TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011)
201º y 152º

ASUNTO: AH19-S-2001-000001
ASUNTO ANTIGUO: 2001-1623

Vista la diligencia presentada en fecha quince (15) de junio de dos mil once (2011), suscrita por la abogada MARVICELIS JOSEFINA VÁSQUEZ COTÚA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el N°: 105.941, actuando en su carácter de apoderada judicial del: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE DEPÓSITOS BANCARIOS, antes denominado FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA, (FOGADE), en su carácter de ente liquidador del BANCO ITALO VENEZOLANO C.A., y en atención al pedimento en ella contenida. Este Juzgado al respecto observa, de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que ya en la presente causa fue perimida la instancia y la extinción del proceso, tal cual como se aprecia en la Sentencia dictada por este Juzgado en fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008), la cual corre inserta en los folios del (69) al (77), ambos inclusive, en la pieza principal II del presente expediente, aunado al hecho que la parte en juicio: BANCO ITALO DE VENEZUELA C.A., es una institución financiera liquidada por un ente del Estado Venezolano, siendo sujeto procesal en esta causa.

Es menester destacar que dada la naturaleza de dicho organismo, su patrimonio resulta de interés social y siendo la Procuraduría General de la República garante de los derechos, bienes e intereses patrimoniales que de modo directo o indirecto afecten a la República, resulta imperativo dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del Decreto con Rango, Valor Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuya aplicación en casos como el que nos ocupa ha sido establecida por sentencia vinculante número 114, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de febrero de 2011, con ponencia del Magistrado Dr. Juan José Mendoza Jover, que literalmente reza:

“(...) esta sala estima preciso señalar, con carácter vinculante, la obligación a todos los Tribunales de la República de paralizar aquellas causas en las cuales se encuentre como sujeto procesal una empresa privada relacionada con la productividad nacional y actividades de interés social, que haya pasado a ser del Estado en el cual éste tenga una participación decisiva, y en los cuales no se haya efectuado la notificación de la Procuraduría General de la República, para la continuación de los juicios respectivos.”

Como consecuencia de dichas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precedentemente transcrita, se dispone lo siguiente:

PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto.

SEGUNDO: Se ordena la suspensión de esta causa por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación indicada en el punto anterior.

TERCERO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes para que luego de su certificación sean remitidos a la Procuraduría General de la República. Cúmplase.
LA JUEZ TITULAR,

Dra. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.
EL SECRETARIO ACC,

DENIS SOSA PATIÑO.

Asunto: AH19-S-2001-000001