REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 22 de Julio de 2011 200° y 152° PARTE ACTORA: TAHIA WADIH SAAB, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.825.917. Apoderado Judicial: EDOARDO PETRICONE CHIARILLI, inscrito en el Inpreabogado, bajo el N° 12.891. PARTE DEMANDADA y RECURRENTE: MARÍA EUGENIA SABINO PADRÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.592.000. Apoderado Judicial: FRANCISCO LÓPEZ MERCADO, inscrito en el Inpreabogado, bajo el N° 44.203. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO (APELACIÓN). EXPEDIENTE Nº: 12.986. Revisada exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente, especialmente el oficio Nº 459-11 de fecha 08 de Abril de 2011, remitido por el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el cual informó: i) Que la causa principal fue declarada con lugar y sin lugar las cuestiones previas; ii) y que el expediente fue enviado al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en fecha 18 de Febrero de 2010, mediante oficio Nº 16.557-10, con motivo de la apelación interpuesta por la parte perdidosa; este Tribunal estima pertinente puntualizar lo siguiente: El artículo 291 del Código de Procedimiento Civil establece: “(...) La apelación de la sentencia interlocutoria se oirá solamente en el efecto devolutivo, salvo disposición especial en contrario. Cuando oída la apelación, ésta no fuere decidida antes de la sentencia definitiva, podrá hacérsela valer nuevamente junto con la apelación de la sentencia definitiva, a la cual se acumulará aquélla. En todo caso, la falta de apelación de la sentencia definitiva, producirá la extinción de las apelaciones de las interlocutorias no decididas (...)”. Así pues, corresponderá al Tribunal que esté conociendo en segunda instancia decidir el merito del asunto sometido a su conocimiento con los límites que haya signado el apelante, ello en virtud de la locución “tantum devolutum quantum appelatum”. Y en todo caso, la demandada que resultó perdidosa debió acumular la apelación de la interlocutoria no decidida junto con la de la sentencia definitiva, todo ello entre otras razones para evitar decisiones encontradas que lesionen la seguridad jurídica. En uno u otro caso, es evidente que a este Tribunal en funciones de Alzada, tal como se desprende de la ley y la doctrina procesalista, no le corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre el asunto, pues feneció el derecho de acción de la apelante. Entendiendo como derecho de acción: “el derecho a pretender la intervención del Estado y la prestación de la actividad jurisdiccional, para la declaración de certeza o la realización coactiva de los intereses (materiales o procesales) tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo” (Rocco Ugo, “Serie Clásicos del Derecho Procesal Civil” Vol. 1; Jurídica Universitaria; p.143). En otras palabras el derecho de acción constituye un derecho público subjetivo individual del ciudadano frente al Estado, personificado por los órganos jurisdiccionales y pertenecientes a la categoría de los derechos públicos subjetivos de obligación que se llama mn derechos cívicos. Tal derecho tiene, como elemento sustancial, el interés secundario y general del particular, como sujeto de derechos y la intervención del Estado para eliminar los obstáculos que, por una razón cualquiera, se interponen a la realización de los intereses del derecho material, tutelados por el derecho objetivo. Por ello, debe advertir este Juzgador que el interés procesal manifestado por el recurrente en la apelación que fue sometida a conocimiento de este Tribunal contra el auto de fecha 21 de Febrero de 2008, cursante en los folios 47 al 51, dictado por el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el cual decretó medida de secuestro, se extinguió una vez que fue sentenciada la causa principal y le fue oída la apelación en doble efecto (según consta en oficio N° 459-11 de fecha 08 de Abril de 2011, recibido en fecha 11 de Abril de 2011), pues evidentemente sobrevino la pérdida de interés en que se decida el recurso conocido por este Tribunal; toda vez que pierde sentido y fundamento lógico el efecto devolutivo. Así se declara. En consecuencia, bájese el presente expediente a su Tribunal de origen. Líbrese oficio. EL JUEZ ABG. RAMON CAMACARO PARRA. EL SECRETARIA TEMPORAL ABG. MARÍA PABÓN. RCP/AH/Mr Exp. Nº 12.986 En esta misma fecha se libró oficio a su tribunal de origen. LA SECRETARIA TEMPORAL.