Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas Caracas, veinte (20) de diciembre de 2011. 201º y 152º Sentencia Interlocutoria N° 138/2011 Asunto Nuevo: 689 Asunto Antiguo: AF47-U-1993-000015 En fecha 03 de mayo de 1993, el abogado Felix Hernandéz Richards, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 5.544.003 inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 23.809, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AGA DE MARACAIBO C.A., sociedad mercantil constituida por documento inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 01 de noviembre de 1985, bajo el Nro. 71, Tomo 41-A Pro, interpuso recurso contencioso tributario contra la Resolución Nro. Ar-06-02-93 de fecha 14 de febrero de 1993 y contra el Acta de Intervención Fiscal No. Ar-03-02-93 de fecha 14 de febrero de 1993. El 06 de mayo de 1993,se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 11 de mayo de 1993, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 689, ordenándose notificar al Concejo Municipal del Municipio Rosario de Perijá. Administración de Rentas Municipales del Estado Zulia a los ciudadanos Procurador y Contralor General de la República. Por auto de fecha 11 de mayo de 1993, se libró Oficio No. 1276 al ciudadano Juez del Juzgado del Municipio El Rosario, Distrito Perija de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a los fines de remitirle constante de tres (3) folios útiles el despacho, a los fines de la notificación al Concejo Municipal del Municipio Rosario de Perija Así, el ciudadanos Procurador General de la República fue notificado en fecha 18/05/1993 y consignada en la misma fecha y el ciudadano Contralor General de la República fue notificado en fecha 08/06/1993 y consignada en fecha 09/06/1993. Mediante auto de fecha 09 de noviembre de 1993, este Tribunal dictó auto a los fines de impulsar de oficio el presente proceso en virtud de la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12/08/1993, en la cual se da competencia en Materia Municipal a los Tribunales Superiores Tributarios, en consecuencia ordenó notificar a los ciudadanos Procurador, al ciudadano Contralor General de la República y al ciudadano Sindico o Representante Legal del Municipio Rosario de Perija del Estado librándose el oficio No. 1387 de esta misma fecha Así, la contribuyente AGA DE MARACAIBO C.A., fue notificada en fecha 22/11/1993 y consignada en fecha 24/11/1993. El ciudadano Procurador General de la República fue notificado en fecha 03/12/1993 y consignada en fecha 02/12/1993. En fecha 09/12/1993 se recibió Oficio No. 6210-707 de fecha 12/11/1993 emanado del Juzgado del Municipio Rosario del Estado Zulia constante de seis (6) folios útiles donde el Concejo Municipal del Municipio Rosario de Perija Administración de rentas Municipales del Estado Zulia se dio por notificado. Este Tribunal ordenó agregarlo a los autos en fecha 10/12/1993 Así, el ciudadano Contralor General de la República fue notificado en fecha 15/12/1993, siendo consignada la boleta en fecha 15/12/1993. En horas de despacho del día 04 de abril de 1994 comparece por ante este tribunal el abogado Arnoldo Troconis, apoderado de la recurrente y mediante diligencia solicitó se ratifique el Oficio No. 1387 de fecha 09/11/1993. Por auto de fecha 06/04/1994 este tribunal acordó dicha diligencia a los fines de ratificar el oficio ya identificad, librándose el oficio No. 98/94 al ciudadano Juez del Juzgado del Municipio El Rosario Distrito Perija del Estado Zulia a los fines de la notificación del ciudadano Alcalde y Sindico Procurador. En horas de despacho del día 26 de mayo de 1994, este tribunal recibió Oficio No. 6210-220 de fecha 22/04/1994 del Juzgado del Municipio Rosario del Estado Zulia comisión constante de ocho (8) folios útiles donde el ciudadano Alcalde y el Sindico Procurador del Municipio Rosario de Perija, se dieron por notificados. Este tribunal por auto de fecha 31/05/1994 agregó dicha Comisión. Así, a través de Sentencia Interlocutoria S/N de fecha 08 de junio de 1994, este Tribunal admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente. Mediante auto de fecha 15 de junio de 1994 se declaró la causa abierta a pruebas. En fecha 19 de enero de 1994, compareció el abogado Arnoldo Troconis, apoderado de la recurrente y consignó escrito de promoción de pruebas constante de tres (3) folios útiles y sus anexos. Por auto de fecha 06 de julio 1994, este Tribunal ordenó agregar a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 19/01/1994. Mediante auto de fecha 14 de julio de 1994, este tribunal admitió las pruebas promovidas cuanto ha lugar en Derecho, salvo su apreciación en la definitiva ordenándose agregar a los autos los instrumentos consignados y debidamente identificados en dicho escrito. Mediante auto de fecha 21 de septiembre de 1994, se