REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN CAGUA
200° y 151°
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE N° 08-15478
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO
PARTE DEMANDANTE: ANGEL ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.159.952.
APODERADA JUDICIAL: TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado bajo el Nº 38.570.
PARTE DEMANDADA: ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, Española, mayor de edad, titular del DNI-NIF 42168175-K.
-I-
En fecha 12 de Diciembre de 2008, se recibió demanda presentada por el ciudadano ANGEL ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.159.952, asistido por la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado bajo el Nº 38.570, contra su cónyuge, ciudadana: ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, Española, mayor de edad, titular del DNI-NIF 42168175-K; mediante la cual alega que contrajo matrimonio con la mencionada ciudadana, en fecha 20 de Febrero de 1981, por ante el Registro Civil de Punta-Gorda, Islas Canarias, España, quedando asentado en los libros respectivos de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese Registro durante el año 1981, bajo el N° 7, y se encuentra inserta ante el Registro Civil del Villa de Cura, Municipio Zamora del Estado Aragua, quedando inserta en los libros respectivos de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese Registro durante el año 1994, bajo el N° 37, que desde el 06 de Septiembre de 1998, la cónyuge procedió a abandonar el hogar voluntariamente, por lo que fundamenta su acción en las causal Segunda del artículo 185 del Código Civil Venezolano.
Se le dio entrada en fecha 12 de Enero de 2009, y se insto a la parte Actora a que consignara en original o copia debidamente certifica del Acta de Matrimonio, a los fines de proveer de su admisión.
En fecha 26 de Enero de 2009, compareció por ante este Tribunal el ciudadano ANGEL ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ, plenamente identificado en autos, asistido por la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, y confirió por especial APUD-ACTA, a la mencionada profesional del Derecho. Asimismo consigno Copia Certificada del Acta de Matrimonio.
Admitida la demanda en fecha 03 de Marzo de 2009, se ordenó la práctica de la citación personal de la demandada ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, así como la notificación del Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
En fecha 09 de Marzo de 2009, el Alguacil titular de este despacho consigno Boleta de Notificación debidamente firmada por la Fiscalia Superior del Ministerio Publico de la circunscripción Judicial del Estado Aragua.
En fecha 23 de Marzo 2009, el Alguacil titular de este despacho consigno compulsa de citación correspondiente a la ciudadana ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, donde expuso que no practico la citación ordenada en virtud de no localizar a la prenombrada ciudadana.
En fecha 25 de Marzo 2009, mediante diligencia la TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte Actora, solicito la citación por carteles de la parte demandada, Siendo acordada por este Tribunal en fecha 01 de Abril de 2009.
En fecha 06 de Marzo de 2009, comparece la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apodera Judicial de la parte Actora, y consigna ejemplares de los diarios El Aragüeño y El Periodiquito, donde aparecen publicados los carteles de citación de la demandada de autos, para su desglose. Siendo desglosados y agregados mediante auto de esa misma fecha.
Mediante diligencia de fecha 03 de Junio de 2009, suscrita por el secretario de este Juzgado Abogado Camilo Chacón Herrera, se da cumplimiento a todas las formalidades establecidas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, para la citación de la ciudadana ANA LUISA RODRÍGUEZ PÉREZ.
Mediante diligencia de fecha 15 de Julio de 2009, suscrita por la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte Actora, pide al Tribunal se le nombre defensor judicial a la parte demandada, siendo acordado mediante auto de fecha 16 de Julio de 2009.
En fecha 05 de Agosto de 2009, el Alguacil titular de este despacho consigno compulsa de citación correspondiente al Defensor Judicial, debidamente firmada por el profesional del derecho MARCOS DUQUE.
En fecha 07 de Agosto de 2009, comparece el Abogado MARCOS DUQUE, Inpreabogado N° 107.873, en su carácter de Defensor Judicial de la ciudadana ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, y acepta el cargo conferido, jurando cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes a dicho cargo.
Siendo la oportunidad para el Primer Acto Conciliatorio, en fecha 26 de Octubre de 2009, se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano ANGEL ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ, debidamente asistido por la TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, quien insistió en continuar con la presente demanda. Así mismo se dejó constancia de la comparecencia del Abogado MARCOS DUQUE, Inpreabogado N° 107.873, en su carácter de Defensor Judicial de la Parte Demandada, igualmente se dejó constancia que el Fiscal Noveno del Ministerio Público no compareció.
En fecha 03 de Marzo de 2010, este Tribunal ordeno la reanudación del presente procedimiento en la etapa procesal correspondiente, para lo cual se hace necesario conforme las previsiones del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, ordenar la notificación de las partes para que transcurrido como sean diez días de Despacho siguiente a la práctica de la última de las notificaciones, ésta se reanudara.
