REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, 01 de abril 2011 200º y 152º SOLICTANTES: Chantal Michelle Louisette Nambot, de nacionalidad francesa, domiciliada en Venezuela, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-80.453.797 y ciudadano Mariano Bonet Torres, de nacionalidad francesa, domiciliado en Francia, titular del pasaporte N° 08AX89551. APODERADO JUDICIAL DE LOS SOLICITANTES: Juan Luís Astudillo Martínez, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 106.445. MOTIVO: EXEQUATUR. EXPEDIENTE: Nº 9081. I ANTECEDENTES En fecha diez (10) de noviembre del año dos mil diez (2010), previa insaculación de Ley, fue recibido la presente solicitud de Exequatur por ante este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procediendo este tribunal a darle entrada en auto de esa misma fecha. Seguidamente en auto de fecha diez (10) de enero del año dos mil diez (2010), este Juzgado Superior, visto y revisados los requisitos de la presente solicitud, procedió a ordenar la notificación del Ministerio Público, anexándole copia certificada de la solicitud, todo de conformidad con los artículos 131 y 132 del Código de Procedimiento Civil y ordinal 17 del articulo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil once (2011), el Fiscal Centésimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, Abg. Ramón Alejandro Liscano, emitió su pronunciamiento, previo análisis de los requisitos de procedencia de la solicitud de exequatúr, en los siguientes términos: “(…) En este sentido, este Representante del Ministerio Público, no tiene objeción alguna en lo que respecta al pase de la Sentencia de Divorcio decretada el 20/04/2006 por el referido Tribunal (…)”. II DE LA COMPETENCIA En relación a la competencia de este Juzgado para conocer del presente asunto, siendo que la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana no establece parámetros en cuanto a la competencia para decidir sobre estas solicitudes, se mantiene en plena vigencia la establecida en el Código de Procedimiento Civil, la cual señala en su articulo 856, lo siguiente: “Articulo 856.- El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sea aplicables”. Establecida la competencia, en el presente asunto, este Tribunal, decide en los siguientes términos: III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El Exequátur es el procedimiento judicial en el cual, las sentencias definitivamente firmes proferidas en el extranjero, en materia privada, pueden producir cosa juzgada o ser ejecutadas en otro Estado. El maestro Chiovenda, se pronuncia sobre el exequátur y expone lo siguiente: “ (…) mediante este procedimiento la sentencia extranjera se nacionaliza. Todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o de sentencia son susceptibles de exequátur, lo que se requiere es que sean de carácter privado, o sea, civil o mercantil y que además sean dictadas por autoridades judiciales competentes de la esfera internacional”. Ahora bien, por tratarse de una materia que revierte y posee elementos de carácter internacional esta debe analizarse a la luz del Derecho Internacional Privado, y en tal sentido es necesario atender para ello al orden establecido en cuanto a la prelación de la fuentes de derecho con la finalidad de decidir el caso que se nos presenta. Para nuestra legislación dicho orden de prelación se encuentra establecido en el artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual expresa: “Articulo 1.- Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”. En este orden de ideas, la norma transcrita refiere a los tratados internacionales vigentes en Venezuela, las normas de derecho internacional privado venezolano, y a falta de ellas la analogía o los principios generales del Derecho Internacional Privado. En el presente caso observamos que se solicita el exequátur de una sentencia dictada en fecha veinte (20) de abril del año dos mil seis (2006), por el Tribunal de Gran Instancia de Marsella, Departamento Bouches de Rhone de la República de Francia, país que en materia de eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbítrales no posee convenios ni tratados, suscrito con nuestro país; ahora bien no existiendo convenios a razón de lo antes mencionado debe serle aplicadas las normas de Derecho Internacional Privado venezolano. Visto lo anterior, debe entenderse que la normativa aplicable es la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano, lo establecido en su capitulo X, sobre la eficacia de las sentencias extranjeras, la cual derogo parcialmente las disposiciones contenidas en los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, relativas al exequátur. En este orden de ideas el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano, establece: “Artículo 53. Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas; 2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas; 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio; 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley; 5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa; 6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera.”. Asimismo, de lo visto y examinado en los recaudos presentados junto al escrito de solicitud de exequátur, de conformidad con los extremos de establecidos en el artículo 53 de la Ley especial, se verifica que se han cumplido los requisitos para declarar la ejecutoria de la sentencia objeto de la presente solicitud, a razón de: 1.- Evaluada la sentencia se logra verificar que versa sobre la disolución del vínculo matrimonial, lo cual es netamente de naturaleza civil. 2.- Posee fuerza de Cosa Juzgada. 3:- De conformidad con lo visto y presentado en autos, la presente sentencia, no versa sobre derechos reales respecto a inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, por lo tanto no hay estado de contención con respecto a bienes ubicados en el país; tampoco se le ha arrebatado a Venezuela la Jurisdicción exclusiva para conocer del negocio jurídico.. 4.- De las actas aportadas a los autos se evidencia que el tribunal que conoció de la causa tenía jurisdicción para conocer del asunto. 5.- De las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que la sentencia objeto de solicitud de exequátur sea incompatible con sentencia previa que tenga autoridad de cosa juzgada, ni se encuentre pendiente en la República Bolivariana de Venezuela, algún juicio que verse sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado previamente al fallo de la sentencia extranjera que nos ocupa y de igual forma, no es contraria el orden público, debido a que fue dictada atendiendo a una solicitud de divorcio de las partes, con fundamento en el mutuo acuerdo. IV DECISION Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: CON FUERZA EJECUTORIA en el territorio nacional, la sentencia de divorcio dictada en fecha veinte (20) de abril del año dos mil seis (2006), por el Tribunal de Gran Instancia de Marsella, Departamento Bouches de Rhone de la República de Francia, que declaro disuelto el vinculo matrimonial entre ciudadana Chantal Michelle Louisette Nambot, de nacionalidada francesa, domiciliada en Venezuela, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-80.453.797 y ciudadano Mariano Bonet Torres, de nacionalidad francesa, domiciliado en Francia, titular del pasaporte N° 08AX89551. Déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencias del tribunal. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los primer (1ro) días de mes de abril de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación. LA JUEZ PROVISORIO, MARISOL ALVARADO R. LA SECRETARIA, YROID FUENTES L. En esta misma fecha, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia. LA SECRETARIA, YROID FUENTES L.