República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas
PARTE ACTORA: Lenovo (Venezuela ) S.A., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 25.04.2005, bajo el Nº 10, Tomo 33-A-Cto., y reformados íntegramente sus estatutos sociales, según consta en el acta de asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 21.06.2005, inscrita ante la prenombrada Oficina de Registro Mercantil, en fecha 23.06.2005, bajo el Nº 49, Tomo 55-A-Cto.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Marcel Ignacio Imery Viney, Pedro Urdaneta Benítez, Gabriel Ernesto Calleja Angulo, Jean Baptista Itriago Galletti, José Faustino Flamarique Riera, Pedro Alberto Jedlicka, Francisco Guerrero, Aristóteles Tiniacos Álvarez, Vanessa Annese, Alfonso Seva Moscat, Karen Perdomo, Jordy Moncada, Bárbara González, María González, María del Carmen Diez, Héctor Sarcos, Beatriz Rivero Leza, José Manuel Parilli, William Branz, Wilder Márquez, Daniela B. Cortesía, Manuel Tirado y Luis Augusto Azuaje Gómez, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.916.224, 11.227.370, 9.959.820, 11.225.779, 6.900.961, 10.803.422, 14.049.247, 13.943.155, 14.892.503, 14.960.633, 15.342.302, 16.970.593, 14.453.326, 17.384.449, 15.396.291, 16.813.854, 16.881.761, 16.248.430, 17.302.608, 19.200.639, 17.981.814 y 14.730.410, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 42.020, 57.992, 54.142, 58.350, 66.226, 64.391, 96.863, 92.285, 124.064, 121.388, 130.221, 130.097, 108.180, 130.957, 130.530, 127.828, 134.650, 121.387, 145.571, 145.585, 145.570 y 119.056, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Representaciones Multilaterales LAM C.A., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16.12.2003, bajo el Nº 73, Tomo A-182.
MOTIVO: Cobro de Bolívares (vía Intimatoria).
Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto al desistimiento del procedimiento que efectuase en fecha 25.11.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, sociedad mercantil Lenovo (Venezuela ) S.A., por lo cual se hacen las observaciones siguientes:
- I -
ANTECEDENTES
En el juicio principal, acontecieron los eventos procesales siguientes:
El presente procedimiento se inició mediante escrito presentado en fecha 26.05.2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de distribuidor, quién luego de verificar el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió su conocimiento a este Tribunal.
A continuación, el día 01.06.2010, se admitió la demanda interpuesta por los trámites del procedimiento intimatorio, ordenándose la intimación de la parte demandada, a fin de que pagase, acreditase el pago o formulase oposición en contra de las cantidades reclamadas, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la intimación, durante las horas destinadas para despachar.
Luego, el día 21.06.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, consignó las copias fotostáticas requeridas para la elaboración de las copias certificadas que se anexarían a la boleta de intimación, así como para abrir el cuaderno de medidas. En esa misma oportunidad, el alguacil dejó constancia de haber sido provisto por la parte actora de los recursos necesarios para llevar a cabo la práctica de la intimación de la parte demandada.
Después, en fecha 01.07.2010, se dejó constancia por Secretaría de haberse librado boleta de intimación y copias certificadas, así como de haberse abierto el cuaderno de medidas.
De seguida, el día 30.09.2010, el alguacil informó acerca de la infructuosidad en la práctica de la intimación personal de la parte demandada.
Por consiguiente, en fecha 05.10.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, solicitó la intimación de la parte demandada a través de cartel, lo cual fue acordado mediante auto dictado el día 07.10.2010, librándose, a tal efecto, cartel de intimación.
Acto seguido, en fecha 14.10.2010, el abogado José Manuel Parilli Villasmil, dejó constancia de haber retirado el cartel de intimación para su publicación.
Luego, el día 25.11.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, mediante diligencia desistió del procedimiento.
En el cuaderno de medidas, se llevaron a acabo las actuaciones siguientes:
En fecha 01.07.2010, se abrió cuaderno de medidas.
Acto seguido, el día 15.07.2010, se decretó medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada.
Después, en fecha 29.07.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, dejó constancia de haber retirado el despacho librado con ocasión a la práctica de la medida decretada.
- II -
DEL DESISTIMIENTO
En la diligencia presentada en fecha 25.11.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Lenovo (Venezuela) S.A., desistió del procedimiento de la manera que ad pedden litterae, se señala a continuación:
“…En horas de despacho del día de hoy 25 de noviembre de 2010, comparece ante este Juzgado la abogada Daniela B. Cortesía H., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.200.639, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el N° 145.585, quien actuando en su carácter de Apoderada Judicial de Lenovo (Venezuela) S.A., parte actora en el presente juicio, y expone: De conformidad con el artículo 265 de Código de Procedimiento Civil y en representación de Lenovo (Venezuela) S.A., parte actora en el presente juicio, desisto del presente procedimiento más no de la acción…”.
