REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA







EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 02 de agosto de 2011
201º y 152º

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana ANITA MARIA DE FARIA BARREIRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.256.654, de este domicilio, en su carácter de Apoderada de la Empresa OFICINA TECNICA DE INGENIERÍA C.A. (O.T.I.), inscrita por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de Diciembre de 1976, bajo el Nº 102, Tomo 15, posteriormente modificado por ante la oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 16 de julio de 1997, bajo el Nº 25, tomo 32-A.
Apoderado Judicial: Abogado MIGUEL ANGEL LEON ZAMORA, Inpreabogado N°, 33.645.

PARTE DEMANDADA: ciudadana SARA COLANTUONI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.910.406, de este domicilio.
Domicilio procesal: Urbanización Araguama Country, Villa Algarrobo, Casa Nº 15, Los Samanes, Maracay, Estado Aragua.


MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO.

EXPEDIENTE: 10.503

DECISIÓN: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.


I
ANTECEDENTES


En fecha 06 de abril de 2006 se recibió demanda constante de dos (2) folios útiles, interpuesta por la ciudadana ANITA MARÍA DE FARIA BARREIRO, en su carácter de Apoderada de la Empresa OFICINA TECNICA DE INGENIERÍA C.A. (O.T.I.), supra identificados, debidamente asistida por el ciudadano abogado Miguel Ángel León Zamora, Inpreabogado N° 33.645 (folio 17).

El 04 de abril de 2006, el Tribunal ordenó trasladarse y constituirse el jueves 11 de mayo de 2006 (folio 18).

El 11 de mayo de 2006, el Tribunal declaró desierto el Acto de traslado, debido a que la parte interesada no se hizo presente (folio 19).


II
PUNTO PREVIO


Como punto previo al desarrollo de la motivación que fundará la base de la dispositiva del presente fallo, este Tribunal considera imprescindible mencionar lo siguiente:

Es un hecho notorio el congestionamiento presente en el Sistema de Justicia venezolano, debido a una multiplicidad de factores, tales como, la falta de personal, la insuficiencia de recursos, el gran cúmulo de trabajo pendiente, etcétera.

Dicha circunstancia ha sido reconocida ampliamente por nuestro máximo Tribunal de la República [Ver Sentencia No. 03-3267 de fecha 22 de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia]; y por lo cual se han venido elaborando planes conjuntos con la finalidad de garantizar que todos los pedimentos realizados por los justiciables sean atendidos y tramitados con la mayor celeridad posible.

En reciente data, específicamente en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 2009-2006, reconoció expresamente el exceso de trabajo que venían experimentando los Tribunales de Primera Instancia de la República, con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ocasionado principalmente por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria presentes en ellos y por lo escaso del valor en Bolívares tomado como fundamento para fijar la competencia por la cuantía, por lo que, procedió a otorgarle de manera exclusiva la competencia de jurisdicción voluntaria a los Tribunales de Municipio, y a modificar la competencia en razón de la cuantía existente en nuestro país desde el día 23 de abril de 1996, fecha en la cual entró en vigencia la resolución No. 619 dictada por el extinto Consejo de la Judicatura.

Siendo así las cosas, este Tribunal no se escapa de la situación de congestionamiento judicial anteriormente señalado y reconocido por la más alta esfera jurisdiccional de la República, toda vez que desde la fecha de su creación [04 de julio de 1.990] ha tenido atribuida el conocimiento de gran número de causas en lo Civil, Mercantil y Agrario, destacando que ésta última materia, sólo la tiene atribuida este despacho dentro de la jurisdicción del estado Aragua. Por todo ello, han quedado pendientes por resolver cierta cantidad de causas, que en un número significativo se debe a los factores antes señalados y/o al desgano manifiesto de los accionantes.

En consecuencia, dada la preocupación imperante de este Juzgador en dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos que penden en este Tribunal, sin dejar de lado por ello la gran cantidad de juicios que se encuentran actualmente en tramitación, se ha elaborado en este despacho un cronograma especial de trabajo con el fin de conferir respuestas y soluciones a que haya lugar según el caso en concreto, con la firme intención de lograr así el descongestionamiento de la actuación judicial en esta sede. No obstante la falta de interés en muchas oportunidades de las partes y la falta de concientización de los abogados de participar verdaderamente como integrantes del Sistema de Justicia consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República.

Por todo lo anteriormente manifestado y estando este expediente dentro del operativo especial de trabajo anteriormente enunciado, este Juzgador procede a razonar la presente decisión en vista de las siguientes consideraciones de hecho y derecho:






III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Del examen de las actuaciones que cursan en el expediente, en conformidad con lo establecido en el auto de fecha 11 de mayo de 2006, que riela al folio 19, en el cual se ordenó a la parte actora que debía consignar el Original del Cheque de Gerencia Nº 03006807, advirtiéndoles que de no constar impulso procesal en los siguientes treinta (30) días, se declararía extinguido el procedimiento; siendo entonces que hasta la presente fecha la parte actora no ha ejercido ningún acto tendente a impulsar el procedimiento y habiendo transcurrido más de treinta (30) días desde dicha fecha hasta el día de hoy, este Juzgador observa que la parte actora no ha manifestado interés en proseguir con el procedimiento, por lo cual, resulta forzoso para quien decide declarar extinguido el procedimiento, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECLARA.

Asimismo se ordena notificar a la parte demandante de la presente decisión a fin de que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy, se de por notificada, a los fines de que pueda ejercer los recursos correspondientes, advirtiéndole que vencido éste plazo quedará definitivamente firme la sentencia.

Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado, motivado a la imposibilidad evidente de publicarlo en la prensa, y tampoco siendo posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de 500 metros de este Juzgado sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el gran número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde se deben realizar citaciones, notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil utilizar su tiempo útil en la práctica de actuaciones en juicios que se encuentran paralizados, en muchos casos debido a la falta de atención de las partes. Todo en conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (noción de justicia oportuna), hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001. Exp: 00-1491, Sentencia No. 956, y con los artículos 14, 16 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.


DISPOSITIVA

Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 7 Y 14 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara:


PRIMERO: EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO de OFERTA REAL DE PAGO, incoado por la ciudadana Anita María de Faria Barreiro, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V-7.256.654, en su carácter de Apoderada de la Empresa Oficina Técnica de Ingenieria C.A. (O.T.I.), inscrita por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de Diciembre de 1976, bajo el Nº 102, Tomo 15, posteriormente modificado por ante la oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 16 de julio de 1997, bajo el Nº 25, tomo 32-A, debidamente asistida por el ciudadano abogado Miguel Ángel León Zamora, Inpreabogado N° 33.645, contra la ciudadana Sara Colantouni, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.910.406.


SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza de la decisión.


TERCERO: Se ordena notificar por cartelera a las partes de la presente decisión.


CUARTO: Se ordena la desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial en la oportunidad legal correspondiente.


Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo.
Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, al Segundo (02) día del Mes de Agosto del año Dos Mil Once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.



EL JUEZ,


ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA.

LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. MARIA ALEJANDRA PABON.


RCP/MP/Dan-.
EXP. N° 10.503
En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 02:30 PM. Y Se libro cartel ordenado.


La Secretaria Temporal.