República Bolivariana de Venezuela.
En su Nombre
Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la
Circunscripción Judicial del estado Monagas. Maturín, Dieciséis (16) de Noviembre de Dos Mil Once (2.011)

201° y 152°
A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio, intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:

DEMANDANTE: NALVIS JOSEFINA MILLAN CANELON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.451.541 y de este domicilio, quien actúa en representación del colectivo “LAS DOS QUEBRADAS”.

ABOGADO ASISTENTE: JOSE ANGEL MILLAN CANELON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.979.657, abogado en ejercicio e inscrito en el IPSA bajo el N° 102.642 y de este domicilio.

DEMANDADOS: JUAN MARCANO, PABLO BALDAN, YOLIMAR VALDAN MENDEZ, EUDICE RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL SANCHEZ, FREDDY VALDAN, JUAN CORTEZ, FRANCIS URBANEJA VELIZ, YUSMARY RAVELO JIMENEZ, YENNY BALDAN MENDEZ, YARITZA DEL CARMEN HEREDIA y HENRRY FERMIN VALDAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 3.696.449, V- 4.889.542, V- 13.815.043, V- 13.090.349, V- 3.500.913, V- 4.619.990, V- 11.777.357, V- 18.079.736, V- 14.339.725, V- 16.517.171, V- 5.900.475 y V- 14.619.761, y de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE y/o APODERADO: AUN NO HAN CONSTITUIDO ABOGADO ALGUNO.


EXP. 1015



UNICO

Visto que en fecha nueve (09) de noviembre de dos mil once (2011), se recibido expediente, proveniente del Juzgado del Municipio Piar de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, constante de veintidós (22) folios útiles, en virtud de la declinatoria de competencia en razón de la materia, donde la ciudadana NALVIS JOSEFINA MILLAN CANELON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.451.541, con domicilio en jurisdicción del Municipio Piar del estado Monagas, quien actúa en representación del colectivo “LAS DOS QUEBRADAS”, estando debidamente asistido por el profesional del derecho, abogado en ejercicio JOSE ANGEL MILLAN CANELON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.979.657, e inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 102.642, y de este domicilio, introdujeron libelo de demanda, en el cual alega los siguientes hechos: Que es representante del colectivo “LAS DOS QUEBRADAS” ubicado en la población de Chaparral, Parroquia Chaguaramal, jurisdicción del Municipio Piar del estado Monagas, la cual representa en nombre de los hermanos Millán Canelón, por cuanto son pisatarios desde hace más de cuarenta (40) años, visto que dicho predio lo obtuvieron sus padres desde hace muchos años y les fue otorgado, según se evidencia en documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Piar, estado Monagas, anotado bajo el N° 49, folios con su vuelto 132 al 137; Protocolo Primero; Tomo I; Tercer Trimestre del Año 1.993; Más aún el otorgamiento que les emite el Instituto Nacional de Tierra Expediente 15_284159, cumpliendo con todos los requisitos exigidos de la Ley, otorgándoles así la adjudicación definitivamente en fecha siete (07) de septiembre del año dos mil once (2.011), tal como consta en Oficio N° CJ-DC N° 127-11 emanado de la Consultoría Jurídica del INTI Caracas, manifestando dicho oficio que (…QUEDA SIN EFECTO LEGALES CUALQUIER SOLICITUD DE REGULARIZACION REALIZADA POR PARTE DE OTRO COLECTIVO O PERSONA NATURAL SOBRE EL REFERIDO LOTE…), el cual se consigna con la demanda.

Igualmente señalan que en el referido terreno se encuentra invadido por los ciudadanos JUAN MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.696.449; PABLO BALDAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.889.542; YOLIMAR VALDAN MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.815.043; EUDICE RODRIGUEZ GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.090.349; ANGEL SANCHEZ, venezolano, mayor d edad, titular de la cédula de identidad N° 3.500.913; FREDDY VALDAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.619.990; JUAN CORTEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.777.357; FRANCIS URBANEJA VELIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.079.736; YUSMARY RAVELO JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.339.725; YENNY BALDAN MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.517.171; YARITZA DEL CARMEN HEREDIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.900.475 y HENRRY FERMIN VALDAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.619.761, es por lo que solicitan sean citados los mencionados ciudadanos para que le sea entregada a través de su despacho el Oficio N° CJ-DC N° 127-11 emanado del Directorio del INTI Nacional.
Finalmente, solicitan la demanda sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.
En fecha diez (10) de noviembre de dos mil once (2011), el Tribunal, dicta despacho saneador, ordenando al demandante, subsanar las omisiones que presenta su libelo, en el lapso preclusivo de tres (3) días de despacho, fundamentándolo en el contenido de los artículos 49 numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 199, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales establecen:

Artículo 49: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”.

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Artículo 51: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

Artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario: “….En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el juez o jueza de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez o jueza negará la admisión de la demanda….” (Trascripción parcial del artículo)

Pues bien, de la revisión de las actas, se observa que la parte demandante, no cumplió con lo ordenado por este Juzgado, en cuanto a subsanar las omisiones que presenta el libelo y verificado el calendario judicial, se denota que desde el diez (10) de noviembre de dos mil once (2011), hasta la presente fecha, este tribunal ha dado despacho, sin que conste en autos actuación alguna de la parte, en virtud de ello, y en concordancia con los artículos 49 numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, son las razones por las que este Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, procede a: Inadmitir la presente acción, por no haber dado cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha diez (10) de noviembre de dos mil once (2011), y así se decide.-

No hay condenatoria expresa en costas.

Publíquese, Regístrese y Déjese copia.
Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en Maturín, a los dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011). Años: 201º de la independencia y 152º de la Federación.
La Jueza Provisorio,

Abg. Sonia Arasme

La Secretaria,

Abg. Lismary Rincón Linares

En esta misma fecha, siendo las 10:30 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión para ser anexada al índice copiador de sentencias. Conste.-

La Secretaria.,
Exp. 1015
SA/lr/evelio