- III -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Planteada en estos términos la presente causa, procede este Tribunal a pronunciarse respecto al desistimiento del procedimiento efectuado por la representación judicial de la accionante, con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación:
El proceso ha sido concebido constitucionalmente como el instrumento fundamental para la realización de la justicia, cuyas leyes atinentes a su aplicación establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. En este sentido, en el transcurrir del proceso acaecen dos fases fácilmente diferenciadas entre sí, estas son, la cognoscitiva, la cual comienza con la admisión de la demanda, puesto que el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, hasta la sentencia que resuelva la controversia; y la ejecutiva, que tiende a garantizar el cumplimiento voluntario o forzoso de lo dispuesto en la sentencia definitivamente firme.
Cabe destacar, si bien la fase cognoscitiva del proceso concluye generalmente por la sentencia definitiva, también puede terminar anormalmente mediante actos de auto-composición procesal, estos son, las voluntades unilaterales o bilaterales de las partes que la ley atribuye eficacia de cosa juzgada luego que queda definitivamente la homologación del Tribunal, siempre y cuando no traten de materias en las que estén prohibidas las transacciones, entre las que se encuentran el convenimiento, el desistimiento, la conciliación y la transacción.
El convenimiento, constituye la manifestación unilateral del demandado de allanarse a los términos en que fue planteada la demanda, expresada en la contestación de la demanda, sin que ello implique a que pueda hacerlo con posterioridad, pero antes de la sentencia definitiva. Por su parte, el desistimiento, es la manifestación unilateral del actor de renunciar al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso de efectuarse luego de la contestación de la demanda, requiere para su validez del consentimiento de la parte demandada. Por otro lado, la conciliación, implica el acuerdo de voluntades tomado por las partes en un acto excitado previamente por el juez, mientras que la transacción constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente. El denominador común de los actos de auto-composición procesal es que ponen fin al proceso y tienen entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.
En tal sentido, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Artículo 263.- En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella.
El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal”. (Subrayado y Negrillas del Tribunal)
Por su parte, el artículo 265 ejúsdem, dispone:
“Artículo 265.- El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria”. (Subrayado y Negrillas del Tribunal)
En atención de las anteriores disposiciones jurídicas, el desistimiento constituye la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria (ex artículo 263 del Código de Procedimiento Civil), lo que trae como consecuencia que se configure el “desistimiento de la acción o de la demanda”.
Sin embargo, la ley también consagra otra forma anormal de terminación del proceso que se configura al igual que la anterior, pero sus efectos jurídicos sólo afectan al trámite procedimental que se ha instaurado, a los fines del reconocimiento por parte del órgano jurisdiccional de la pretensión deducida por el actor en su escrito de demanda, la cual es denominada “desistimiento del procedimiento”, que sólo extingue la instancia, pero si es efectuado luego de la contestación de la demanda, requerirá del consentimiento de la parte demandada (ex artículo 265 ejúsdem).
A mayor abundamiento, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 559, dictada en fecha 27.07.2006, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, expediente Nº 05-751, caso: Dulce María García de Ponte contra José Igor Ponte Escobar, puntualizó lo siguiente:
“…El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto.
En este sentido, existen dos clases de desistimiento, el de la instancia o procedimiento y, el de la acción, el primero se refiere a la actuación voluntaria expresada por el demandante ante el juez, con la finalidad de abandonar el procedimiento empezado, dando lugar a su extinción; el segundo, el desistimiento de la acción, comporta la renuncia por parte del actor del derecho material del que está investido para postular la pretensión, produce efectos en la relación jurídico sustancial, tiene efectos preclusivos y deja extinguida las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada.
Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones de procedencia, que si bien no todas aparecen definidas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia y de ésta se desprende que el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.
Así, se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Al mismo tiempo, se exige a la parte capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones.
Si bien es cierto, que el desistimiento es ‘la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso’ (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y ‘el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento’ (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere, en caso de apoderado, de mandato en el cual se contemple expresamente esa facultad…”. (Subrayado y Negrillas del Tribunal)
En atención de lo anterior, juzga este Tribunal que para desistir de la demanda se requiere de la capacidad necesaria para disponer del objeto sobre el que versa la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que al verificarse que la abogada Daniela B. Cortesía, posee la requerida facultad expresa para desistir en representación de la sociedad mercantil Lenovo (Venezuela) S.A., conforme se desprende de la lectura del instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 02.06.2010, bajo el N° 16, Tomo 105, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, habiéndose corroborado además que la pretensión contenida en la demanda no versa sobre materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, aunado a que aún no se ha llevado a cabo la contestación de la demanda, es por lo que resulta impretermitible para este órgano jurisdiccional impartir la homologación al desistimiento propuesto. Así se declara.
- IV -
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADO el desistimiento del procedimiento que efectuase en fecha 25.11.2010, la abogada Daniela B. Cortesía, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Lenovo (Venezuela) S.A., en la pretensión de Cobro de Bolívares (vía Intimatoria), deducida en contra de la sociedad mercantil Representaciones Multilaterales LAM C.A., en razón de lo cual procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas, dada la falta de contención en la presente causa.
Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil diez (2.010).- Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
El Juez Titular,
César Luis González Prato
La Secretaria Accidental,
Xiomara Margarita García Delgado
En esta misma fecha, se registró, publicó y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las doce y cuarenta de la tarde (12:40 p.m.).
La Secretaria Accidental,
Xiomara Margarita García Delgado
CLGP.-
Exp. Nº AP31-M-2010-000475
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