REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEPTIMO PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 30 de Mayo de 2011
201º y 152º
ASUNTO: AH17-X-2011-000030
PARTE DEMANDANTE: Entidad Bancaria BANCO CARONI., C.A BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil domiciliada en la Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroni del Estado Bolívar, originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil de de la circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la Ciudad de Puerto Ordaz, en fecha 20 de agosto de 1981, bajo l Nº 17, Tomo A Nº 17, Folios 73 al 149, modificados sus estatutos sociales en diversas oportunidades , siendo una de ellas para su transformación a BANCO UNIVERSAL, la cual quedó inscrita por ante el mismo Registro Mercantil en fecha 15 de agosto de 1997, bajo el Nº 22, Tomo A-35, folios 143 al 161; así como las modificaciones de aumento de capital, siendo la última de ellas para su transformación 1, bajo el Nº. 17, Tomo A, Nº. 17, folios 73 al 149, modificados sus estatutos sociales en diversas oportunidades, siendo una de ellas para su transformación a BANCO UNIVERSAL, la cual quedó inscrita por ante por ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 15 de Agosto de 1997, bajo el Nro. 22, tomo A-35, folios 143 al 161; así como las modificaciones de aumentos de capital, siendo la última de ellas la inscrita por ante el mismo Registro en fecha 13 de Diciembre de 2010, bajo el Nº 28, Tomo 111-A-REGMERPRIBO, asimismo inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-09504855-1.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ciudadanos CARLOS NATERA, CESAR CONTRERAS SEQUERA y GONZALO MAZA ANDUVE, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo los Números. 5.065, 37.233 y 36.619, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil IMPORTADORA KLAARC`S, domiciliada en la Ciudad de Los Teques del Estado Miranda e inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 12 de Septiembre de 1997, bajo el Nro. 17, tomo 13-A-Tro; y modificados sus estatutos sociales en diversas oportunidades, siendo la última de ellas inscrita por ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 09 de Noviembre de 2006, bajo el Nro. 21, tomo 30-A-Tro.; e inscrita ante el registro de información fiscal (RIF) Nro. J-30473200-7, en su carácter de Deudora Principal, y los ciudadanos GIRAGOS GARO CHERINEH KIKO y VARTAN CHERINEH KIKO, venezolanos, mayores de edad, domicilios en la Ciudad de Los Teques, Estado Miranda, titulares de la cédulas de identidad Nros. 12.415.203 y 11.038.004, en su carácter de fiadores solidarios y principales pagadores.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó en autos apoderado judicial alguno.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
-I-
Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la medida solicitada por la parte actora en el escrito libelar, quien la solicitó en los siguientes términos:
“...Para garantizar las resultas del presente juicio, solicitamos al Tribunal que decrete MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles propiedad e los demandados, hasta el límite que prudencialmente de fije, los cuales señalaremos en su oportunidad con el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil…”
-II-
Planteada la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Resaltado del Tribunal).
De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.
Asimismo el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas…”
Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
En consecuencia, en virtud de lo antes expuesto, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, pues la presunción de existencia del derecho deriva de los fotostatos que corren insertos a los folios 13 al 15 del cuaderno principal y; el peligro de retardo deviene del propio transcurso del tiempo en que se realiza la ardua función de administrar justicia, por ello es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte intimante y ASÍ SE DECIDE.
-III-
Por los planteamientos antes expuestos este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles de la parte demandada, sociedad mercantil IMPORTADORA KLAARC`S, domiciliada en la Ciudad de Los Teques del Estado Miranda e inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 12 de Septiembre de 1997, bajo el Nro. 17, tomo 13-A-Tro; y modificados sus estatutos sociales en diversas oportunidades, siendo la última de ellas inscrita por ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 09 de Noviembre de 2006, bajo wl Nro. 21, tomo 30-A-Tro.; e inscrita ante el registro de información fiscal (RIF) Nro. J-30473200-7, en su condición de deudora principal y de los ciudadanos GIRAGOS GARO CHERINEH KIKO y VARTAN CHERINEH KIKO, venezolanos, mayores de edad, domicilios en la Ciudad de Los Teques, Estado Miranda, titulares de la cédulas de identidad Nros. 12.415.203 y 11.038.004, en su condiciones de deudores solidarios y principales pagadores, hasta cubrir la cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS, (BsF. 929.235,93,00), que incluye el doble de la suma demandada, más la cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO BOLÍVARES CON CUARENTA y TRES CÉNTIMOS (BsF. 103.248, 43), por concepto de costas calculadas por este tribunal en un veinticinco por ciento (25%), con la advertencia que si la referida medida recayera sobre cantidades líquidas y exigibles o en sumas de dinero, la misma será por la cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (BsF. 516.242,18), cantidad ésta que incluye el monto demandado CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (BsF. 412.993,75) mas la cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (BsF. 103.248,43) por concepto de costas calculadas por este juzgado, en un veinticinco por ciento (25%) de la suma aludida.
A los fines de la práctica de la medida, se comisiona amplia y suficientemente con facultades para subcomisionar al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias, del Estado Miranda. Provéase lo conducente. Líbrese comisión y oficio.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 30 de Mayo de 2011. 201º y 152º.
EL JUEZ,
RICARDO SPERANDIO ZAMORA
LA SECRETARIA
YAMILET ROJAS
En esta misma fecha, siendo las 12:00 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
YAMILET ROJAS
Asunto: AH17-X-2011-000030