TSJ Regiones - Decisión

I.-ANTECEDENTES
Suben a ésta Alzada las presentes actuaciones procedentes del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, la misma se relaciona a la consulta establecida en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil, contentiva de una solicitud de Interdicción del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.241.242, propuesta por su padre, el ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.390.825, debidamente asistido la abogada INGRID YULEIMA BOLÍVAR MENDOZA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 94.461, acordada mediante decisión dictada por el Juez A Quo en fecha 06 de diciembre de 2010, a través de la cual declaró la Interdicción Provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.241.242, designando como Protutor Interino al ciudadano MANUEL GREGORIO CASTILLO SÁNCHEZ y Protutor Suplente a la ciudadana MARÍA MAGDALENA MEJÍAS DE MALUENGA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.692.452 y V-3.375.812, respectivamente, y conforman el Consejo de Tutela los ciudadanos IRENE VILLARROEL MONTILLA, ANA HAIDEE DUARTE NIETO, FEDERICO COROMOTO RAMÓN SÁNCHEZ y MARISOL ZAMBRANO DE RAMÍREZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.687.014, V-6.055.634, V-3.375.440 y V-4.834.294, respectivamente.
Dichas actuaciones fueron recibidas en éste Despacho según nota estampada por la Secretaría el día 24 de febrero de 2011, constante de una (01) pieza de ciento cincuenta y nueve (159) folios útiles. Asimismo, ésta Superioridad mediante auto dictado el día 02 de marzo del mismo año, fijó oportunidad procesal para decidirlo en el lapso de veinte (20) días de despacho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil (folios 160 y 161).
II.- CONSIDERACIONES PREVIAS
Es el caso, que en fecha 11 de Julio de 2008, fue presentado por el ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.390.825, padre del entredicho (FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ), debidamente asistido por la abogada INGRID YULEIMA BOLÍVAR MENDOZA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 94.461, escrito solicitando la Interdicción del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ (folio 01).
Ahora bien, el Tribunal A Quo en fecha 29 de julio de 2008, admitió la solicitud de interdicción, y asimismo se fijó oportunidad para la comparecencia del presunto entredicho, a una entrevista con el Juez Aquo, y se ordenó tomar la declaración de cuatro (04) de sus familiares o en su defecto amigos de la familia, al quinto día hábil a esa fecha y se ordenó la notificación al Fiscal del Ministerio Público de la apertura de dicho procedimiento. (Folio 13).
En fecha 09 de junio del 2009, se levantó acta donde consta el interrogatorio del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.241.242, ciudadano interdictado (folio 21).
Posteriormente, en fecha 11 de junio de 2009, el Tribunal A quo tomó la declaración de los ciudadanos MANUEL GREGORIO CASTILLO SANCHEZ, ALEXANDER DAMIAN RAMIREZ ZAMBRANO, MARISOL ZAMBRANO DE RAMIREZ y LUIS EVELIO ZAMBRANO SANCHEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.692.452, V-19.864.447, V-4.834.294, y V- 3.959.960 respectivamente, familiares del presunto entredicho (Folios 23 al 26).
Luego, mediante auto de fecha 18 de junio de 2009, fueron designados como expertos en Psiquiatría y Neurología, a los doctores HECTOR NAVARRO y JOSE HERRERA, adscritos al Instituto Venezolano del Seguro Social, a los fines de que fuera practicada evaluación médica al entredicho FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ (folio 28).
Asimismo, consta a los folios treinta y uno (31) y treinta y dos (32) informes psiquiátrico y neurológico, expedidos por los médicos expertos designados para la evaluación médica del entredicho. Después del análisis del informe médico y de oídas las declaraciones del presunto entredicho, de sus familiares, el Tribunal A Quo, en fecha 01 de julio de 2009, decretó la Interdicción Provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, designando como Tutor Interino a su padre, el ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.390.825, ordenándose seguir formalmente el proceso por los tramites del juicio ordinario, quedando abierto a pruebas el mismo (folios 33 al 37).
En fecha 10 de julio de 2009, la parte solicitante presentó escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha 7 de agosto de 2009 (folios 41 al 51).Y en fecha 06 de octubre de 2009, mediante diligencia, solicitó al Tribunal Aquo pronunciarse sobre la INTERDICCIÓN DEFINITIVA en la presente causa (folio 54).
