TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SEDE: CIVIL
200° Y 151°

PARTE DEMANDANTE: ciudadana EVA ISABEL ALETA MOLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.647.880 y de este domicilio, debidamente asistida por las ciudadanas Abogadas NUNKI M. OSUNA G y JENNYS ALESKA HERNÁNDEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros: 13.518.543 y 12.338.506, inscritas en el inpreabogado bajo el N° 94.525 y 94.285, respectivamente y de este domicilio.

PARTE DEMANDADA: ciudadanas MARTHA LUCIA ARMENTA HERNÁNDEZ y HAIDEE HERNÁNDEZ NUÑEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 7.252.306 y V- 7.250.902, respectivamente y de este domicilio.

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO COMPRA - VENTA

EXPEDIENTE: 12.082

DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

I

ANTECEDENTES

En fecha 18 de abril de 2007, recibió escrito de demanda constante de seis (6) folios útiles y sus anexos, interpuesta por la ciudadana EVA ISABEL ALETA MOLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.647.880 y de este domicilio, debidamente asistida por la ciudadanas Abogadas en ejercicio NUNKI M. OSUNA G y JENNYS ALESKA HERNÁNDEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros: 13.518.543 y 12.338.506, inscritas en el inpreabogado bajo el N° 94.525 y 94.285, respectivamente, y de este domicilio; por Resolución de Contrato Compra – Venta contra las ciudadanas MARTHA LUCIA ARMENTA HERNÁNDEZ y HAIDEE HERNÁNDEZ NUÑEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 7.252.306 y V- 7.250.902, respectivamente y de este domicilio. (Folios 1 al 6).

En fecha 26 de abril de 2007, se admite la demanda y se ordena emplazar a las demandadas MARTHA LUCIA ARMENTA HERNÁNDEZ y HAIDEE HERNÁNDEZ NUÑEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 7.252.306 y V- 7.250.902, respectivamente. (Folio 18 ).

En fecha 21 de junio de 2007, se libraron las compulsas de citación. (Folio 19 y 20).

En fecha 20 de Julio de 2007, diligencia de la Abogada JENNYS HERNÁNDEZ, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 94.285, consignan poder notariado conferido por la ciudadana Eva Aleta Molina. (Folio 20 al 23).

En fecha 10 de octubre de 2007, diligencia de la ciudadana Abogada JENNYS ALESKA HERNÁNDEZ, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 94.285, solicita se abra cuaderno de medidas y se pronuncie sobre la medida solicitada. (Folio 25).

En fecha 26 de octubre de 2007, se abre cuaderno de medidas, y se niega la misma por improcedente. (Folio 1 al 3 del cuaderno de medidas).

En fecha 30 de octubre de 2007, alguacil del Tribunal consigna las compulsas de citaciones por cuento no logró la practica de las mismas. (Folio 27 al 46).-

II

PUNTO PREVIO

Como punto previo al desarrollo de la motivación que fundará la base de la dispositiva del presente fallo, este Tribunal considera imprescindible mencionar lo siguiente:

Es un hecho notorio el congestionamiento presente en el Sistema de Justicia venezolano, debido a una multiplicidad de factores, tales como, la falta de personal, la insuficiencia de recursos, el gran cúmulo de trabajo pendiente, etcétera.

Dicha circunstancia ha sido reconocida ampliamente por nuestro máximo Tribunal de la República [Ver Sentencia No. 03-3267 de fecha 22 de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia]; y por lo cual se han venido elaborando planes conjuntos con la finalidad de garantizar que todos los pedimentos realizados por los justiciables sean atendidos y tramitados con la mayor celeridad posible.

En reciente data, específicamente en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 2009-2006, reconoció expresamente el exceso de trabajo que venían experimentando los Tribunales de Primera Instancia de la República, con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ocasionado principalmente por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria presentes en ellos y por lo escaso del valor en Bolívares tomado como fundamento para fijar la competencia por la cuantía, por lo que, procedió a otorgarle de manera exclusiva la competencia de jurisdicción voluntaria a los Tribunales de Municipio, y a modificar la competencia en razón de la cuantía existente en nuestro país desde el día 23 de abril de 1996, fecha en la cual entró en vigencia la resolución No. 619 dictada por el extinto Consejo de la Judicatura.

