REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 20 de enero de 2011. 199º y 151º EXPEDIENTE Nº 48268-10 DEMANDANTE: BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas. Inscrita originalmente en el Registro Mercantil del Estado Zulia, el día 13 de junio de 1977, bajo el N° 1, tomo 16-A y reformada íntegramente en fecha 21 de marzo de 2002, e inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de junio de 2002, bajo el N° 8 tomo 676 A, quién se fusionó con Unibanca Banco Universal C..A, cuyo cambio de denominación consta por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 23 de febrero de 2001, bajo el N° 12, tomo 33-A. APODERADO: XIOMARA GUERRERO, abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.069. DEMANDADO: INVERSIONES AVILES Y OTROS, Sociedad Mercantil domiciliada en Maracay Estado Aragua e inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 15 de octubre de 2002, bajo el N° 18 tomo 231-A, cuya última modificación se realizó por ante el citado Registro en fecha 13 de mayo de 2004, bajo el N° 57, tomo 2-A. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA Se inició el presente juicio cuando en fecha “01 de noviembre de 2010”, la abogada XIOMARA GUERRERO, abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.069, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas. Inscrita originalmente en el Registro Mercantil del Estado Zulia, el día 13 de junio de 1977, bajo el N° 1, tomo 16-A y reformada íntegramente en fecha 21 de marzo de 2002, e inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de junio de 2002, bajo el N° 8 tomo 676 A, quién se fusionó con Unibanca Banco Universal C..A, cuyo cambio de denominación consta por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 23 de febrero de 2001, bajo el N° 12, tomo 33-A, interpuso demanda por COBRO DE BOLIVARES, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES AVILES Y OTROS, domiciliada en Maracay Estado Aragua e inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 15 de octubre de 2002, bajo el N° 18 tomo 231-A, cuya última modificación se realizó por ante el citado Registro en fecha 13 de mayo de 2004, bajo el N° 57, tomo 2-A. Por auto de fecha 08 de noviembre de 2010, se le dio entrada. En fecha 09 de noviembre de 2010, la actora consignó los documentos, objetos de la pretensión de la demanda. En fecha 01 de diciembre de 2010, se admitió la demanda y se ordeno la comparecencia de la parte demandada. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: La PERENCION, no es otra cosa que la extinción de la instancia por la inactividad de las partes durante el período determinado por la Ley, encontrándose reglamentada en los artículos 267 al 271 del Código de Procedimiento Civil. En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandad. 2°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandado no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Del contenido de la norma ut supra claramente se desprende, que la perención de la instancia opera por inactividad de las partes, es decir, la falta de realización de actos del procedimiento destinados a mantener en curso el proceso. Aunado a ello cabe precisar, que la perención de la instancia al operar de pleno derecho constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que se verifiquen cuestiones de orden público, de allí que pueda ser declarada de oficio o a instancia de parte. Como corolario de lo aquí señalado, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, acotó lo siguiente: “…Las demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia, deberán poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado (transporte, etc.).” “…Siendo así esta sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando este haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo u omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…” (omissis) Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa: Que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo desde el día “01 de diciembre de 2010, y la parte actora no realizó actuación alguna para gestionar la citación de la demandada, para la prosecución de los actos procesales subsiguientes. De forma tal, que al evidenciarse que desde el día “01 de diciembre de 2010”, fecha en la cual se admitió la demanda exclusive, hasta el día “20 de enero de 2011” inclusive, transcurrieron treinta y seis (36) días de inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES, fue instaurado por la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES AVILES Y OTROS; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado. Así se decide. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. LA JUEZA PROVISORIA DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ. EL SECRETARIO, ABG. PEDRO PABLO CASTILLO. En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 9:00 a.m.- EL SECRETARIO, LMGM/luz.- Exp. Nº 48268.-