Mediante diligencia de fecha 04 de Marzo de 2010, suscrita por el Abogado MARCOS DUQUE, Inpreabogado N° 107.873, en su carácter de Defensor Judicial de la parte demandada, se dio por notificado del auto dictado en fecha 03 de Marzo de 2010.
Mediante diligencia de fecha 09 de Marzo de 2010, suscrita por la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte Actora, se dio por notificada del auto dictado en fecha 03 de Marzo de 2010.
Este Tribunal mediante auto de fecha 25 de Marzo de 2010, reanudo la causa en el Séptimo día continuo de los cuarenta y cinco días fijados en el auto de admisión, para que se de la celebración del Segundo Acto Conciliatorio.
En fecha 03 de Mayo de 2010, tuvo lugar el Segundo Acto Conciliatorio, dejándose constancia de la comparecencia de la parte Actora, asistido de Abogado quien ratifico e insistió en la demanda, y de la no comparecencia de la parte demandada ni de su Defensor Judicial, asimismo se constancia de la no comparecencia del Fiscal Superior del Ministerio Publico. En este mismo acto, este Juzgado fijó el Quinto (5to) día de despacho siguiente a éste, para la Contestación.
Siendo la oportunidad fijada para la contestación, en fecha 10 de Mayo de 2010, diligenció la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte Actora, quien insistió en continuar con la presente demanda.
En fecha 11 de Mayo de 2010, compareció por ante este Tribunal la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte Actora, e insistió en continuar con la demanda.
En fecha 17 de Mayo de 2010, compareció el Abogado MARCOS DUQUE, Inpreabogado N° 107.873, en su carácter de Defensor Judicial de la parte demandada, quien consigno escrito de promoción de pruebas.
En fecha 21 de Mayo de 2010, compareció la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte Actora, consigno escrito de promoción de pruebas.
En fecha 03 de Junio de 2010, se agregaron a los autos los escritos de promoción de pruebas promovidos por las partes.
En fecha 10 de Junio de 2010, son Admitidos los escritos de promoción de pruebas presentados por las partes. Comisionando amplia y suficientemente al Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para la evacuación de las testimoniales promovidas, se libro oficio N° 10-0473.
En fecha 22 de Junio de 2010, el Alguacil titular de este despacho consigno oficio N° 10-0473, debidamente firmado como lo indica el sello húmedo de recibido del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
En fecha 16 de Julio de 2010, este Tribunal ordeno agregar a los autos comisión emanada del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, recibido por ante este Tribunal en fecha 12 de Julio de 2010, constante de Diez folios útiles.
En fecha 21 de Septiembre de 2010, compareció por ante este Tribunal la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado N° 38.570, en sus carácter de Apodera Judicial de la Parte Actora y consigno Informes.
En fecha 06 de Octubre de 2010, vencido el lapso para que las partes presenten informes, este Tribunal dice Vistos y la causa entra en términos de dictar Sentencia.
-II-
Llegada la oportunidad para decidir este Juzgador observa a las partes en la presente Causa, por considerarlo necesario, las normas generales y especiales procesales, ha aplicar, de la siguiente manera:
PRIMERO: La litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.
Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente esta sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.
Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por este Juzgador y es tenido en cuenta para esta Decisión, por lo cual la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos, es decir, lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso, y ello implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Así pues el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda. Recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que infine redundaría en el propio beneficio de ellas.
TERCERO: Las alegaciones deben ser efectuadas circunstancialmente, las partes al hacerlo deben explanar las circunstancias de tiempo, lugar y modo atinente a los hechos, pues el mundo del proceso es reconstructivo y en consecuencia, en la demanda y en la contestación se deben indicar todas aquellas alegaciones que luego en las oportunidades probatorias, legalmente establecidas al efecto, deberán evidenciar para llevar a la intima convicción al Juzgador de su concurrencia. En consecuencia, aquellas alegaciones que en sus oportunidades procesales se realicen en forma genérica, sin indicar el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, no podrán ser objeto de Pruebas, ya que atentaría contra el derecho al debido proceso en el cual esta implícito el derecho a la defensa y en amparo de estos derechos, no serán apreciadas a favor ni en contra de ninguna de las partes, pues al ser derechos constitucionales son de orden público, a pesar de que por el principio de exhaustividad de la Sentencia, deban analizarse y juzgarse.
CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, reguladores de la carga de la prueba, corresponde al que afirma hechos, el demostrarlos. Solamente los hechos negativos absolutos quedan exceptuados de su prueba, por parte de quien niega, por distribución de la carga probatoria y los hechos notorios. Así los hechos controvertidos deben ser objeto de las probanzas y estos son aquellos en los que las partes no están contestes.
QUINTO: El Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, implica que toda aquella prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido.