Luego, en fecha en fecha 25 de marzo de 2010, el Tribunal A Quo, decretó la Interdicción Definitiva del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, designando como Tutor al ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-2.390.825, y de igual forma, acordó remitir en consulta el original del presente expediente al Juzgado Superior, en acatamiento del artículo 736 del Código de Procedimiento Civil. (Folios 70 al 76)
En fecha 11 de mayo de 2010, se recibió por primera vez el presente expediente en ésta Alzada, y seguidamente, en fecha 17 de mayo del mismo año, se fijó oportunidad para decidirlo al vigésimo (20°) día de despacho. (Folios 79 y 80).
Cursa inserta a los folios ochenta y uno (81) al noventa y seis (96) decisión dictada por éste Despacho en fecha 22 de junio de 2010, en la cual declaró la nulidad del decreto de interdicción provisional y definitiva dictados por el Tribunal de la causa en fecha 01 de julio de 2009, y en fecha 25 de marzo de 2010, respectivamente, y de todas las demás actuaciones, reponiéndose la causa al estado que el Juez del Juzgado A Quo, de efectivo cumplimiento a las normas que regulan la materia de la interdicción civil, y se pronuncie nuevamente sobre el decreto de interdicción provisional del entredicho, de conformidad con lo establecido en los artículos 309, 324, 325 y 336 del Código Civil.
En este sentido, ésta Superioridad mediante auto de fecha 30 de junio de 2010, ordenó remitir el presente expediente al Tribunal de la causa (folio 97).
Se observa acta de inhibición de fecha 08 de julio de 2010, de la abogada Eumelia Velásquez Marcano, en su carácter de Juez Provisoria del Tribunal A Quo (folios 99 y 100); asimismo, en fecha 25 de octubre del mismo año, ésta Alzada declaró con lugar la inhibición planteada (folios 129 al 135).
Posteriormente, en fecha 15 de noviembre de 2010, mediante auto dictado por el Tribunal de la causa, la Dra. Maira Ziems se abocó al conocimiento de la presente causa, y en fecha 19 de noviembre del mismo año se instó a la parte actora a proponer a dos (02) personas para el cargo de Protutor, Protutor Suplente, respectivamente, y a cuatro (04) personas para conformar el Consejo de Tutela (folios 140 y 141).
En este orden, en fecha 29 de noviembre de 2010, el ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-2.390.825, en su carácter de parte solicitante, debidamente asistido por el abogado Alfredo González, Inpreabogado N° 12.237, propuso al protutor, protutor suplente y los integrantes del Consejo de Tutela (folio 142).
III.-DE LA SENTENCIA CONSULTADA
Ahora bien, en fecha 06 de diciembre de 2010, el Tribunal A Quo, previa solicitud realizada por la parte solicitante, procedió a decretar la Interdicción Provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ (folios 149 al 155), en los siguientes términos:

“…Tomando en consideración las declaraciones de los familiares unidas al interrogatorio que se le practicó al interdictado Franklin Manuel Castillo Sánchez, así como el dictamen psiquiátrico y neurológico presentado por los expertos, se desprende que el paciente sufre Síndrome de Down; este Tribunal le da todo el valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 508 y 510 del Código de Procedimiento Civil.
De las actas procesales se desprende que el solicitante Manuel Vicente Castillo Rojas (…), en su carácter de padre del interdictado es persona legítima para interponer la presente acción y en consecuencia tiene cualidades para formular la misma y por cuanto del examen psicológico que le fue practicado al referido ciudadano, se demuestra que padece de Síndrome de Down, lo que lo incapacita de manera total y permanente para desenvolverse en su vida diaria, manejar sus asuntos con criterio lógico y tomar decisiones; experticias estas que rielan a los folios del expediente, las cuales acoge quien decide plena y totalmente, pues mi convicción no se opone a ellas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.417 del Código Civil (…).
(…) Por las razones antes expuestas este Tribunal (…) DECRETA LA INTERDICCIÓN PROVISIONAL del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SÁNCHEZ (…). Se designa como PROTUTOR INTERINO al ciudadano MANUEL GRAGORIO CASTILLO SÁNCHEZ (…), como PROTUTOR SUPLENTE a la ciudadana MARÍA MAGDALENA MEJÍAS DE MALUENGA (…), y conforman el Consejo de Tutela los ciudadanos IRENE VILLARROEL, ANA HAIDEE DUARTE NIETO, FEDERICO COROMOTO RAMON SÁNCHEZ Y MARISOL ZAMBRANO DE RAMÍREZ…” (Sic).

