Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, doce (12) de agosto de dos mil once (2011)
201º y 152º
SENTENCIA N° 1337
Asunto N°: AP41-U-2009-000476

En fecha 24 de enero de 2008, el ciudadano ENRIQUE ARTEAGA VALOR, en su condición de comerciante y bajo el RIF Nro. V-08627653-0; domiciliado en la ciudad de Calabozo del Estado Guarico, y debidamente asistido por el Lic. en Contaduría Pública, Julio Cesar Carrillo Vargas, titular de la cédula de identidad V-5.963.328, y número de colegiatura C.P.C. 34.155, interpuso recurso contencioso tributario subsidiario al recurso jerárquico, contra la Resolución N° GRTI-RLL-DJT-RJ-SL2008-000056, de fecha 13 de marzo de 2008, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Llanos adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); a través de la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente accionante contra la Resolución Nro. GRTI/RLL/DF/2766/2007-00742, de fecha 29 de Noviembre de 2007, siendo notificado el día 21 de diciembre de 20007, emitida por la División de Fiscalización del SENIAT, mediante la cual se le impuso al contribuyente multa, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por incumplimiento de deberes formales.

En fecha 22 de septiembre de 2009, el recurso fue recibido de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios del Área Metropolitana de Caracas. Este Tribunal le dio entrada a la causa en fecha 23 de septiembre de 2009, bajo el N° AP41-U-2009-000476, y en ese mismo auto se ordenó la notificación a los ciudadanos Procuradora y Fiscal General de la República, Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT y al contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO), a los fines de la admisión o inadmisión del recurso conforme lo dispuesto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, así mismo se libró comisión al Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, San Jerónimo y Camaguán de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, para que practicará la notificación del contribuyente accionante, de la entrada ante este órgano jurisdiccional del referido recurso.

Así, el Fiscal General de la República fue notificado el 13 de octubre de 2009, la Procuradora General de la República el 20 de octubre de 2009, y la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT el 02 de diciembre de 2009, siendo consignadas las boletas en fechas 15 de octubre, 21 de octubre y 09 de diciembre de 2009, respectivamente.

En este sentido, el 07 de junio de 2010, éste Tribunal recibió la comisión librada al Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, San Jerónimo y Camaguán de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, debidamente firmada y recibida por el contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO).

El 30 de junio de 2011, este Tribunal recibió diligencia de la abogada Iris Gil, en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, mediante la cual solicitó se sirva decretar la perención de la instancia en la presente causa.

II
FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO

En fecha 13 de marzo de 2008, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); dictó la Resolución N° GRTI/RLL/DJT-RJ-SL2008-000056, a través de la cual declaró SIN LUGAR el recurso jerárquico interpuesto en fecha 24 de enero de 2008, por el contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO), bajo la siguiente argumentación.

“(…) A diferencia del acto nulo de pleno derecho, cuya invalidez total, radical y absoluta se configura desde su origen (su emisión, y por ello se habla de reconocimiento de nulidad absoluta, de una situación anterior, el acto anulable es válido, no de manera perfecta sino relativa. Y esa relativa validez en el caso de que no sea perfeccionada, mediante la subsanación del vicio correspondiente, podría “degenerar” en invalidez, a condición de que el particular afectado por la actuación viciada, impugne oportunamente el acto irregular, y el Juez de lo Contencioso Tributario declare son lugar el recurso correspondiente. En virtud de los alegatos expresados anteriormente esta alzada pasa a revisar el acto administrativo y a corregir el error de la Administración en relación con el supuesto incumplimiento del artículo 159 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, siendo que el incumplimiento cometido hace referencia al artículo 186 tal como lo expresó el fiscal actuante e el Acta de Recepción N° GRTI/RLL/DF/VDF/2007-2766-01 de fecha 20/09/2007, que riela en el folio 03, del expediente 2008-009. Así se declara.

