JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, ESTADO ARAGUA. PRESUNTA AGRAVIADO: Sindicato de Empleados Públicos Municipales del Estado Aragua, SUNEP-SUREPMEA, seccional Girardot. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRENTE: Abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo los Nros. 54.050 y 76.111. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA: no tiene acreditado en autos. Motivo: Acción de Amparo Constitucional. Expediente Nro. AC-7369. I ANTECEDENTES Recibido como fue el expediente signado con el Nro. 10.600-05, mediante oficio Nro. 205-05, de fecha 06 de septiembre de 2005, proveniente del juzgado segundo de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, contentivo de la Solicitud de Amparo Constitucional, interpuesta por el Sindicato de Empleados Públicos Municipales del Estado Aragua, SUNEP-SUREPMEA, seccional Girardot, debidamente asistidos de los abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo los Nros. 54.050 y 76.111, contra la Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua. En fecha 08 de septiembre de 2005, este tribunal dicta auto donde se declara competente para conocer del mismo, admite la acción de Amparo Constitucional por no estar incursa en los supuestos del artículo 06 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y en consecuencia ordena las notificaciones de Ley, para fijar la audiencia oral a las 96 horas a que conste la ultima notificación ordenada. En fecha 15 de noviembre de 2005, se realizo la Audiencia oral y publica, prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, concediéndose un lapso de 48 horas para la evacuación de las pruebas. En fecha 16 de noviembre de 2005, se agregaron a los autos los antecedentes administrativos consignados el día 15 de noviembre de 2005. En fecha 21 de noviembre de 2005, se agrega el escrito de opinión fiscal recibido. En fecha 14 de junio de 2006, este Juzgado mediante auto dictado ordena notificar a los fines de fijar la nueva oportunidad para que tenga lugar el acto de Audiencia oral y Publica. Ahora bien, en virtud del traslado de la Dra. Margarita García Salazar, acordado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010 y luego de su juramentación tomo posesión como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, en fecha 17 de enero de 2011, es por lo que procede al ABOCAMIENTO en la presente causa. Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado Superior pasa a decidir previas las siguientes consideraciones: ÚNICO Consta en autos que el último acto de procedimiento de la parte actora se realizó el 16 de noviembre de 2005, cuando consigno en autos los antecedentes administrativos del caso. Ahora bien, este juzgado Superior observa que en el presente caso han transcurrido más De seis (6) meses desde 14 de junio de 2006, fecha en la cual este juzgado mediante auto dictado ordena notificar a los fines de fijar la nueva oportunidad para que tenga lugar el acto de Audiencia oral y Publica. Asimismo, se aprecia que esa conducta pasiva del presunto agraviado, que afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, fue calificada como abandono del trámite, en la decisión Nro. 982 Del 6 de junio de 2001 (caso José Vicente Arenas Cáceres), en los siguientes términos: “(...) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constituciones puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. (...) Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. (...) La Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara” (Subrayado de la Sala). Ciertamente, resulta necesario destacar que el accionante al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de los derechos constitucionales, debe mantener a lo largo del proceso el interés en la obtención de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional incoado, ya sea mediante escrito o diligencias que consten en el expediente, dado que la ausencia del impulso procesal durante el transcurso de más de seis (6) meses denotan el decaimiento de su interés en dicha pretensión. Por tanto, con fundamento en las consideraciones precedentes y visto que en el caso de autos la lesión denunciada no involucra afectación alguna al orden público y las buenas costumbres, sino que se refiere a la esfera particular de los accionantes en amparo, esta tribunal declara que en el presente caso ha habido abandono del trámite, y, en consecuencia, terminado el procedimiento. De igual forma, y de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone al accionante una multa por la cantidad de CINCO BOLÍVARES (Bs.F 5,00) pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales. Los sancionados deberán acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación por ante este Juzgado Superior. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto este Juzgado Superior juzga de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas posteriormente abandonadas, lo cual obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara. II DECISIÓN Por las razones que fueron expuestas, este JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1.- LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la pretensión de amparo ejercida por el Sindicato de Empleados Públicos Municipales del Estado Aragua, SUNEP-SUREPMEA, seccional Girardot, debidamente asistidos de los abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo los Nros. 54.050 y 76.111, contra la Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua. 2.- Se IMPONE a los accionantes una multa de CINCO BOLÍVARES FUERTES (Bsf. 5,00), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación, en autos, ante este JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, ESTADO ARAGUA, del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Publíquese y regístrese, déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Central con Sede en Maracay, en la ciudad de Maracay, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil once (2011) Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. LA JUEZA SUPERIOR TITULAR, DRA. MARGARITA GARCÍA SALAZAR LA SECRETARIA, ABOG. SLEYDIN REYES. En esta misma fecha seis (06) del mes de octubre del año dos mil once (2011), siendo la 10:00 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión. Exp. Nro. 7369. MGS/SR/Cesar.