REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 12 de Agosto de 2011
201º y 152º
SENTENCIA INTERLOCUTORIA: PJ 0082011000117
CUADERNO SEPARADO: AF48-X-2011-000014
ASUNTO PRINCIPAL: AP41-U-2011-000126
DECISIÓN INTERLOCUTORIA
(Suspensión de efectos del acto recurrido)
Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2011, la ciudadana ARCELA FERMIN FERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad No V- 3.628.023, abogada en ejercicio inscrita en el INPREABOGADO bajo el No 15.582, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil REPUESTOS VOLFORCEL, C.A., solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/CRA/2010-000609, de fecha 21/12/2010, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, y notificada en fecha 24 de febrero de 2011.
I
DE LA SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO
La recurrente, solicita que se suspendan los efectos de la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/CRA/2010-000609, de fecha 21/12/2010, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, y notificada en fecha 24 de febrero de 2011, de la siguiente forma:
“(…)Los actos identificados como Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/CRA/2010, notificada en fecha 24 de febrero de 2011, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital así como contra la Resolución Nº 6975, de fecha 15 de febrero de 2008, y sus correlativas Planillas de Liquidación Nº 01101225000208 y Nº 01101227000269, ambas de fecha 15 de febrero de 2008, emitidas por los montos de Un Mil Ciento Cincuenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 1.150,00) y Cien Mil Doscientos Once Bolívares Fuertes (Bs.F. 100.211,00) respectivamente, equivalentes a 2203,50 Unidades Tributarias, deben ser pagadas al valor de la unidad tributaria vigente al momento del pago y representa un mil por ciento (1000%) mas que el capital social de mi representada, que como se podrá observar en los estatutos sociales de la empresa recurrente, los cuales anexo al presente escrito marcados con la letra “E”, el capital social se encuentra constituido por la cantidad de Cien Mil Bolívares (Bs. 100.00,00) actualmente Cien Bolívares Fuertes (Bs. F. 100,00) de allí que mi reprensada sea contribuyente formal al impuesto al valor agregado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y no ordinaria y que la sanción impuesta por la Administración Tributaria resulte desproporcionada con respecto a los ingresos que percibe producto de su actividad comercial, tal como se puede apreciar de los libros contables de la contribuyente(…)”
“(…) La medida de suspensión de efectos es solicitada a este honorable Tribunal con fundamento en el grave perjuicio que la ejecución inmediata de los actos administrativos recurridos, comportara para mi representada, así como la apariencia del buen derecho en que su fundamenta el presente recurso contencioso tributario. (…)”
“(…) Por las razones antes expuestas, resulta claro el perjuicio que se ocasionaría a mi representada si el acto administrativo identificado con anterioridad no son suspendidos en su totalidad, por todo el tiempo que dure la pendencia del presente proceso judicial, tal como lo solicito formalmente sea declarado por este honorable Tribunal(…)”
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde analizar en este momento lo que prevé la primera parte del artículo 263 del Código Orgánico Tributario:
“Artículo 263.- La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de parte el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamenta en la apariencia de buen derecho.”
Tal como se desprende del contenido del artículo anteriormente trascrito, la sola interposición del recurso contencioso tributario no suspende los efectos del acto recurrido; sin embargo, a instancia de parte, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, luego de revisar si en el caso concreto se cumplen los requisitos exigidos por la antes referida disposición.
Ahora bien, en torno a este tema la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fijó criterio, mediante sentencia dictada en el caso: DEPORTES EL MARQUEZ C.A., de fecha 03-06-2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en los siguientes términos:
“… la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario. (Subrayado del Tribunal)
“En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.
“Entonces, al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado, conforme a lo explicado debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo cual no puede hablarse, en este caso, de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados o las partes que la conforman para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, deben verse en forma conjunta, y no sosteniendo que indistintamente la existencia de que cada uno, por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal.
“Conforme a todo lo expuesto, esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados y, en tal sentido, entender de la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario. (Subrayado del Tribunal)
En tal sentido, el juez contencioso tributario debe tener presente que para dictar el decreto cautelar, no bastan las simples alegaciones sobre la apariencia de un derecho, o sobre la existencia de un peligro grave que lesione los intereses del impugnante; sino que dichos requisitos deben acreditarse en el expediente a través de hechos concretos que permitan verificar la certeza del derecho y que el peligro sea grave, real e inminente.” (Subrayado del Tribunal)
Aplicando el anterior criterio jurisprudencial al caso bajo análisis, se observa que en la presente solicitud de suspensión de efectos la contribuyente no invoco los requisitos para su procedencia a saber el grave perjuicio que pudiera causarle la ejecución del acto recurrido ni la presunción grave del derecho que se reclama es decir el periculum in damni, y el Fumus Boni Iuris.
En consecuencia al no constar en autos, elementos que permitan concluir que la ejecución del acto cuya suspensión ha sido solicitada pueda causar un daño grave, inminente e irreparable a la contribuyente así como no se desprende del expediente que pudiera existir la concurrencia de la apariencia de buen derecho, en razón de que no constituyó medio probatorio alguno, por haber sido solicitada en forma genérica e indeterminada, la procedencia de la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo arriba expuesto, resulta improcedente. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, a fin de garantizar una efectiva administración de justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEl ACTO RECURRIDO, contenido en la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/CRA/2010-000609, de fecha 21/12/2010, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, y notificada en fecha 24/02/2011, realizada por la abogada ARCELA FERMIN FERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad No V- 3.628.023, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No 15.582, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil REPUESTOS VOLFORCEL, C.A.
La Jueza Titular
Dra. Doris Isabel Gandica Andrade
La Secretaria Titular
Abg. Cristel A. Peinado M.
CUADERNO SEPARADO: AF48-X-2011-000014
ASUNTO PRINCIPAL: AP41-U-2011-000126
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