Por último, esta Alzada Administrativa observa que la planilla objeto de la impugnación que contiene la Resolución Nro. GRTI/RLL/DF/2766/2007-00742, de fecha 29/11/2007, notificada en fecha 21/12/2007, fue emitida con base en la unidad tributaria vigente para el momento en que se realizó el procedimiento de verificación (…)

(…) Se observa que le valor de la unidad tributaria aplicable en el caso de multas, será el vigente para el momento del pago, en el caso bajo examen, esta Instancia Administrativa encontró que las multas impuestas por la Administración Tributaria Regional al contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO), fue determinada utilizando los valores de la Unidad Tributaria vigente para la fecha del procedimiento de verificación, es decir, de treinta y siete mil seiscientos treinta y dos bolívares exactos (Bs. 37.632,00), de acuerdo con lo establecido en Gaceta Oficial N° 38.603, publicada en fecha 12/01/2007, sin embargo, durante el tiempo transcurrido en trámites del presente recurso jerárquico, el valor de la misma fue actualizada de conformidad con lo impuesto en la Providencia Administrativa N° 0062, del 22-01-08, publicada en Gaceta Oficinal N° 38.855, de fecha 22-01-08, siendo así éste Superior Jerárquico procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo previamente transcrito, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Incumplimiento Multa (U.T) Valor de U.T (Bs.F) Total Multa (Bs.F) Diferencia de Planilla a emitir (Bs.F)
Omitió notificar los cambios de los datos en el Registro de información Fiscal (RIF). 50 U.T Bs.F 46,00 Bs. 2.300,00 Bs.F 418.400,00
TOTAL Bs.F 418.400,00
Y Así se declara.

V
DECISIÓN ADMINISTRATIVA

Por las razones expuestas, DELFÍN SALVADOR PAES GRAFFE, Gerente Regional de Tributos Internos de la Región los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), según Resolución N° 087, d fecha 23-02-99, publicada en Gaceta Oficial N° 366673, de fecha 05-04-99, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Resolución N° 913, de fecha 06/02/2002, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.398, de fecha 06/03/2002, declara SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente ENRIQUE ARTEAGA VALOR (FOTO ESTUDIO KIKE), identificado al inicio de la Resolución”.

En consecuencia, en virtud del recurso contencioso tributario interpuesto en forma subsidiaria, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), libró el Oficio N° SNA/INTI/GRTI/RLL/DJT/ARNAE/2009-2219, de fecha 26 de agosto de 2009, mediante el cual remitieron el presente caso a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), siendo recibido por éste Tribunal el 22 septiembre de 2009.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Este Tribunal antes de dilucidar el fondo de la presente controversia procede a analizar si operó la perención de la instancia en el recurso contencioso tributario (subsidiario al recurso jerárquico), interpuesto en fecha 24 de enero de 2008. A tal efecto, se observa lo siguiente:

La perención es un modo de terminación procesal, mediante la cual se castiga la inactividad de las partes, su negligencia, independientemente de que sean culpables o no, por lo que la inacción del Juez no es determinante en la ocurrencia de aquélla.
Esta institución procesal regulada en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, tiene su origen en la perención prevista en el proceso civil ordinario desde el Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable rationae temporis, señala lo siguiente:

“Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención”. (Subrayado del Tribunal).

Como se observa, tres (3) son los requisitos que deben concurrir para aseverar que estamos en presencia de la comentada institución: una objetiva, relacionada con la no realización de actos procesales; una subjetiva, atinente a la inactividad de las partes y no del juez; y una condición temporal, en cuya virtud se exige que la pasividad de las partes exceda del plazo de un año. (Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.,Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, t. II, Organización Gráficas Carriles, C.A., p. 373).

Si en la relación procesal se observa la existencia de estas tres (3) condiciones, es evidente que existe una renuncia de las partes a continuar la instancia. En efecto, el hecho de dejar transcurrir un (1) año, ejerciendo un papel de simple espectador de la inactividad judicial sin gestionar en modo alguno en el expediente, en procura de la continuación del proceso, evidencia a juicio de este Tribunal, falta de interés, por parte de la contribuyente, en obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial ante la cual ha sometido el conocimiento del asunto. De manera que, no es la inacción del Juez, per se, la que acarrea la perención de la instancia, sino que es la inactividad de las partes la que es sancionada con esta declaratoria de perención.