SEXTO: La apreciación de las pruebas se hace conforme a la regla de la Sana Crítica, salvo aquellas en que la misma tenga alguna regla de valoración especial expresamente establecida en la Ley, tal como ocurre en el caso de documentos públicos y en el de la confesión judicial y extrajudicial.
SÉPTIMO: El pago de las costas de un proceso incluye, los costos del juicio y honorarios del Abogado. Las costas procesales son un efecto del proceso, dependiendo su condena del vencimiento total en un juicio o en una incidencia en el mismo. Y así se aclara.-
Observadas las reglas procesales que se aplican en la presente causa, se pasa a decidir de la siguiente manera:
-III-
DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS
Del análisis del libelo de demanda, se concluye que la pretensión de la parte actora es la disolución del vínculo conyugal, con motivo del abandono del hogar conyugal por parte de la demandada, por lo cual lo demanda con fundamento a lo establecido en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil. De tal análisis se observa claramente que la actora manifiesta que la ciudadana: ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, tomó toda su ropa y se fue del hogar conyugal, y que desde el día del abandono voluntario del hogar hasta la presente fecha no ha regresado.
El demandante consigna y cursa a los folios 8, Acta de Matrimonio Nº 37, expedida por el Registro Civil de Villa de Cura, Municipio Zamora, Estado Aragua, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que al ciudadana: ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, contrajo matrimonio civil con el ciudadano: ARNEGL ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ, en fecha 20 de FEBRERO de 1981. Y así se valora y aprecia.
Cursa a los folios 58 y 59 declaración de las testigos QUINTANA CABALLERO ARELIS JOSEFINA y YEXSENIA CORDERO LEÓN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-10.344.118 y V-15.037.852 respectivamente, promovidas por la parte actora, a las cuales de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor a la declaración de dichos testigos por cuanto no existe contradicción en sus dichos y fueron sometidos al control de la prueba quedando contestes en los hechos siguientes: que conocen de vista, trato y comunicación desde hace veinte años al ciudadano ANGEL ARMANDO ACOSTA RODRÍGUEZ; que conocen de vista, trato y comunicación desde hace veinte años a la ciudadana ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ; les consta que la ciudadana ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ desde hace diez años dejo de cumplir con sus obligaciones inherentes al matrimonio; les consta que des hace diez años la ciudadana ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ en forma espontánea y sin motivo alguno, abandonó el hogar.
Consecuentemente el Defensor Judicial de la parte demandada no probó nada que le favoreciera, ni trajo a los autos elementos que pudieran desvirtuar lo alegado por la parte actora, toda vez que manifiesta que fue imposible localizar a la ciudadana ANA LUÍS RODRIGUEZ PEREZ.
Con lo expuesto anteriormente, relativo a la pretensión de divorcio ordinario y comprobado como han sido los hechos alegados por el demandante con las declaraciones de las testigos promovidas quienes fueron contestes al declarar que efectivamente la Parte Demandada abandono de forma voluntaria el hogar, supuesto de hecho este que encuadra perfectamente en el contenido del dispositivo establecido en el artículo 185 Ordinal 2° del Código Civil, el cual reza: “Son causales únicas de divorcio: …2° El abandono voluntario”. En consecuencia resulta forzoso para este juzgador declarar la procedencia de la demanda planteada, tras la aplicación de un simple silogismo. Y así se declara.-
IV
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Divorcio Ordinario, fundada en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, interpuesta por el ciudadano ANGEL ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.159.952, asistido por la Abogada TAMARA JOSEFINA SANTANA BUSTAMANTE, Inpreabogado bajo el Nº 38.570, contra su cónyuge, ciudadana: ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ, Española, mayor de edad, titular del DNI-NIF 42168175-K, en consecuencia DISUELTO el Vínculo Conyugal contraído en fecha 20 de Febrero de 1981, por ante el Registro Civil de Punta-Gorda, Islas Canarias, España, quedando asentado en los libros respectivos de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese Registro durante el año 1981, bajo el N° 7, y se encuentra inserta ante el Registro Civil del Villa de Cura, Municipio Zamora del Estado Aragua, quedando inserta en los libros respectivos de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese Registro durante el año 1994, bajo el N° 37. SEGUNDO: Igualmente se deja constancia que no adquirieron bienes conyugales que liquidar. TERCERO: Por haber resultado totalmente vencida, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada.-
Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los 18 días del mes de Octubre de 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Regístrese y Publíquese.-
EL JUEZ,
EL SECRETARIO,
ABG. EULOGIO PAREDES TARAZONA
ABG. CAMILO E. CHACÓN HERRERA
En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 10:30 a.m.-
EL SECRETARIO,
ABG. CAMILO E. CHACÓN HERRERA
Exp. 08-15478
EPT/cechh/dc.-
DIARIZADO
N° -31-
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