IV.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En éste orden de ideas, ésta Superioridad considera necesario hacer un análisis del procedimiento de interdicción civil pautado en nuestras normas sustantivas y adjetivas, y al respecto, la doctrina ha conceptualizado a la interdicción como la privación de la capacidad negocial en razón de defecto intelectual grave o de condena penal y como consecuencia de ella, el entredicho queda sometido en forma continua a una incapacidad negocial plena, general y uniforme.
En este sentido, el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“Luego que se haya promovido la interdicción, o que haya llegado a noticia del Juez que en alguna persona concurrieren circunstancias que puedan dar lugar a ella, el Juez abrirá el proceso respectivo y procederá a una averiguación sumaria sobre los hechos imputados; nombrará por lo menos dos facultativos para que examinen al notado de demencia y emitan juicio, y practicará lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y lo demás que juzgue necesario para formar concepto”. (Subrayado y negrillas de la Alzada).

La norma antes trascrita, establece que una vez promovida la interdicción, el juez abrirá el proceso respectivo y procederá a una averiguación sumaria sobre los hechos imputados; nombrará por lo menos dos facultativos para que examinen al notado de demencia y emitan juicio, y practicará lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y lo demás que juzgue necesario para formar concepto.
Al respecto, el artículo 396 del Código Civil, señala: “La interdicción no se declarará sin haberse interrogado a la persona de quien se trate, y oído a cuatro de sus parientes inmediatos, y en defecto de éstos, amigos de su familia. Después del interrogatorio podrá el juez decretar interdicción provisional, y nombrar un tutor interino”.
Esta fase sumaria es conocida por el Juez de Primera Instancia que tenga competencia en materia de familia, y de acuerdo al artículo 395 del Código Civil, puede ser iniciada: (a) de oficio por el juez; y (b) a instancia de parte, siendo iniciado por: (i) el cónyuge del incapaz, (ii) cualquier pariente del incapaz, (iii) el Síndico Procurador Municipal, (iv) cualquier persona que tenga interés, y, aún cuando no lo diga el dispositivo legal, y (v) por el Ministerio Público (Art. 130 CPC). Ellos serían los legitimados activos para instar el procedimiento de interdicción.
Ahora bien, los presupuestos de procedencia están contenidos en el Código Civil en su artículo 393, que establece: “El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos”.
Del preinsertado dispositivo legal se infiere que son dos los presupuestos de procedencia de la interdicción: (1) que sea mayor de edad o menor emancipado, la persona a quien se le atribuya estar denotado en incapacidad; y (2) que se encuentre en estado habitual de defecto intelectual que le haga incapaz de proveer a sus propios intereses.
El primer presupuesto procesal se explica por si sólo. En tanto que con respecto al segundo ha de entenderse que el “estado habitual de defecto intelectual”, supone:
a) La existencia de un defecto intelectual. Por defecto debe entenderse el que afecte no sólo a las actividades cognoscitivas, sino también el que afecta a las facultades volitivas. Los defectos físicos no cuentan aquí, sino en la medida en que afecten a las facultades mentales.
b) Que el defecto sea grave, hasta el punto de impedir que el sujeto provea a sus intereses.
c) Que el defecto sea habitual. No bastan accesos pasajeros o excepcionales, pero tampoco se requiere que el defecto se manifieste en forma continua, pues la propia ley prevé la interdicción de personas que “tengan intervalos lúcidos. (CALVO BACA, Emilio: Comentarios del Código Civil).
Obviamente, si bien para la determinación de éste segundo presupuesto se requiere del auxilio del peritaje médico; no es menos cierto que la apreciación, determinación y responsabilidad es del Juez que conozca del asunto. Esos constituyen los presupuestos de procedencia de la acción de interdicción.
En este orden de ideas, el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Si de la averiguación sumaria resultaren datos suficientes de la demencia imputada, el Juez ordenará seguir formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario; decretará la interdicción provisional y nombrará tutor interino, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.
Por el hecho mismo de haberse decretado la interdicción provisional, quedará la causa abierta a pruebas, instruyéndose las que promuevan el indiciado de demencia o su tutor interino y la otra parte, si la hubiere, y las que el Juez promueva de oficio.
Además, en cualquier estado del proceso el Juez podrá admitir y aun acordar de oficio la evacuación de cualquiera otra prueba, cuando considere que puede contribuir a precisar la verdadera condición del indiciado de demencia.” (Subrayado y negrillas de la Alzada).

