TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 2 de junio de 2011
201º y 152º

Recurso Contencioso Tributario

Asunto: 1738/AF42-U-2001-000086 Sentencia No. 0043/2011

”Vistos”: Sin informes de las partes.

Contribuyente Recurrente: Explogranitos, S.A, sociedad mercantil, inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, el 30 de abril de 1990, bajo el Nº41, Folios 177 al 186, Libro de Registro de Comercio Nº 287.
Apoderados judiciales de la Contribuyente: ciudadano Luis de Jesus Valor, venezolano, mayor de edad, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 71.855. .
Acto Recurrido: Resolución Nº 033/2001 de fecha 12/02/2001, emanada de la Coordinación de Hacienda Municipal del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar, con la cual se formula reparo a la contribuyente por concepto de Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio dejado de pagar en los ejercicios fiscales 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, por un monto total de Bs. 20.315.656,20 (actualmente Bs. F 20.316,00), de conformidad con lo dispuesto en los articulos 19 y 40 de la Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar.
Administración Recurrida: Alcaldia del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar.
Representación Judicial de la Alcaldía: Sindico Procurador Municipal.
Tributo: Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio.

I
RELACIÓN

En fecha 29 de agosto de 2001, se recibió proveniente del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor), el expediente Judicial de la referida causa.
Por auto de fecha 11 de Octubre de 2001, se formó Expediente bajo el correlativo 1738, nomenclatura de este Tribunal, ordenándose la notificación de los ciudadanos Contralor General de la República, Director en lo Constitucional y Contencioso Administrativo de la Fiscalia General de la República, Síndico y Alcalde del Municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar. En el mismo auto, se ordena solicitar por oficio el respectivo expediente administrativo.
Las boletas de la notificación antes mencionadas aparecen incorporadas a los autos de la siguiente manera: folios 379, ciudadano Director en lo Constitucional y Contencioso Administrativo de la Fiscalia General de la República, y folio 380 Contralor General de la República.
En fecha 14/08/2002, el Apoderado Judicial de la recurrente solicitó se libraran Boletas de Notificación a los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador del Municipio Raúl Leoni de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar..
Por auto de fecha 16/09/2002, se ordenó librar Boletas de Notificación a los ciudadanos antes mencionados.
Con Oficio Nº 5767 de fecha 16/09/2002 dirigido al Juez del Municipio Raul Leoni de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, se remite comisión para las notificacicones respectivas.
En fecha 24/02/2003, se recibio Oficio Nº 238-2003 de fecha 11/02/2003, mediante la cual remiten comisión debidamente cumplida.
En fecha 14/03/2003, se admite el recurso contencioso tributario interpuesto.
En fecha 25/06/2003, se fija para el decimoquinto día de Despacho siguiente para que tenga lugar la celebración del Acto de Informes, de acuerdo con establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario.
Mediante auto de fecha 23/11/1998, este Órgano Jurisdiccional dijo “Vistos” y entró en la etapa de los sesenta (60) días continuos para dictar sentencia.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributaria pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.
Como premisa del análisis subsiguiente, este Tribunal observa, que de conformidad con lo previsto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde el Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competente para anular los actos administrativos generales o individuales contrario a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de suma de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”
La jurisdicción y competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, se ejerce en forma excluyente de cualquier otro fuero, según lo dispuesto en el artículo 330 del Código Orgánico Tributario.
A partir de las anteriores actuaciones procesales, este Tribunal observa que en el presente caso se impugnó un acto de contenido tributario como es la Resolución Nº 033/2001 de fecha 12/02/2001, emanada de la Coordinación de Hacienda Municipal del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar, con la cual se formula reparo a la contribuyente por concepto de Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio dejado de pagar, para los ejercicios fiscales 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, por un monto total de Bs. 20.315.656,20 (actualmente Bs. F 20.316,00), de conformidad a lo dispuesto en los articulos 19 y 40 de la Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar.
En virtud de ello, dichos actos se encuentran sometidos al ámbito de control de los Tribunales Contenciosos Tributarios y; en especial, como consecuencia de la Distribución de causas, a este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario. Así se decide.
Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite, en este caso, la elevación legal ante los órganos de administración de justicia. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 256 de fecha 01 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”)
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.

En el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones ya que desde el 23/07/2003, fecha en la cual el Tribunal dijo “Vistos” en la presente causa, la accionante no ha realizado ninguna actuación orientada a obtener el pronunciamiento correspondiente a la acción ejercida. Luego, habiendo comprobado el Tribunal que desde el 23/07/2003 hasta el 02 de junio de 2011, fecha en la que se dicta esta sentencia, ha transcurrido un lapso de siete años y diez meses, tiempo suficiente que nos indica que la recurrente (Explogranitos, S.A.), no ha manifestado un interés en obtener la decisión sobre la acción ejercida. En consecuencia, el Tribunal, en atención a jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara la pérdida del interés. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara LA EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Tributario ejercido por el ciudadano Luis de Jesus Valor, venezolano, mayor de edad, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71.855, actuando como Apoderado Judicial de la contribuyente Explogranitos, S.A ut supra identificada, contra la Resolución Nº 033/2001 de fecha 12/02/2001, emanada de la Coordinación de Hacienda Municipal del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar, con la cual se formula reparo a la contribuyente por concepto de Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio dejado de pagar, para los ejercicios fiscales 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, por un monto total de Bs. 20.315.656,20 (actualmente Bs. F 20.316,00), de conformidad a lo dispuesto en los articulos 19 y 40 de la Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Raul Leoni del Estado Bolívar.
Publíquese, regístrese y notifíquese
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los dos (02) días del mes de junio de 2011. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
El Juez Titular,
Ricardo Caigua Jiménez. La Secretaria,

Hilmar Elena Rocha Esaá.

La anterior decisión se publicó en su fecha, a las diez y cinco de la mañana (10:05 a.m).
La Secretaria,

Hilmar Elena Rocha Esaá.
ASUNTO: 1738/AF42-U-2001-000086.
RCJ/acdg.