fecha 26 de Octubre, la parte actora, solicitó Audiencia ante el Juez de la causa, lo cual fue acordado por auto de fecha 28 de Octubre de 2010, fijando oportunidad para el día viernes 29 de Octubre de 2010, a las 9:00 a.m.
Por auto de fecha 28 de Octubre de 2010, se negó la devolución de los documentos originales que cursan en el expediente, a los folios 8 y 9, por cuanto no habia fenecido la oportunidad procesal para su tacha y desconocimiento.
-IV-
-MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO-
De conformidad a lo establecido en el ordinal Cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Juzgado a establecer los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamentará su decisión, a cuyo efecto, establece.
-ÚNICO-
-DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA-
Dada la importancia de la administración de justicia y siguiendo la reiterada opinión doctrinaria que advierte la existencia de un modo atípico de extinción de la relación procesal, que deviene de la inactividad de las partes en un lapso establecido taxativamente por la ley; dichas partes han creado una presunción de renuncia a la causa que habían iniciado, obstaculizando con su conducta omisiva el efectivo desarrollo de la actividad judicial ya que impide que el proceso llegue a su natural desenvolvimiento: la sentencia.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la falta de estímulo procesal dado por el desinterés de las partes en accionar, coloca al órgano judicial en una pendencia indefinida a una relación procesal aparentemente paralizada, además de situar al demandado en un estado de indefensión, ya que éste continuará en su calidad de demandado por tiempo indeterminado.
En respuesta de lo anterior nuestros legisladores crearon la institución de LA PERENCIÓN, figura con la cual se busca sancionar la conducta omisiva de las partes y con la correlativa función de cooperar al exigir el efectivo y oportuno actuar de los litigantes.
Por cuanto el desenvolvimiento de un proceso no tiene sentido sin la necesidad de las partes en acudir a los órganos jurisdiccionales para dirimir sus controversias. La Teología del proceso responde a la prosecución de la justicia a través de la elaboración de la sentencia que resuelve el caso planteado. La ausencia del interés de las partes en la obtención del fallo convierte el proceso en una sujeción injustificada de fases. En éste sentido la Doctrina procesalista fundamenta la figura de la perención de la instancia consagrada en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:
ARTICULO 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
En el caso de autos observa este Tribunal que la presente demanda se admitió en fecha 23 de Abril de 2010.
En este orden de ideas nuestro máximo Tribunal en sentencia Nro. RC-00537, emanada de la Sala de Casación Civil, en fecha 06 de julio de 2.004, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, señaló lo siguiente:
“…(Sic)… Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece.-“ Fin de la cita textual.
Sentado todo lo anterior y teniendo como premisa principal que desde la fecha 23 de Abril de 2010, concerniente a la admisión de la demanda, hasta el 29 de Junio de 2010, fecha en la cual la parte actora solicitó la devolución de las factura originales, transcurrió un lapso superior a treinta días (30) sin que la demandante hubiese dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley impone, es decir, proporcionarle al ciudadano alguacil los emolumentos y suministro de dirección necesarios para el logro de la citación de la misma, por lo que es concluyente para éste Juzgado declarar consumada la Perención Breve de la Instancia en los términos dispuestos en el ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil tal y como será determinado en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide:
-V-
-DISPOSITIVA-
En virtud de los fundamentos que precedentemente se han expuesto, éste Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE:
-PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA en la presente causa que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) incoara la Sociedad Mercantil TRANSPORTE GENERAL DE ALIMENTOS C.A., TRANSGEALCA., en contra de la Sociedad Mercantil ALPIRAGUA C.A., plenamente identificada en el presente fallo.
-SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem.
-TERCERO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
-CUARTO: Déjese copia certificada de la presenta decisión en el Copiador de Sentencias de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
-PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de éste JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los Diez (10) días del mes de Noviembre del año DOS MIL DIEZ (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ
NELSON GUTIERREZ CORNEJO.
LA SECRETARIA
ABG. ERICA CENTANNI SALVATORE
En la misma fecha, siendo las DOS Y DIECIOCHO MINUTOS DE LA TARDE (2:18 P.M.), se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA
ABG. ERICA CENTANNI SALVATORE
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