De la norma antes trascrita, se desprende la Interdicción Provisoria la cual se rige para la denominada fase sumaria, en la que si de la averiguación sumaria resultaren datos suficientes de la demencia imputada, el Juez (i) decretará la interdicción provisional, nombrará tutor interino con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil (Art.734 C.P.C.) y ordenará seguir formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario, quedando la causa abierta a pruebas.
Ahora bien, de la decisión tomada en ésta fase sumaria, cuando se acuerda la interdicción provisional tiene consulta obligatoria conforme a lo establecido en el artículo 736 de la norma adjetiva civil, en razón de ser el decreto de interdicción provisional una sentencia interlocutoria, a los fines de brindar seguridad jurídica a las partes. Y así se establece.
Posteriormente, la causa continúa por el trámite del procedimiento ordinario quedando abierta a pruebas y el mismo Juez pueda, cumplido la fase plenaria, revisar la cautela que ejerció cuando decretó la interdicción de manera provisoria.
La interdicción provisoria se constituye en un criterio discrecional del juez de la primera instancia, que sólo es objeto de revisión (vía consulta) por el Superior. Asimismo, en el caso que se niega de plano la interdicción, o se considera improcedente la interdicción y no se acuerda la inhabilitación al denotado en incapacidad. Esa decisión dictada en fase sumaria debe ser también objeto de consulta, porque hay una negativa de la interdicción y la imposición “oficiosa” del juez de iniciar un procedimiento de inhabilitación. Y así se establece.
Asimismo, decretada la interdicción provisional, se seguirá el procedimiento del juicio ordinario hasta llegar a sentencia definitiva. Con el decreto de interdicción provisional el juicio queda abierto a pruebas, es decir, comienza a correr el lapso ordinario probatorio (Art. 396 y sig. Código de Procedimiento Civil). Durante ese lapso podrán promover y evacuar todo género de pruebas el tutor interino, el indiciado en demencia y cualquier interesado, así como oficiosamente (Art. 734 CPC) el Juez podrá adquirir pruebas que le permitan determinar la condición real de la persona a quien se le ha solicitado la interdicción.
Fenecido el lapso probatorio, el Juez determinará si confirma el decreto, acordando o decretando la interdicción definitiva del incapaz. O si lo revoca haciendo cesar el impedimento que en forma provisoria le había impuesto. Esta decisión, cualquiera que sea, será objeto también de consulta obligatoria (Art. 736 ejusdem).
Ahora bien, el caso bajo estudio ésta Superioridad observa de autos, que el presente caso versa sobre la Interdicción del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, que fuere solicitada por el ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, en su condición de padre del presunto entredicho (folio 01); solicitud que fue acompañada con Informe Médico acerca de la condición del interdictado, partida de nacimiento del citado ciudadano, Acta de Defunción de la ciudadana Herminia Esperanza Sánchez de Castillo, constancia psiquiátrica del entredicho y copia de la cédula de identidad del solicitante, del interdictado y tres (03) familiares (folios 02 al 12).
De igual forma, verificó ésta Alzada que el Tribunal A Quo en fecha 09 de junio de 2009, pasó a tomar las respectivas declaraciones del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, Cédula de Identidad N° V-13.241.242, ciudadano interdictado (folio 21) y en fecha 11 de junio de 2009, se tomó la declaración de los familiares y parientes, específicamente de los ciudadanos MANUEL GREGORIO CASTILLO SANCHEZ, ALEXANDER DAMIAN RAMIREZ ZAMBRANO, MARISOL ZAMBRANO DE RAMIREZ y LUIS EVELIO ZAMBRANO SANCHEZ ut supra identificados (folios 23 al 26), quienes fueron contestes en declarar que el ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ padece del Síndrome de Down.
Por otra parte, consta a los folios 31 y 32 informes psiquiátrico y neurológico, expedidos por los médicos expertos designados para la evaluación médica del entredicho, en el cual señalan, que el ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ sufre de trastorno transgenético del tipo trisomia 21, Síndrome de Down, y por tanto sufre de un defecto intelectual grave que le impide valerse por si mismo y proveerse su propio sustento.
Estima ésta Juzgadora que la prueba médica es vital y es la más importante a los fines de verificar si una persona manifiesta un defecto intelectual grave, por cuanto sólo los médicos o expertos en el área tienen los conocimientos necesarios para constatar la afección mental de un individuo. Inclusive una persona aparentemente normal a los ojos de los terceros puede presentar una seria afección mental o intelectual.
