REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 03 de febrero de 2011. 196º y 147º EXPEDIENTE Nº 48146 DEMANDANTE: JOSE MANUEL BERMUDEZ OJEDA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 17.570.909, debidamente asistido por el abogado en ejercicio AUDILIO LUBO PERNIA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 36.251. DEMANDADO: CARLOS CABRERA y JOSE ROSALINO VIVAS MONACADA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad No. El primero s/n y el segundo 11.499.423. MOTIVO: AMAPARO CONSTITUCIONAL DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA Se inició el presente juicio cuando en fecha “01 DE MARZO DE 2010,”, el ciudadano JOSE MANUEL BERMUDEZ OJEDA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 17.570.909, debidamente asistido por el abogado en ejercicio AUDILIO LUBO PERNIA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 36.251, interpuso AMPARO CONSTITUCIONAL contra los presuntos agraviantes ciudadanos CARLOS CABRERA y JOSE ROSALINO VIVAS MONACADA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad No. El primero s/n y el segundo 11.499.423. En fecha 27 de abril de 2010, se recibió del Juzgado Distribuidor. En fecha 28 de abril de 2010, se le dio entrada y se planteó conflicto de competencia. En fecha 14 de octubre de 2010, se recibió del Tribunal Supremo de Justicia el expediente declarando a este Juzgado competente para conocer la causa. En fecha 15 de octubre de 2010, este Tribunal asume la competencia y en la misma fecha, se constituyó en Tribunal constitucional ordenando la notificación del Fiscal del Ministerio Público y a los presuntos agraviantes. En fecha 26 de octubre de 2010, el alguacil consignó notificación del Fiscal Superior del Ministerio Público como recibido en fecha 25 de octubre de 2010. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: La PERENCION, no es otra cosa que la extinción de la instancia por la inactividad de las partes durante el período determinado por la Ley, encontrándose reglamentada en los artículos 267 al 271 del Código de Procedimiento Civil. En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandado no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Del contenido de la norma ut supra claramente se desprende, que la perención de la instancia opera por inactividad de las partes, es decir, la falta de realización de actos del procedimiento destinados a mantener en curso el proceso. Aunado a ello cabe precisar, que la perención de la instancia al operar de pleno derecho constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que se verifiquen cuestiones de orden público, de allí que pueda ser declarada de oficio o a instancia de parte. Como corolario de lo aquí señalado, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, acotó lo siguiente: “…Las demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia, deberán poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado (transporte, etc.).” “…Siendo así esta sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando este haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo u omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…” (omissis) Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo desde el día “26 de octubre de 2010, fecha en que el alguacil diligenció de que entregó oficio al Fiscal Superior del Estado Aragua, y la parte no realizó actuación alguna para gestionar la notificación de los demandados libradas en fecha 15 de octubre de 2010 para la prosecución de los actos procesales subsiguientes. De forma tal, que al evidenciarse que desde el día “15 de octubre de 2010”, fecha en la cual fue admitido la Acción de Amparo y se libraron las boletas de notificación, transcurrieron más de 30 días de inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por AMPARO CONSTITUCIONAL, fue instaurado por JOSE MANUEL BERMUDEZ OJEDA contra los presuntos agraviantes ciudadanos CARLOS CABRERA y JOSE ROSALINO VIVAS MONACADA; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado. Así se decide. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil once. LA JUEZA PROVISORIA DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ. EL SECRETARIO, ABG. PEDRO PABLO CASTILLO. En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 9:00 a.m.- EL SECRETARIO, LMGM/luz.- Exp. Nº 48146.-