Siendo así las cosas, este Tribunal no se escapa de la situación de congestionamiento judicial anteriormente señalado y reconocido por la más alta esfera jurisdiccional de la República, toda vez que desde la fecha de su creación [04 de julio de 1.990] ha tenido atribuida el conocimiento de gran número de causas en lo Civil, Mercantil y Agrario, destacando que ésta última materia, sólo la tiene atribuida este despacho dentro de la jurisdicción del estado Aragua. Por todo ello, han quedado pendientes por resolver cierta cantidad de causas, que en un número significativo se debe a los factores antes señalados y/o al desgano manifiesto de los accionantes.

En consecuencia, dada la preocupación imperante de este Juzgador en dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos que penden en este Tribunal, sin dejar de lado por ello la gran cantidad de juicios que se encuentran actualmente en tramitación, se ha elaborado en este despacho un cronograma especial de trabajo con el fin de conferir respuestas y soluciones a que haya lugar según el caso en concreto, con la firme intención de lograr así el descongestionamiento de la actuación judicial en esta sede. No obstante la falta de interés en muchas oportunidades de las partes y la falta de concientización de los abogados de participar verdaderamente como integrantes del Sistema de Justicia consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República.

Por todo lo anteriormente manifestado y estando este expediente dentro del operativo especial de trabajo anteriormente enunciado, este Juzgador procede a razonar la presente decisión en vista de las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

II

Este Tribunal observa que se inició el presente procedimiento mediante demanda presentada en fecha 30 de marzo de 2007, por la ciudadana EVA ISABEL ALETA MOLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.647.880 y de este domicilio debidamente asistida por las Abogados en ejercicio NUNKI M. OSUNA G y JENNYS ALESKA HERNÁNDEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros: 13.518.543 y 12.338.506, inscritas en el inpreabogado bajo el N° 94.525 y 94.285, respectivamente, actuando

Revisadas como han sido las actuaciones que conforman el presente expediente, este Juzgador observa que desde el 30 de octubre de 2007, que el ciudadano alguacil del Tribunal consignó las compulsas por no lograr practicar las citaciones de las demandadas MARTHA LUCIA ARMENTA HERNÁNDEZ y HAIDEE HERNÁNDEZ NUÑEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 7.252.306 y V- 7.250.902, respectivamente y de este domicilio, la parte actora no realizó ningún acto que impulsara la citación de las mismas.

Ahora bien, es necesario traer a colación el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

“(…) Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (…)” (Negrillas nuestras)

Asimismo, el artículo 269 ejusdem dispone lo siguiente: “(…)La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal (…)”. (Negrillas Nuestras)
En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 06 de julio del 2004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato seguido por el ciudadano José Ramón Barco Vásquez contra la Sociedad Mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, expuso lo siguiente:

“(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que se ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en u sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la Ley de los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece”

En abono a lo anterior, respecto a la perención breve, la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22/05/2008, Exp. AA20-C-2007-000815 (caso: MARIOLGA QUINTERO TIRADO y NILYAN SANTANA LONGA), ratificando su criterio sentando por decisión N° 537 del 6 de julio de 2004, estableció lo siguiente:

“(…) En otras palabras, las obligaciones de la parte demandante o intimante a los efectos de generar la citación o intimación de su contraparte, son precisamente: la facilitación de vehículo para el traslado del alguacil, los gastos de manutención y el hospedaje; lo que se traduce en la obligación de proporcionar al alguacil los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada.
De modo que, el accionante tiene la obligación de presentar diligencia dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, en la cual ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes para la consecución de la citación.
Dicho lo anterior, esta suprema jurisdicción concluye y reitera su doctrina en el sentido de dejar sentado que el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, es decir, no proporcionar al alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, acarreará la perención de la instancia

Es entonces, que la denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación del demandado.

El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la parte actora no facilita la labor del alguacil del tribunal en cuanto a su traslado al domicilio del demandado y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. En consecuencia, visto que en la presente causa desde la fecha de la admisión de la demanda [26 de abril de 2007] hasta el día de hoy, han transcurrido evidentemente más de treinta (30) días continuos sin que la parte actora haya impulsado la intimación de la parte demandada, y en conformidad con lo establecido en los Artículos 267 ordinal 1o y 269 del Código de Procedimiento Civil supra transcritos, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Se ordena la desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial en la oportunidad legal correspondiente.
Publíquese, regístrese y déjese copia del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los veintiséis (26) días de Julio de dos mil once (2011). 201° años de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ TITULAR

ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA.
LA SECRETARIA TEMPORAL

ABG. MARÍA ALEJANDRA PABÓN
EXP. Nº 12.082
RCP/MP/tila.-

En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 1:00 pm
La Secretaria Temporal