A tal efecto, ha señalado la doctrina la importancia de la prueba pericial y su carácter esencial a los fines de decretar la interdicción:
“…si del examen médico se desprende una enfermedad mental grave, el juez debe declarar la incapacitación. Será difícil que el juez pueda declarar improcedente la interdicción desechando un examen médico que se pronuncia a favor de una enfermedad grave, porque en virtud de la causa de procedencia de la incapacitación, la prueba por excelencia será el dictamen de los expertos.” (Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores N° 1. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001, p. 280).

Ahora bien, de la exhaustiva revisión realizada a las actas que conforman el presente expediente, se observa que en virtud de lo antes expuesto, el Tribunal A Quo en fecha 01 de julio de 2009, decretó la Interdicción Provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, designando como tutor interino a su padre, el ciudadano MANUEL VICENTE CASTILLO ROJAS, ut supra identificado, ordenando a seguir el proceso conforme al procedimiento ordinario, quedando abierta el lapso a pruebas( folios 33 al 37).
Y en fecha en fecha 25 de marzo de 2010, el Tribunal A Quo, procedió a decretar la Interdicción Definitiva del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ (Folios 70 al 76).
Siendo recibido el presente expediente por primera vez, en ésta Superioridad para su consulta de Ley, decidiéndolo en fecha 22 de junio de 2010 (folios 81 al 96), señalando lo siguiente:
“…Ahora bien, éste Tribunal Superior evidenció la existencia de errores por parte del Tribunal A quo al decretar la interdicción provisional y definitiva del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, toda vez que omitió de forma absoluta la designación del Protutor, del Protutor Suplente y del Consejo de Tutela, hechos estos que vician al procedimiento de nulidad, por lo tanto, la única manera de corregir dicho error, es reponiendo la causa al estado que el Tribunal de la causa se pronuncie con relación al decreto de interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ y proceda a designar al protutor, protutor suplente y al Consejo de Tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 309, 324, 325 y 336 del Código Civil. Y así se decide (…).
(…) Ahora bien, tomando en cuenta que la institución de la consulta lo que persigue es la revisión del fallo por parte de un tribunal de mayor jerarquía funcional al que dictó la decisión, con el objeto de que se verifique si el mismo se ajusta a derecho en el caso concreto. Y siendo la consulta, una fórmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado el orden o el interés público, o el orden constitucional, de modo que el juez que se pronuncia sobre la consulta debe revisar no sólo la juridicidad del fallo, sino también la adecuación al caso concreto del derecho declarado, es por lo que esta Superioridad, una vez revisado y analizado la presente solicitud, observó claramente que no se llevó a cabo en su totalidad el cumplimiento de los requisitos procedimentales para la tramitación de la declaratoria de interdicción solicitada. De allí, que a los fines de corregir las faltas incurridas por el Tribunal de origen, como lo son: la omisión de forma absoluta de la designación del Protutor, del Protutor Suplente y del Consejo de Tutela en el decreto de Interdicción provisional y definitiva del ciudadano FRANKLIN MANUAL CASTILLO SANCHEZ, dictado por el tribunal A Quo en fecha 01 de julio de 2009, tal y como lo prevé la disposiciones contenidas en los artículos 309, 324, 325 y 336 y del Código Civil del Código Civil, considera quien decide, con base a lo dispuesto en el artículo 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, declarar la NULIDAD del decreto de interdicción provisional dictado por el referido Tribunal de fecha 01 de de julio de 2009 y de todas las demás actuaciones que se deriven y originen de éste contenidos desde los folios treinta y tres (33) al ciento setenta y ocho (78) ambos inclusive. Y En consecuencia, se REPONE LA CAUSA al estado que el Juez de la A quo de fiel cumplimiento a las normas que regulen la materia de la Interdicción Civil, y se pronuncie nuevamente con relación al decreto de interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, procediendo a designar al protutor, protutor suplente y al Consejo de Tutela, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 309, 324, 325 y 336 del Código Civil, con el objeto de dar cumplimiento con la tramitación del procedimiento de interdicción como lo prevé nuestra legislación. Así se establece (…).
(…) Con fundamento en las consideraciones de hecho, de derecho y jurisprudencial ut supra, éste Tribunal Superior, declara:
PRIMERO: LA NULIDAD del decreto de interdicción provisional y definitiva dictados por el Tribunal de Primera Instancia (…).
