REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
En su nombre
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 13 de abril de 2011
200º y 152º

ASUNTO Nº DH12-X-2011-000023
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE RECURRENTE: ANGEL RAMON MENDOZA SEIJAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.093.398 y de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE: Abogado JOSEFINA IRIARTE, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 78.651, respectivamente.-

EN SU ORDEN ÓRGANO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECURRIDO: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL SEDE MARACAY.

MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR SOBRE LA NULIDAD DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA; N° 160-10, de fecha 23 de febrero de 2010.-


I

Siendo la oportunidad para decidir la presente incidencia de Medida Cautelar de Suspensión solicitada, tal y como fue acordado mediante auto de fecha siete (28) de marzo de 2011 y siguiéndose el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua pasa a hacer las siguientes consideraciones:


II
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE

La abogada JOSEFINA IRIARTE, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 78.651 actuando como abogado asistente del ciudadano ANGEL RAMON MENDOZA SEIJAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.093.398 y de este domicilio, mediante escrito presentado en fecha 21 de enero de 2011, en su contenido se evidencia la solicitud de amparo cautelar sin la fundamentación de la Medida Cautelar de Suspensión.

III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien partiendo de que toda cautela debe tener como sustentación una situación de hecho y de derecho favorable al solicitante, aunque lo que se hace es un examen de probabilidad en el ámbito de la presunción de quien requiere la protección del derecho: “fumus bonis iuris” y la existencia del “periculum in mora”, el cual se concreta en la “infructuosidad del fallo” que deba dictarse en el procedimiento principal, se observa en el caso de autos, que el recurrente no fundamentó la solicitud de la medida cautelar para la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido.
En atención a lo antes expuestos, pasa a determinar por esta Juzgadora si la presente petición cumple con los requisitos de ley, en cuanto a que estemos bajo la presencia del fomus boni iuris, periculum in mora, para su procedencia. Así se establece.-
Uno de los requisitos de fondo de los actos administrativos es el elemento causa, es decir, los motivos que provocan cuando la Administración dicta un acto administrativo no puede actuar de manera arbitraria dejando a una de las partes en indefensión, sino que tiene que hacerlo, necesariamente, tomando en consideración las circunstancias de hecho que corresponden con la base o fundamentación legal que autorizan su actuación, es decir todo acto administrativo para que pueda ser dictado, requiere que el órgano tenga competencia, que una norma expresa autorice la actuación; que el funcionario interprete adecuadamente la norma; que constante la existencia de una serie de supuestos de hecho del caso en concreto, y que esos supuestos de hecho concuerden con la norma y con los presupuestos de derecho, y todo ello es lo que puede conducir a la manifestación de voluntad que conduce al acto administrativo. En tal sentido los supuestos fácticos o los supuestos de hecho del acto administrativo, son la causa o motivo de que, en cada caso, el acto se dicte.
De la lectura del recurso presentado no se evidencia la fundamentación de ley de la solicitud de la medida cautelar ni de la suspensión de los efectos de la decisión proferida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua sede Maracay a favor de la empresa INVEAUTO C.A., en razón a esto, esta sentenciadora considera que no se presume la existencia del buen derecho del solicitante de cautela, es decir, que no se encuentra verificado el “fumus bonis iuris”. No obstante, en cuanto al requisito del “periculum in mora”, esto es, que la ejecución del acto administrativo impugnado cause un perjuicio que no pueda ser reparado o que sea de difícil reparación por la sentencia definitiva que se dicte al efecto, resulta necesario mencionar que si bien, la decisión de la providencia administrativa pudiera ocasionar un daño de difícil o imposible reparación a la ex trabajador de la empresa INVEAUTO C.A. lo cual no se refuta como cierto ni existe prueba de ello en la presente solicitud ya que no fue mencionado en el escrito la medida cautelar de la suspensión de los efectos ni sus fundamentos de derecho, por lo que es para esta Juzgadora imposible relacionar el daño irreparable que le causará la decisión de la Inspectoría del Trabajo hoy demandada en el presente asunto, también es cierto que para que se declare la cautela como medio de suspensión de los efectos del acto impugnado, deben concurrir los extremos anteriores para decretar su procedencia, y siendo que ello no consta en el presente caso, no es posible pronunciarse sobre la procedencia de la medida solicitada. ASÍ SE DECIDE.-
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y sin que se pueda afirmar que se ha adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión objeto del recurso contencioso administrativo de nulidad, aprecia quien decide que, en el presente caso, no se ha demostrado la existencia del fumus boni iuris y el periculum in mora, en consecuencia, esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión del Acto recurrido.- ASÍ SE DECIDE.-
IV
DECISIÓN
Por lo expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida cautelar en contra la Providencia Administrativa Nº 160-10, de fecha 23 de febrero de 2010, por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Girardot, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Costa de Oro, Linares Alcántara y Mariño del Estado Aragua. ASI SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.-
LA JUEZ,

DRA. NIDIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
LA SECRETARIA,

Abg. BETHSI RAMIREZ


En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia siendo las 01:38 p.m.


LA SECRETARIA,

Abg. BETHSI RAMIREZ