REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SEDE: CIVIL
201° Y 152°
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano GONMAR PÉREZ MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.505.764, Abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 83.721 actuando como endosatario en procuración de la ciudadana RUTH SANTIAGO DE MOROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.985.914 y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: Ciudadana XIOMARA LINARES CARDENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.183.650, con domicilio en Maracay estado Aragua.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES INTIMACIÓN
EXPEDIENTE N°: 12.005
DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
I
ANTECEDENTES
En fecha 02 de marzo de 2007 se recibió la demanda constante de cuatro (04) folios útiles, con sus anexos, interpuesta por el Ciudadano GONMAR PÉREZ MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.505.764, Abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 83.721 actuando como endosatario en procuración de la ciudadana RUTH SANTIAGO DE MOROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.985.914 y de este domicilio. (folio 1).
En fecha 10 de marzo de 2007 se admitió el libelo de demanda presentada por el ciudadano GONMAR PÉREZ MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.505.764, Abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 83.721 actuando como endosatario en procuración de la ciudadana RUTH SANTIAGO DE MOROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.985.914 y de este domicilio, y se ordenó intimar a la ciudadana XIOMARA LINARES CARDENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.183.650, con domicilio en Maracay estado Aragua, (folio 9).
El 18 de abril de 2007 el ciudadano Gonmar Pérez Abogado inscrito en el Inpreabogado N° 398, solicita se decrete medida preventiva de embargo,(folio 10).
El 23 de abril de 2007, se abre cuaderno separado para proveer sobre la medida solicitada. (Folio 01).
El 02 de mayo de 2007, diligencia del Abogado Gonmar Pérez con el carácter acreditado en autos manifiesta haber entregado al alguacil los emolumentos necesarios para el traslado a practicar la intimación ordenada. (folio 11).
El 10 de mayo de 2007, se decreta medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la demandada ciudadana Xiomara Linares Cárdenas, se comisiona al Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño iragorry del estado Aragua. Se libró despacho de comisión con oficio N° 625. (folios 2, 3 y 4 del cuaderno de medidas).
El 22 de octubre de 2007, se recibe y agrega a los autos despacho de comisión con sus resultas, emanado del Juzgado primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, con oficio N° 361-7 de fecha 17-10-2007. (Folios 5 al 23 del cuaderno de medidas).
II
PUNTO PREVIO
Como punto previo al desarrollo de la motivación que fundará la base de la dispositiva del presente fallo, este Tribunal considera imprescindible mencionar lo siguiente:
Es un hecho notorio el congestionamiento presente en el Sistema de Justicia venezolano, debido a una multiplicidad de factores, tales como, la falta de personal, la insuficiencia de recursos, el gran cúmulo de trabajo pendiente, etcétera.
Dicha circunstancia ha sido reconocida ampliamente por nuestro máximo Tribunal de la República [Ver Sentencia No. 03-3267 de fecha 22 de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia]; y por lo cual se han venido elaborando planes conjuntos con la finalidad de garantizar que todos los pedimentos realizados por los justiciables sean atendidos y tramitados con la mayor celeridad posible.
En reciente data, específicamente en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 2009-2006, reconoció expresamente el exceso de trabajo que venían experimentando los Tribunales de Primera Instancia de la República, con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ocasionado principalmente por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria presentes en ellos y por lo escaso del valor en Bolívares tomado como fundamento para fijar la competencia por la cuantía, por lo que, procedió a otorgarle de manera exclusiva la competencia de jurisdicción voluntaria a los Tribunales de Municipio, y a modificar la competencia en razón de la cuantía existente en nuestro país desde el día 23 de abril de 1996, fecha en la cual entró en vigencia la resolución No. 619 dictada por el extinto Consejo de la Judicatura.
Siendo así las cosas, este Tribunal no se escapa de la situación de congestionamiento judicial anteriormente señalado y reconocido por la más alta esfera jurisdiccional de la República, toda vez que desde la fecha de su creación [04 de julio de 1.990] ha tenido atribuida el conocimiento de gran número de causas en lo Civil, Mercantil y Agrario, destacando que ésta última materia, sólo la tiene atribuida este despacho dentro de la jurisdicción del estado Aragua. Por todo ello, han quedado pendientes por resolver cierta cantidad de causas, que en un número significativo se debe a los factores antes señalados y/o al desgano manifiesto de los accionantes.