SEGUNDO: SE REPONE LA CAUSA al estado que el Juez del Tribunal de Primera Instancia (…), de fiel cumplimiento a las normas que regulen la materia de la Interdicción Civil (…), procediendo a designar al protutor, protutor suplente y al Consejo de Tutela…” (Sic) (Subrayado de ésta Alzada).

Como se observa de la trascripción que precede, ésta Alzada en su decisión de fecha 22 de junio de 2010, declaró la nulidad de tales actuaciones POR LIMITAR SU PRONUNCIAMIENTO únicamente a la designación del Tutor Interino, y posteriormente del Tutor Definitivo, y además le ordenó al Juzgado A Quo reponer la causa al estado que en el presente procedimiento se “de fiel cumplimiento a las normas que regulen la materia de la Interdicción Civil”, para lo cual debió designar no solamente al Tutor Interino, sino también, al Protutor, Protutor Suplente y al Consejo de Tutela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 309, 324, 325 y 336 del Código Civil.
Ahora bien, de la revisión del caso de autos, se pudo observar que el solicitante de autos en fecha 29 de noviembre de 2010, compareció ante el Tribunal A Quo (folio 142), y expuso:
“…Con vista al auto de fecha, 19 del corriente año dictado por este Tribunal, propongo como Protutor (…), al ciudadano: Manuel Gregorio Castillo Sánchez (…); como Protutor Suplente, a la ciudadana: María Magdalena Mejías de Maluenga (…); y para integrar el Consejo de Tutela, a los ciudadanos: Irene Villarroel Montilla, Ana Haidee Duarte Nieto, Federico Coromoto Ramon Sánchez y, Marisol Zambrano de Ramírez…” (Sic).

En este sentido, y con fundamento a los hechos analizados en líneas anteriores por ésta Superioridad, pudo observarse de las actas procesales que conforman la presente solicitud de interdicción que, el Tribunal A quo, en el decreto de interdicción provisional sometido a la presente consulta (folios 149 al 155), señalo lo siguiente:
“…De las actas procesales se desprende que el solicitante Manuel Vicente Castillo Rojas (…), en su carácter de padre del interdictado es persona legítima para interponer la presente acción y en consecuencia tiene cualidades para formular la misma y por cuanto del examen psicológico que le fue practicado al referido ciudadano, se demuestra que padece de Síndrome de Down, lo que lo incapacita de manera total y permanente para desenvolverse en su vida diaria, manejar sus asuntos con criterio lógico y tomar decisiones; experticias estas que rielan a los folios del expediente, las cuales acoge quien decide plena y totalmente, pues mi convicción no se opone a ellas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.417 del Código Civil.
El artículo 396 del Código Civil establece: “La Interdicción no se declarará sin haberse interrogado a las personas de quien se trate y oído a cuatro de sus parientes mas inmediatos y en defecto de estos, amigos de la familia.- Después del interrogatorio podrá el Juez decretar la Interdicción Provisional y nombrar un Tutor Interino (…).
(…) Por las razones antes expuestas este Tribunal (…) DECRETA LA INTERDICCIÓN PROVISIONAL del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SÁNCHEZ (…). Se designa como PROTUTOR INTERINO al ciudadano MANUEL GRAGORIO CASTILLO SÁNCHEZ (…), como PROTUTOR SUPLENTE a la ciudadana MARÍA MAGDALENA MEJÍAS DE MALUENGA (…), y conforman el Consejo de Tutela los ciudadanos IRENE VILLARROEL, ANA HAIDEE DUARTE NIETO, FEDERICO COROMOTO RAMON SÁNCHEZ Y MARISOL ZAMBRANO DE RAMÍREZ…” (Sic) (Subrayado de la Alzada).

Ahora bien, del decreto de Interdicción Provisional antes citado, se pudo observar que en esta oportunidad, solo se designó como Protutor Interino al ciudadano MANUEL GREGORIO CASTILLO SÁNCHEZ, como Protutor Suplente a la ciudadana MARÍA MAGDALENA MEJÍAS DE MALUENGA, y la conformación del Consejo de Tutela por los ciudadanos IRENE VILLARROEL MONTILLA, ANA HAIDEE DUARTE NIETO, FEDERICO COROMOTO RAMON SÁNCHEZ y MARISOL ZAMBRANO DE RAMÍREZ, personas que fueron las propuestas por el solicitante para el cuidado del entredicho FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, y desempeñar tal compromiso, conforme a lo ordenado por éste Despecho en fecha 22 de junio de 2010, y lo dispuesto en los artículos 309, 314, 324, 325 y 336 del Código Civil; sin embrago, de la revisión de la misma, se constató que el Tribunal A quo, omitió de forma absoluta la designación del Tutor Interino, conforme a lo ordenado en el artículo 396 ejusdem, la cual es norma de obligatorio cumplimiento en estos casos del decreto de Interdicción Provisional. Y así se establece.