La desidia de los sujetos procesales por más de un año, extingue la instancia de pleno derecho, es decir, que la perención opera ex lege, pudiendo ser alegada por las partes o decretada de oficio por el Juez, quien analizará previamente que se han cumplido los presupuestos necesarios para su declaratoria.


Así, en el proceso tributario habría que analizar cada situación particular para verificar si estamos en presencia de la prenombrada figura procesal.

En efecto, cuando el recurso es interpuesto directamente ante el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente, según el principio procesal general establecido en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, perfectamente aplicable al proceso tributario, por mandato del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, el proceso se inicia con la presentación del recurso y por ende la instancia. Dispone el comentado artículo 339:
“Artículo 339. El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez”.

En este sentido se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal de Justicia, retomando el criterio de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria (Cfr. Sentencia N° 164 del 17 de abril de 1991, según el cual, cuando el recurso es interpuesto directamente, la instancia se inicia con la entrada del recurso al Tribunal, independientemente que las partes estén o no notificadas. El criterio quedo expresado en los siguientes términos
“Dilucidado lo anterior, esta Sala considera que basta para que opere la perención, que la causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, transcurrido el cual, el tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.

Se trata así, del simple cumplimiento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención.

En definitiva, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte.

Siguiendo los lineamientos anteriores expuestos, esta Sala pasa a revisar el caso de autos y constata que tal y como fue apreciada por la recurrida, desde el día 16 de septiembre de 1999, fecha en que el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario le dio entrada al recurso interpuesto, bajo el Nº 1.334 y ordenó librar las boletas de notificación a las partes, así como solicitar el respectivo expediente administrativo; hasta el día 21 de septiembre de 2000, fecha en la cual la representante del Fisco Nacional solicitó fuera declarada la perención de la instancia, transcurrió el lapso de un año previsto en el indicado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual resulta procedente declarar la perención y, en consecuencia, la extinción de la instancia en el presente proceso. Así se decide.

Efectuado el anterior planteamiento y de la revisión de la recurrida, esta Sala considera contrariamente a lo alegado por la representación de la apelante, que el fundamento de la declaratoria de perención no es la ausencia en el pago de los aranceles judiciales, sino la inactividad procesal de las partes durante el lapso de un año.

En cuanto al incumplimiento de las supuestas condiciones esenciales para la procedencia de la perención señaladas por la recurrente, esta Sala observa que las mismas (objetiva, subjetiva y temporal) no se encuentran dispuestas en norma legal alguna, siendo suficiente para la declaratoria de perención –tal como se avisara anteriormente-, la ausencia de actividad procesal durante el plazo previsto en la norma señalada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de que el tribunal haya librado o no las citaciones de Ley o solicitado la remisión del expediente administrativo. Así se establece”. (Sentencia Nº 229, de la Sala Político-Administrativa de fecha 07 de febrero de 2002, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Supermetanol, C.A., Exp. N° 2001-423) (Subrayado del Tribunal).

Otro supuesto sería, cuando el recurso contencioso tributario ha sido interpuesto subsidiariamente al jerárquico. En este caso, una vez que el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente le da entrada, debe por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Tributario, practicar la notificación de la recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, con el fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso previstos en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Así ha quedado sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

“(…) Visto lo anterior, debe señalarse que en el caso de autos era indispensable notificar a la contribuyente, pues la misma no se encontraba a derecho, debido a que de conformidad con el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario antes transcrito, al tratarse de un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico, se debe notificar a ésta en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, razón por la que no puede considerarse que la recurrente esté a derecho a partir de la interposición del recurso ante la Administración Tributaria; tal posición, se confirma mediante el auto dictado por el a quo en fecha 14 de julio de 2003, donde fueron ordenadas todas las notificaciones. Por consiguiente, no es sino hasta que conste en autos la notificación de todas las partes, el momento a partir del cual debe entenderse que se encuentran a derecho.