En consecuencia, dada la preocupación imperante de este Juzgador en dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos que penden en este Tribunal, sin dejar de lado por ello la gran cantidad de juicios que se encuentran actualmente en tramitación, se ha elaborado en este despacho un cronograma especial de trabajo con el fin de conferir respuestas y soluciones a que haya lugar según el caso en concreto, con la firme intención de lograr así el descongestionamiento de la actuación judicial en esta sede. No obstante la falta de interés en muchas oportunidades de las partes y la falta de concientización de los abogados de participar verdaderamente como integrantes del Sistema de Justicia consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República.
Por todo lo anteriormente manifestado y estando este expediente dentro del operativo especial de trabajo anteriormente enunciado, este Juzgador procede a razonar la presente decisión en vista de las siguientes consideraciones de hecho y derecho:
III
Revisada como ha sido la presente causa se observa que en fecha 02 de marzo de 2007 el ciudadano GONMAR PÉREZ MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.505.764, Abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 83.721 actuando como endosatario en procuración de la ciudadana RUTH SANTIAGO DE MOROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.985.914 y de este domicilio, demandó por cobro de bolívares intimación a la ciudadana XIOMARA LINARES CARDENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.183.650, con domicilio en Maracay estado Aragua.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Del examen de las actuaciones que cursan en este expediente se evidencia que desde el día 02 de mayo de 2007 fecha de la última actuación realizada por la parte demandante que riela folio 11 del expediente, hasta la presente fecha han transcurrido cuatro años y dos meses sin que ninguna de las partes ejecutara algún acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio.
En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…”.
Asimismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece que: “…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente…”; advertencia ésta que considera procedente realizar este Tribunal con el objeto de cumplir a cabalidad con los postulados contenidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
Nuestro Máximo Tribunal, en sentencia Nº 211 de fecha 21-06-2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente:
“…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”
Para ampliar más al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, expediente N° 00-1491, expresó lo siguiente:
“ (…) El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla. (…)”
De las normas transcritas se observa que la perención de la instancia opera de pleno de derecho, cuando se verifica la inejecución de los actos consecutivos del procedimiento por más de un año y por cuanto este Juzgador observa que la parte actora en fecha 28 de enero de 2009, retiró copias certificadas de la totalidad del expediente; siendo entonces que desde esta fecha ninguna de las partes ha ejercido ningún acto tendente a impulsar el presente procedimiento; hecho este que encuadra perfectamente en los términos expresados en las normas in commento y habiendo transcurrido sobradamente más de un año desde dicha fecha hasta el día de hoy, resulta forzoso para quien decide declarar de oficio la perención de la instancia, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara:
PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente de demanda de Cobro de Bolívares Intimación incoada por el ciudadano GONMAR PÉREZ MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.505.764, Abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 83.721 actuando como endosatario en procuración de la ciudadana RUTH SANTIAGO DE MOROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.985.914 y de este domicilio, demandó a la ciudadana XIOMARA LINARES CARDENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.183.650, con domicilio en Maracay estado Aragua.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza de la decisión. Una vez quede firme la presente decisión se levantará la medida decretada.
TERCERO: Se ordena notificar a las partes a fin de que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy, se den por notificados, a los fines de puedan ejercer los recursos correspondientes, advirtiéndoles que vencido éste plazo, quedará definitivamente firme la sentencia de fecha 22 de junio de 2011 emitida por este Tribunal y se ordenará la desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial. Así se declara.
Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado, motivado a la imposibilidad evidente de publicarlo en la prensa, y tampoco siendo posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de 500 metros de este Juzgado sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el gran número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde se deben realizar citaciones, notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil utilizar su tiempo útil en la práctica de actuaciones en juicios que se encuentran paralizados, en muchos casos debido a la falta de atención de las partes. Todo en conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (noción de justicia oportuna), hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001. Exp: 00-1491, Sentencia No. 956, y con los artículos 14, 16 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo.
Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ TITULAR,
ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA.
LA SECRETARIA TEMPORAL.,
ABG. MARÍA ALEJANDRA PABÓN
RCP/MP/tila.-
EXP. N° 12.005
En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 01:00 p.m.-
La Secretaria Temporal.,
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