Al respecto, establece el artículo 396 del Código Civil, lo siguiente:
“Artículo 396.- La interdicción no se declarará sin haberse interrogado a la persona de quien se trate, y oído a cuatro de sus parientes inmediatos, y en defectos, amigos de su familia.
Después de interrogatorio podrá el Juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino” (Subrayado y negritas de ésta Alzada).

En este sentido, ésta Superioridad pudo constatar que en el decreto de interdicción provisional de fecha 06 de diciembre de 2010 (folios 149 al 155) dictado por el Tribunal de la causa, se omitió totalmente la designación del Tutor Interino, hecho éste que vicia a dicho acto de nulidad, y así como a todos los actos consecutivos al acto irrito. Y así se establece.
En este orden de ideas, el autor venezolano Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (p.207) define a la Nulidad Procesal, como: “El vicio que hace nulo un acto de procedimiento, en los casos expresamente determinados por la ley, cuando haya dejado de llenarse en el acto alguna formalidad esencial para su validez”.
Asimismo, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Los jueces procuraran la estabilidad de lo juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando se haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”(Subrayado y negrillas de la Alzada).
En este sentido, es importante resaltar que la nulidad es la carencia de valor y la falta de eficacia de un acto procesal realizado con infracción de la norma o normas legales pertinentes, y sólo en dos casos, podrán los jueces declarar la nulidad de un acto de proceso, el primero cuando la nulidad haya sido establecida expresamente por la ley, y segundo cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial para su validez.
Por lo tanto, en el presente caso estamos en presencia del segundo caso, es decir, que el juez ha de apreciar si la forma o requisito omitido en el acto es o no esencial para su validez y aun cuando no expresa la ley debe considerarse que se ha omitido un requisito esencial, al respecto de ello, la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes, en señalar que la falta de un requisito esencial para la validez del acto, se verificará cuando la omisión de la formalidad desnaturaliza al acto y le impide alcanzar el fin para el cual ha sido preordenado.
Es por ello, que cuando el Tribunal A quo en fecha 06 de diciembre de 2010, decretó la interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, designando solo como Protutor Interino al ciudadano MANUEL GREGORIO CASTILLO SÁNCHEZ, como Protutor Suplente a la ciudadana MARÍA MAGDALENA MEJÍAS DE MALUENGA, y la conformación del Consejo de Tutela por los ciudadanos IRENE VILLARROEL MONTILLA, ANA HAIDEE DUARTE NIETO, FEDERICO COROMOTO RAMON SÁNCHEZ y MARISOL ZAMBRANO DE RAMÍREZ, omitiendo de forma absoluta la designación del Tutor Interino tal como lo ordena el artículo 396 Código Civil, es por lo que, se evidencia una franca violación del dispositivo legal antes mencionado, incurriendo en consecuencia, el Tribunal A Quo en un error que afecta la presente causa de la nulidad absoluta del presente procedimiento. Y así se establece.
Es este sentido, encontrándose dicho procedimiento viciado de nulidad por el error en el cual incurrió el Tribunal A Quo, al omitir la designación del Tutor Interino en el Decreto de Interdicción Provisional dictado en fecha 06 de diciembre de 2010, y siendo el mismo acto nulo, en consecuencia, los actos que se deriven o dependan de éste también son nulos y carecen de toda eficacia jurídica, afectando así su validez dentro del proceso, produciéndose en tal sentido, la llamada REPOSICIÓN DE LA CAUSA, entendiéndose está como la restitución del proceso, al punto de partida de la nulidad, anulándose todos los actos efectuados desde aquel momento. Y así se establece.
En este sentido, el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, reza lo siguiente: “Si la nulidad del acto la observare y declarare un Tribunal Superior que conozca en grado de la causa, repondrá ésta al estado de que se dicte nueva sentencia, disponiendo que el tribunal, antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo anterior”.
De la norma antes trascrita, se evidencia que la reposición de la causa, es un medio para corregir el vicio procesal declarado, cuando este no se pueda subsanar de otro modo; asimismo, se corrige la violación de ley, que produjo el vicio procesal por las faltas de los Tribunales que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes, sin culpa de éstas, y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera.
