Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas Caracas, 29 de septiembre de 2010 200º y 151º SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 85 /2010 Asunto Nuevo: AF47-U-1999-000095 Asunto Antiguo: 1247 En fecha 04 de marzo de 1999, el ciudadano Rafael E. Paraco, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 3.440.177, actuando en su carácter de representante legal de la recurrente INVESTORS, S.A., R.I.F. J-30221194-8, debidamente asistido por la abogada Sixta Vicsoridia Roca Gil, titular de cedula de identidad Nº 5.992.081, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.483, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente antes mencionada, interpuso recurso contencioso tributario, contra la Resolución N° RNO/DF/98-505704 de fecha 12 de agosto de 1998, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la planilla de liquidación Nº 07-07-10-2-65-005176 de fecha 20 de noviembre de 1998, por la cantidad total de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 968.243,00), por concepto de impuesto, multa e intereses. El 14 de mayo de 1999, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 20 de mayo de 1999, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 1247, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador, Contralor General de la República, a la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT y a la contribuyente INVESTORS, S.A. Así mismo, se comisionó al ciudadano Juez del Juzgado del Municipio Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a fin de que practique la notificación de la mencionada recurrente. Así, el Contralor General de la República, la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT y la Procuradora General de la República fueron notificados en fechas 19/08/1999, 21/09/09/ y 11/10/1999, respectivamente, siendo consignadas todas las boletas en fecha 13/10/1999. En fecha 14 de enero de 2000, este Tribunal dictó auto agregando la diligencia presentada en fecha 10 de enero de 2000, por el abogado Rafael Bemergui H. actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, mediante la cual solicitó a este órgano jurisdiccional se oficie al juzgado comisionado a fin de que devuelva la comisión que le fue conferida e informe sobre las resultas. Así mismo, este Tribunal libró oficio Nº 21/2000, al Juez del Juzgado de Municipio Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, recabando la comisión. Se observa que en fecha 31 de marzo de 2000, se recibió la comisión de oficio Nº 2050-136, de fecha 22 de febrero de 2000, del Juzgado del Municipio Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, dejando constancia que fue remitido en el estado en que se encuentra dicha comisión. En fecha 02 de mayo de 2000, se dictó auto fijando cartel a las puertas del tribunal de la entrada del presente recurso contencioso tributario. Así, a través de Sentencia Interlocutoria N° 87/2000 de fecha 31 de mayo de 2000, este Tribunal admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente. Mediante auto de fecha 22 de junio de 2000 se declara la causa abierta a pruebas y en fecha 19 de septiembre de 2000, se dictó auto dejando constancia que ninguna de las partes presentaron escritos de pruebas, fijándose un lapso de quince (15) días de despacho para que tenga lugar el acto de informes. Se observa que en fecha 13 de octubre de 2000, el abogado Leonardo Canache Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.574, actuando en su carácter de representación del Fisco Nacional, consigno escritos de informes. En fecha 16 de octubre de 2000, se dictó auto dejando constancia que una sola parte concurrió a dicho acto de Informes por lo que este Tribunal dijo “VISTOS”. En fecha 01 de noviembre de 2000, este órgano jurisdiccional dictó auto dejando constancia que ninguna de las partes concurrió al acto para presentar las observaciones a los informes. El 25 de julio de 2001, este Tribunal dictó auto agregando expediente administrativo presentado en fecha 18 de octubre de 2001, por la abogada Maria Flor Sequera, actuando en carácter de representante del Fisco Nacional. Luego mediante diligencia de fecha 18 de octubre de 2006, la abogada Norelis Cárdenas, inscrita en el Instituto de Previsición Social del Abogado bajo el Nº 99.900, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, solicitó a este Tribunal se dicte sentencia en la presente causa. El 17 de septiembre de 2010, este Tribunal con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa. I MOTIVACIONES PARA DECIDIR Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente INVESTORS, S.A., contra la Resolución N° RNO/DF/98-505704 de fecha 12 de agosto de 1998, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); no obstante, se observa que este Tribunal dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 16 de octubre de 2000, tal y como consta en el folio 88 del expediente judicial, y que hasta el día 18 de octubre de 2006, fecha en la cual la abogada Norelis Cárdenas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 99.900, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, solicitó a este Tribunal se dicte sentencia en la presente causa, no se produjo ninguna actuación de las partes. En relación a lo anteriormente expuesto, resulta oportuno transcribir la sentencia N° 416, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en la cual se estableció lo siguiente: “…El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal). De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o, ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”. Siendo así, en el presente caso se observa que esta juzgadora dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 16 de octubre de 2000 (folio 88 del expediente judicial) y hasta el día 18 de octubre de 2006, fecha en la cual donde la abogada Norelis Cárdenas, inscrita en el Instituto de Previsición Social del Abogado bajo el Nº 99.900, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, solicitó a este Tribunal se dicte sentencia en la presente causa, no consta ninguna actuación de las partes, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por cuatro (04) años y diez (10) meses, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa. No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, dejó sentado que “… el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos…” En consecuencia, este Tribunal ordena la notificación personal de la contribuyente INVESTORS, S.A., para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la consignación en autos de la boleta de notificación, manifieste su interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, en el supuesto de que no pueda practicarse la notificación personal de la contribuyente de autos, se procederá a fijar un Cartel a las Puertas del Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 264 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 174 y 340 ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que transcurridos diez (10) días de despacho desde su fijación se tendrá por notificada y comenzará a correr el lapso de treinta (30) días continuos para que la empresa accionante manifieste si mantiene el interés en que se decida la presente causa, vencido los cuales sin que exista tal pronunciamiento, este Tribunal considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 740 de fecha 19 de junio de 2008, Caso: EMPRESA TOSCANY, C.A., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE). II DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la contribuyente INVESTORS, S.A., para que exponga, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos contados desde que se evidencie en autos la constancia de haberse practicado su notificación, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa, vencido los cuales sin que haya respuesta de la recurrente, este Tribunal declarará extinguida la presente causa de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Jueza Suplente, Lilia María Casado Balbás El Secretario José Luís Gómez Rodríguez Asunto Nuevo: AF47-U-1999-000095 Asunto Antiguo: 1247 LMCB/JLGR/JP.