REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS JOSÉ FÉLIX RIBAS Y JOSÉ RAFAEL REVENGA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. EXPEDIENTE N° 3730-09.- MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARTE ACTORA: BRAVO SUMINISTRO C.A. APODERADAS JUDICIALES: GEORGINA SANCHEZ DE MARTINEZ y MARIA CAROLINA MARTINEZ SANCHEZ. PARTE DEMANDADA: DIANA BARRETO DIAZ. DEFENSOR AD LITEM: ABG. SILVIA RIVAS -I- Revisada como ha sido la presente causa este juzgador constata que se venció el lapso de apelación sin que la defensora ad litem de la parte demandada ejerciera el recurso de apelación, en consecuencia este juzgador observa: PRIMERO: De la revisión de la causa y de la sentencia de fecha 23 de Febrero de 2011 se evidencia que la parte demandada ciudadana DIANA BARRETO DIAZ, suficientemente identificada en autos, estuvo defendida a lo largo del juicio por un defensor ad litem, a saber: Abg. SILVIA RIVAS, Inpreabogado N° 31.906. SEGUNDO: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de febrero de 2009, con ponencia del Magistrado: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, dictaminó: "...Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem. Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar porque dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido "...." (Negrillas adicionadas) Sobre este aspecto, cabe destacar que ciertamente en sentencia N° 531, de fecha 14 de abril de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció que en su decisión N° 967 del 28 de mayo de 2002, había indicado: “que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión N° 33, que ‘(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara’. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable”. (Negrillas adicionadas) Finalmente en sentencia N° 0943, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21 de mayo de 2007, con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Exp. 07-0308, se estableció que: “En efecto, no resulta suficiente para esta Sala, tal como lo señaló en su sentencia Nº 33 del 26 de enero de 2004, que el Tribunal haga el nombramiento del defensor, sino que debe velar por el correcto cumplimiento de sus obligaciones para que de esta forma se garantice el derecho a la defensa. Ahora bien, visto que el defensor no realizó la apelación, habiendo transcurrido el lapso legal previsto para ello, y dejando en estado de indefensión a la sociedad mercantil Comunicación Integral C.A., dado que esta Sala está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se repone el juicio al estado de que se permita al demandado realizar la apelación de la sentencia del Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; así se decide.” (Negrillas adicionadas) TERCERO: Tomando en cuenta lo antes expuesto este juzgado observa que en la presente causa se dictó sentencia de fondo en la que se decidió lo siguiente: “…Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en La Victoria, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoada por la Sociedad Mercantil BRAVO SUMINISTRO C.A., registrada por ante el Registro Mercantil primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 21 de Noviembre de 1996, bajo el N° 87, Tomo 804-A, con últimas modificaciones de fechas 23 de octubre de 2003, bajo el N° 34, Tomo 44-A y a las de fecha 15 de Diciembre de 2005 bajo el N° 30, Tomo 91-A, contra la ciudadana DIANA BARRETO DIAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.841.939, SEGUNDO: Se condena a la demandada a la entrega libre de personas y cosas y solvente en los servicios públicos del inmueble arrendado constituido por un apartamento destinado a vivienda ubicado en el edificio Doña Ana, piso N° 2, apartamento N° 4, La Victoria, Municipio José Félix Ribas, del Estado Aragua, TERCERO: Por haber resultado totalmente vencida se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil..” Sentencia que es contraria a los intereses de la demandada, motivo por el cual la defensora de oficio tenía el deber de impugnarla por intermedio del recurso de apelación dentro del plazo de los tres días previstos para ello, y no lo hizo, debiendo este juzgador velar por el sano desenvolvimiento del proceso, dejando sin efecto el nombramiento de la defensora designada y reponer la causa al estado de nombrar nuevo defensor que cumpla con la carga de apelar el fallo dictado por este Juzgador. Y así se declara. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta: PRIMERO: La Nulidad de los actos subsiguientes al proferimiento de la sentencia de fecha 23 de Febrero de 2011 conforme lo dispuesto en los artículos 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: La reposición de la causa al estado de nombrar nuevo defensor que cumpla con la carga de apelar el fallo dictado por este Juzgador, de modo que una vez conste en autos su juramentación comenzará a computarse el lapso de tres días previstos en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase. Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Regístrese, Publíquese.- El Juez temporal, Abg. Camilo E. Chacón Herrera La Secretaria Accidental, Ingrid Mendoza Hinojosa. En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 10:20 a.m.- La Secretaria Accidental, CCH.- Exp. 3730-09.