Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintinueve (29) de septiembre de dos mil diez (2010) 200º y 151º SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 83/2010 Asunto Nuevo: AF47-U-1999-000118 Asunto Antiguo: 1217 En fecha 17 de marzo de 1999, los abogados Leonardo Palacios Marquez y Oscar Morean Ruiz, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros 5.530.995 y 11.990.108, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 22.646 y 68.026, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente INVERSIONES DYONA, S.A., sociedad mercantil (anteriormente denominada CORPORACIÓN VATHYX-44, C.A.), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de diciembre de 1988, bajo el N° 09, Tomo 89 A-Sgdo, cuyo cambio de denominación consta en la Oficina de Registro en fecha 18 de diciembre de 1990, bajo el N° 43, Tomo 107-Sgdo; representación acreditada mediante instrumento poder que cursa en autos, interpuso recurso contencioso tributario, contra la Resolución N° 2678-98 de fecha 20 de octubre de 1998, notificada en fecha 10 de febrero de 1999, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Libertador y el Acta de Fiscal Nº DA-362-98 de fecha 14 de febrero de 1998, la cual deberá pagar TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 13.794.951,00), por concepto de impuesto causados y no pagados al Fisco Municipal. El 22 de marzo de 1999, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 25 de marzo de 1999, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 1217, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador, Contralor General de la República a la Alcaldía del Municipio Libertador y al Síndico Procurador de la referida Alcaldía. Así, los ciudadanos Procurador y Contralor General de la República fueron notificados el 22 de abril de 1999, la Alcaldía del Municipio Libertador y el Sindico Procurador de la referida Alcaldía fueron notificados en fecha 29 de abril de 1999, siendo consignadas todas las boletas el 29 de abril de 1999. Así, a través de Sentencia Interlocutoria N° 57/1999 de fecha 13 de mayo de 1999, este Tribunal admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente. Mediante auto de fecha 03 de junio de 1999, se declara la causa abierta a pruebas y en fecha 25 de junio de 1999, se dictó auto agregando el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 08 de junio de 1999, por la ciudadana Mercedes Millan, actuando en su carácter de apoderada judicial del Municipio Libertador En fecha 06 de julio de 1999, se dictó auto admitiendo las pruebas promovidas, presentadas por la representación de la Alcaldía del Municipio Libertador. Se observa que en fecha 23 de julio de 1999, se dictó auto agregando el expediente administrativo y la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, correspondiente a la recurrente INVERSIONES DYONA, S.A., consignados por la abogada Mercedes Millan, actuando en carácter de apodera judicial del Municipio Libertador. En fecha 10 de agosto de 1999, se dictó auto fijando un lapso de quince (15) días de despacho para que tenga lugar el acto de informes. En fecha 15 de octubre de 1999, se dictó auto dejando constancia que ambas de las partes concurrieron al acto de Informes por lo que este Tribunal dijo “VISTOS”. En fecha 08 de marzo de 2004, este Tribunal dictó auto agregando la diligencia presentada en fecha 15 de noviembre de 2000, por el abogado Rodolfo Plaz Abreu, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.453, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente INVERSIONES DYONA, S.A., solicitando se dicte sentencia en la presente causa. El 19 de noviembre de 1999, la abogada Yasminy Rodríguez Campos, tomó posesión del Cargo de Jueza Temporal y con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa. El 17 de septiembre de 2010, este Tribunal con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa. I MOTIVACIONES PARA DECIDIR Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente INVERSIONES DYONA, S.A, contra la Resolución N° 2678-98 de fecha 20 de octubre de 1998, notificada en fecha 10 de febrero de 1999, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Libertador; no obstante, se observa que este Tribunal dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 15 de octubre de 1999, tal y como consta en el folio 223 del expediente judicial. Ahora bien desde el día 10 de noviembre de 2004, fecha en la cual el apoderado judicial de la recurrente INVERSIONES DYONA, S.A., solicitó a este Tribunal copia simple del documento poder, hasta el 17 de septiembre de 2010, no se produjo ninguna actuación de las partes. En relación a lo anteriormente expuesto, resulta oportuno transcribir la sentencia N° 416, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en la cual se estableció lo siguiente: “…El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal). De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o, ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”. Siendo así, en el presente caso se observa que esta juzgadora dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 15 de octubre de 1999 (folio 223 del expediente judicial). Ahora bien desde el día 10 de noviembre de 2004, fecha en la cual el apoderado judicial de la recurrente INVERSIONES DYONA, S.A., solicitó a este Tribunal copia simple del documento poder, hasta el 17 de septiembre de 2010, no se produjo ninguna actuación de las partes, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por cinco (05) años y diez (10) meses, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa. No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, dejó sentado que “… el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos…” En consecuencia, este Tribunal ordena la notificación personal de la contribuyente INVERSIONES DYONA, S.A., para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la consignación en autos de la boleta de notificación, manifieste su interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, en el supuesto de que no pueda practicarse la notificación personal de la contribuyente de autos, se procederá a fijar un Cartel a las Puertas del Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 264 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 174 y 340 ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que transcurridos diez (10) días de despacho desde su fijación se tendrá por notificada y comenzará a correr el lapso de treinta (30) días continuos para que la empresa accionante manifieste si mantiene el interés en que se decida la presente causa, vencido los cuales sin que exista tal pronunciamiento, este Tribunal considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 740 de fecha 19 de junio de 2008, Caso: EMPRESA TOSCANY, C.A., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE). II DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la contribuyente INVERSIONES DYONA, S.A., para que exponga, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos contados desde que se evidencie en autos la constancia de haberse practicado su notificación, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa, vencido los cuales sin que haya respuesta de la recurrente, este Tribunal declarará extinguida la presente causa de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Jueza Suplente, Lilia María Casado Balbás El Secretario José Luís Gómez Rodríguez Asunto: AF47-U-1999-000118 Asunto Antiguo: 1217 LMCB/JLGR/JP.