En este sentido, observa esta Sala que el a quo ordenó por auto del 14 de julio de 2003 la notificación de la contribuyente; sin embargo, no consta en autos su práctica y posterior consignación, cuestión que a todas luces en criterio de esta Alzada, es contrario a derecho, pues es insostenible que ante la falta de notificación a la contribuyente de la llegada del recurso contencioso tributario al órgano jurisdiccional competente, se declare la perención de la instancia por falta de actuación de la contribuyente recurrente tendiente a impulsar el proceso, cuando ella aún no estaba a derecho.

En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta demás necesaria para que operara la perención.

Con base a lo anterior, considera esta Sala que el a quo con tal declaratoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la contribuyente, al no permitirle el acceso al órgano jurisdiccional competente para el ejercicio de su derecho a la defensa en la primera instancia, así mismo al debido proceso como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, el cual tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica necesaria en la efectiva tutela judicial que la jurisdicción tiene como guía, pues ante la ausencia o falta de notificación de la llegada del recurso contencioso tributario, no se le brindó a la contribuyente las garantías suficientes para la efectiva y debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación del referido recurso. Así se declara”. (Sentencia N° 130 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de enero de 2006, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A., Exp. N° 2005-2090).

Establecido lo anterior, este Tribunal observa que en el caso sub judice, este Tribunal en el auto de entrada de fecha 23 de septiembre de 2009, ordenó notificar a la Procuradora y Fiscal General de la República, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO).
Así, el Fiscal General de la República fue notificado el 13 de octubre de 2009, la Procuradora General de la República el 20 de octubre de 2009, y la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT el 02 de diciembre de 2009, siendo consignadas las boletas en fechas 15 de octubre, 21 de octubre y 09 de diciembre de 2009, respectivamente.

En este sentido, el 07 de junio de 2010, éste Tribunal recibió la comisión librada al Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, San Jerónimo y Camaguán de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, debidamente firmada y recibida por el contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO).
Se observa así, como el Tribunal cumplió con la obligación procesal que le impone el artículo 264 del Código Orgánico Tributario de 2001, como lo es notificar a la recurrente que el recurso contencioso tributario que ejerció en forma subsidiaria en fecha 24 de enero de 2008, en fecha 23 de septiembre de 2008, le dio entrada. En efecto, señala la citada disposición legal:

“Artículo 264. Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio”. (Subrayado del Tribunal).


Así, la litis o debate procesal se instauró una vez que todas las partes se encontraron debidamente notificadas, es decir, el 07 de junio de 2010, día en que se recibió la comisión mediante la cual se le practicó la notificación del contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO). Ahora bien, desde esa fecha hasta el día 30 de junio de 2011, fecha en la cual la representación del Fisco Nacional solicitó se declarara la perención de la instancia, se observa que transcurrió más de un (1) año sin haberse realizado un acto de procedimiento, en virtud del cual se evidencie la intención o propósito de las partes de continuar el proceso.

En consecuencia, en aras de proteger el interés público reflejado en la necesidad imperiosa de evitar que los juicios se prolonguen indebidamente y en el desideratum común de descargar a la jurisdicción de causas que han sido abandonadas por falta de diligencia de las partes, quien decide, declara con fundamento en lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que en la presente causa se consumó el lapso necesario para que perima la instancia. Así se decide.

IV
DECISIÓN

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a los ciudadanos Procuradora y Fiscal General de la República, a la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y al contribuyente ENRIQUE JOSÉ ARTEAGA VALOS (FOTO ESTUDIO).

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de cien (100) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Jueza Suplente,

Lilia María Casado Balbás El Secretario,

José Luis Gómez Rodríguez


En el día de despacho de hoy doce (12) de agosto de dos mil once (2011), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se publicó la anterior sentencia.

El Secretario,

José Luis Gómez Rodríguez



Asunto N°: AP41-U-2009-000476
LMCB/JLGR/mm