fijó el décimo quinto día de despacho inmediato siguiente, para que tenga lugar el acto de informes. En horas de despacho del día 14 de octubre de 1994, compareció por ante este Tribunal el apoderado de la recurrente el abogado Arnoldo Troconis a los fines de consignar el escrito de informes constante de dieciséis (16) folios útiles, sin informes por parte de la Representación Municipal. Por auto de fecha 17 de octubre de 1994, este Tribunal agregó el escrito de informes presentado en fecha 14/10/1994. En horas de despacho del día 31 de marzo de 1995, compareció por ante este Tribunal el abogado Arnoldo Troconis, apoderado de la recurrente y mediante diligencia solicitó a este Tribunal se sirva decir Vistos y dictar sentencia en el presente proceso. Por auto de fecha 05/04/1995 se acordó lo solicitado. En horas de despacho el día 02 de junio de 1995, compareció el abogado Arnoldo Troconis, apoderado de la recurrente y mediante diligencia consignó constante de once (11) folios útiles copia de la Sentencia de fecha 06/12/1994 dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, siendo ésta agregada en fecha 05/06/1995. En horas de despacho de los días 29/03/1996, 13/01/1997, 13/08/1997, 27/05/1998, 20/11/1998, 27/07/1999, 09/06/2000, 06/04/2001, 18/03/2002, 18/03/2002, 10/02/2003, y 27/01/2004, compareció el apoderado de la recurrente y mediante diligencia solicitó se dicte sentencia en la presente causa siendo estas todas agregadas a los autos. Por auto de fecha 16 de septiembre de 2010, este tribunal se avocó al conocimiento de la presente causa. I MOTIVACIONES PARA DECIDIR Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente AGA DE MARACAIBO C.A., contra la Resolución Nro. Ar-06-02-93 de fecha 14 de febrero de 1993 y contra el Acta de Intervención Fiscal No. AR-03-02-93 de fecha 14 de febrero de 1993, no obstante se observa que este Tribunal dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 17/10/1994, tal y como consta en el folio 119 del expediente judicial, y que hasta el día 16 de septiembre de 2010, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no se produjo ninguna actuación de las partes. En relación a lo anteriormente expuesto, resulta oportuno transcribir la sentencia N° 416, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en la cual se estableció lo siguiente: “…El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal). De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o, ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”. Siendo así, en el presente caso se observa que esta juzgadora luego que dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 17/10/1994 (folio 119 del expediente judicial), y hasta el día 16 de septiembre de 2010, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no consta ninguna otra actuación de las partes, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por dieciséis (16) años, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa. No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, dejó sentado que “… el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos…” En consecuencia, este Tribunal ordena la notificación personal de la contribuyente para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la consignación en autos de la boleta de notificación, manifieste su interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, en el supuesto de que no pueda practicarse la notificación personal de la contribuyente AGA DE MARACAIBO C.A. de autos, se procederá a fijar un Cartel a las Puertas del Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 264 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 174 y 340 ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que transcurridos diez (10) días de despacho desde su fijación se tendrá por notificada y comenzará a correr el lapso de treinta (30) días continuos para que la empresa accionante manifieste si mantiene el interés en que se decida la presente causa, vencido los cuales sin que exista tal pronunciamiento, este Tribunal considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 740 de fecha 19 de junio de 2008, Caso: EMPRESA TOSCANY, C.A., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE). II DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la contribuyente AGA DE MARACAIBO C.A. para que exponga, en un plazo máximo de treinta (30) días contados desde que se evidencie en autos la constancia de haberse practicado su notificación, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa, vencido los cuales sin que haya respuesta de la recurrente, este Tribunal declarará extinguida la presente causa de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. La Jueza Suplente, Lilia María Casado Balbás El Secretario José Luis Gómez Rodríguez Asunto Nuevo: AF47-U1993-000015 Asunto Antiguo: 689 LMCB/mm.