TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 30 de mayo de 2011
201º y 152º

ASUNTO N° AF41-U-2004-000019.- SENTENCIA Nº 1633.-
ASUNTO ANTIGUO N° 2275.-

“Vistos” con informes de ambas partes.-

NÚMERO DE
LÍQUIDACIÓN FECHA DE LIQUIDACIÓN NÚMERO DE NOTIFICACIÓN MULTA INTERESES MORATORIOS TOTAL
Bs.
11-10-01-3-49-002396 05/09/2003 2003115002134-0 110.033,33 5.292,45 878.549,15
11-10-01-3-49-002395 2003115002133-1 838.231,36 40.317,79 115.325,78
En horas de despacho del día 04 de marzo de 2004, se recibió del Tribunal Superior Segundo de esta Jurisdicción Especial, quien actuaba en su carácter de Distribuidor, recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 03 de marzo de 2004 ante dicho Tribunal, por el ciudadano JORGE VAAMONDE, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 3.182.426 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 12.639, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “BITUMENES ORINOCO, S.A.”, sociedad mercantil originalmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha 04 de diciembre de 1975, bajo el N° 64, Tomo 73-A-Sgdo., cuya última modificación estatuaria consta en documento inscrito por ante el citado Registro Mercantil, en fecha 25 de febrero de 2000, bajo el N° 12, Tomo 53-A; en contra de los Actos Administrativos contenidos en las Planillas de Liquidación detalladas a continuación:
Ambas emitidas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por incumplimiento de deberes formales en materia de retenciones del Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al período de imposición del mes de agosto del año 2003, las cuales sumadas en su integridad reflejan una cantidad total de Bs. 993.874,93 equivalentes actualmente a Bs.F. 993,87, en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 06 de marzo de 2007.

Por auto de fecha 05 de marzo de 2004, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 2275, actual Asunto Nº AF41-U-2004-000019, y la notificación de los ciudadanos Procurador General de la República; Contralor General de la República, Fiscal General de la República, así como al extinto Gerente Jurídico Tributario, actualmente Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Asimismo se libró el Oficio Nº 76/2004, a fin de solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional, del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 77 al 86 ambos inclusive, se admitió dicho recurso en fecha 06 de agosto de 2004, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 123, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
.
En fecha 19 de agosto de 2004, estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el ciudadano JORGE VAAMONDE, ya identificado, presentó escrito de promoción de pruebas y un anexo, haciendo valer el mérito favorable de los autos y la prueba documental.

Posteriormente, el Tribunal en fecha 02 de septiembre de 2004, admitió las pruebas promovidas por la parte recurrente, mediante Sentencia Interlocutora N° 141 por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

El 02 de noviembre de 2004, oportunidad procesal correspondiente para que las partes presentaran sus correspondientes escritos de informes; compareció por una parte, la ciudadana DANIELA CAMACHO U., titular de la cédula de identidad N° 11.992.324 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 70.921, quien en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República presentó diligencia a los fines de consignar conclusiones escritas constantes de 19 folios útiles y un anexo, preparado por el ciudadano MIGDERBIS RAMON MORAN CHIRINOS, titular de la cédula identidad Nº 7.792.867 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 40.950, actuando en su carácter de sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República; y por la otra, compareció el ciudadano JORGE VAAMONDE, ya identificado, quien presentó sus respectivas conclusiones escritas en 18 folios útiles. Seguidamente el Tribunal agregó a los autos las conclusiones presentadas, y dijo "VISTOS" mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2004.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 24 de mayo de 2011, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-
ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que posterior a la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial de la contribuyente “BITUMENES ORINOCO, S.A.” no ha instado el proceso, siendo su ultima actuación procesal en fecha 02 de noviembre de 2004 cuando su representación judicial presentó su respectivo escrito de informes, observando que han transcurrido más de siete (07) años, sin constar en autos que la parte actora, durante ese período realizara actuación alguna dirigida a darle impulso, lo cual denota una absoluta inactividad procesal, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.

En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:

“… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…” (Resaltado del Tribunal).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 16 de noviembre de 2004; y la ultima actuación de la parte recurrente se produjo el 02 de noviembre de 2004, cuando su representación judicial presentó su escrito de informes.

Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua de que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-

-II-
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente “BITUMENES ORINOCO, S.A.”; en contra de los Actos Administrativos contenidos en las Planillas de Liquidación detalladas a continuación:

NÚMERO DE
LÍQUIDACIÓN FECHA DE LIQUIDACIÓN NÚMERO DE NOTIFICACIÓN MULTA INTERESES MORATORIOS TOTAL
Bs.
11-10-01-3-49-002396 05/09/2003 2003115002134-0 110.033,33 5.292,45 878.549,15
11-10-01-3-49-002395 2003115002133-1 838.231,36 40.317,79 115.325,78

Ambas emitidas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por incumplimiento de deberes formales en materia de retenciones del Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al período de imposición del mes de agosto del año 2003, las cuales sumadas en su integridad reflejan una cantidad total de Bs. 993.874,93 equivalentes actualmente a Bs.F. 993,87.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Javier Sánchez Aullón.-

El Secretario Titular,

Abg. Félix José España González.-

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las dos y treinta y ocho minutos de la tarde (02:38 p.m.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Secretario Titular,

Abg. Félix José España González.-

ASUNTO N° AF41-U-2004-000019.-
ASUNTO ANTIGUO N° 2275.-
JSA/dgo.-