REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 04 de octubre de 2010 200º y 151º EXPEDIENTE Nº 47087-08 DEMANDANTE: BANCO PROVICIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil con domicilio en Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 5 de diciembre de 2005, bajo el N° 30, Tomo 179-A Pro., representada por su vicepresidente ciudadana AURA KARINA KOISTER, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-3.564.434, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 7.799.- DEMANDADO: NILSON JOSE LAREZ CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-9.657.216. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA Se inició el presente juicio cuando en fecha “03 de julio de 2008”, el abogado LEONCIO PABLO LANDAEZ ARCAYA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 102.460, en su carácter de apoderado judicial del BANCO PROVICIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil con domicilio en Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 5 de diciembre de 2005, bajo el N° 30, Tomo 179-A Pro., representada por su vicepresidente ciudadana AURA KARINA KOISTER, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-3.564.434, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 7.799, interpuso demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, contra el ciudadano NILSON JOSE LAREZ CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.657.216. Por auto de fecha 10 de julio de 2006, se admitió y se ordeno la comparecencia de la parte demandada. Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes, de manera que conforme a la disposición mencionada, la perención, constituye la extinción o la anulación del procedimiento por falta de impulso procesal, cuyo objeto más resaltante es el de evitar que los procesos se prolonguen de manera indefinida, así como dar seguridad a la parte demandada de que tal situación no es legalmente posible, llevando a la esfera de los derechos privados un imprescindible margen de seguridad y estabilidad. Significa entonces, que según la Ley vigente LA PERENCION se verifica de pleno derecho, entendiéndose por instancia susceptible de perención todos y cada uno de los actos del procedimiento, desde el líbelo de la demanda hasta vista la causa. En este sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 12 de Junio de 2003, acotó lo siguiente: “...Nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil (sustituido por el artículo 269), se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aun con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer….” Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo desde el día “25 de febrero de 2009”, y la parte actora no realizó actuación alguna para impulsar la citación personal en el proceso, habiendo transcurrido desde entonces Un (01) año, Siete (07) meses y Nueve (09) días de inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado, así se decide. Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO fue instaurado por BANCO PROVICIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL contra NILSON JOSE LAREZ CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-9.657.216. Notifíquese a la parte actora. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. LA JUEZA PROVISORIA DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ. EL SECRETARIO, ABOG. PEDRO CASTILLO. En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 9:00 a.m.- EL SECRETARIO, LMGM/joel.- Exp. Nº 47087-08.-