Ahora bien, éste Tribunal Superior evidenció la existencia de un error por parte del Tribunal A quo al decretar la interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, toda vez que omitió de forma absoluta la designación del Tutor Interino, hechos éste que vicia al procedimiento de nulidad, por lo tanto, la única manera de corregir dicho error, es reponiendo la causa al estado que el Tribunal de la causa se pronuncie nuevamente con relación al decreto de interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ y proceda a designar al Tutor Interino, Protutor, Protutor Suplente y al Consejo de Tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 396, 309, 324, 325 y 336 del Código Civil. Y así se decide.
En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias dictadas en procesos de interdicción deben ser consultadas con el Tribunal Superior, tal y como en efecto lo ha hecho el A Quo.
Ahora bien, tomando en cuenta que la institución de la consulta lo que persigue es la revisión del fallo por parte de un tribunal de mayor jerarquía funcional al que dictó la decisión, con el objeto que se verifique si el mismo se ajusta a derecho en el caso concreto. Y siendo la consulta, una fórmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado el orden o el interés público, o el orden constitucional, de modo que el juez que se pronuncia sobre la consulta debe revisar no sólo la juridicidad del fallo, sino también la adecuación al caso concreto del derecho declarado, es por lo que, ésta Superioridad, una vez revisado y analizado la presente solicitud, observó claramente que no se llevó a cabo en su totalidad el cumplimiento de los requisitos procedimentales para la tramitación de la declaratoria de interdicción solicitada. De allí, que a los fines de corregir la falta incurrida por el Tribunal de origen, como lo es: la omisión de forma absoluta de la designación del Tutor Interino en el decreto de Interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, dictado por el tribunal A Quo en fecha 06 de diciembre de 2010, tal y como lo prevé el dispositivo legal contenido en el artículo 396 del Código Civil, considera quien decide, con base a lo dispuesto en los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, declarar la NULIDAD del decreto de Interdicción Provisional dictado por el referido Tribunal de fecha 06 de diciembre de 2010 y de todas las demás actuaciones que se deriven y originen de éste contenido desde los folios ciento cuarenta y nueve (149) al ciento cincuenta y nueve (159) ambos inclusive. Y en consecuencia, se REPONE LA CAUSA al estado que el Juez de la causa de fiel cumplimiento a las normas que regulan la materia de la Interdicción Civil, y se pronuncie nuevamente con relación al decreto de interdicción provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, procediendo a designar al Tutor Interino, Protutor, Protutor Suplente y al Consejo de Tutela, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 396, 309, 324, 325 y 336 del Código Civil, con el objeto de dar cumplimiento con la tramitación del procedimiento de interdicción como lo prevé nuestra legislación. Así se establece.
V. DISPOSITIVA
Con fundamento en las consideraciones de hecho, de derecho y jurisprudencial ut supra, éste Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA NULIDAD del decreto de Interdicción Provisional dictado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, de fecha 06 de Diciembre de 2010, y de todas las demás actuaciones que se deriven y dependan de éste, contenidos desde los folios ciento cuarenta y nueve (149) al ciento cincuenta y nueve (159) ambos inclusive.
SEGUNDO: SE REPONE LA CAUSA al estado que el Juez del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, de fiel cumplimiento a las normas que regulen la materia de la Interdicción Civil, y se pronuncie nuevamente con relación al decreto de Interdicción Provisional del ciudadano FRANKLIN MANUEL CASTILLO SANCHEZ, procediendo a designar al Tutor Interino, Protutor, Protutor Suplente y al Consejo de Tutela, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 396, 309, 324, 325 y 336 del Código Civil. Así mismo, una vez consultada el decreto de interdicción provisional, la causa quedará abierta a pruebas conforme a lo ordenado en el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil, continuando su trámite por el procedimiento ordinario hasta su sentencia definitiva.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en razón la naturaleza de la presente acción.
Déjese copia. Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los siete (07) días del mes de abril de 2011. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR TITULAR,

DRA. CARMEN ESTHER GOMEZ CABRERA

LA SECRETARIA SUPLENTE,

ABG. FARANAZ ALÍ
En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 02:25 de la tarde.-
LA SECRETARIA SUPLENTE,
ABG. FARANAZ ALÍ
CEGC/FA/is.-
Exp. C-16.847-11