LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL Exp. No. 006965 Por recibida la presente acción por vías de hecho, en fecha 12 de agosto de 2011, proveniente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en su condición de Distribuidor de Turno, presentada por la ciudadana ELOISA GUZMÁN LÓPEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 3.150.506, asistida por la abogada HAIDE DELIAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.360, mediante la cual relama contra el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. I FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO La accionante interpone el presente recurso por los hechos irregulares cometidos por la Dirección General de los Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, de suspenderle de manera unilateral el beneficio del complemento de sueldo de su salario, y las acciones de hecho que había realizado la antigua Directora General de Recursos Humanos, ciudadana DAMELIS GUERRA ZAPATA, y ahora la actual Directora, que deciden unilateralmente suspenderle de manera continua y contumaz el complemento de sueldo, beneficio éste que es parte integrante de su salario. II DE LA COMPETENCIA Este Tribunal procede a analizar su competencia para seguir conociendo del presente recurso y al respecto se tiene: Que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 259, la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estableciendo que la misma recae sobre el Máximo Tribunal de la República y los demás Tribunales señalados por Ley. Asimismo, dicha norma hace referencia a la competencia atribuida a los Órganos Contenciosos Administrativos para ejercer sus actuaciones dentro de ese marco regulatorio o limitador de la jurisdicción, denominada competencia. Así pues, tenemos que la competencia por la materia, se refiere a la función de la especialidad de cada Tribunal para conocer determinados asuntos, mientras que la competencia por la cuantía responde al valor en términos pecuniarios del asunto en disputa, lo cual es de utilidad en la oportunidad de canalizar la cantidad de causas, que aún establecida la competencia del Tribunal en razón de la materia, sea excluida con motivo del costo que se le atribuye, ello está fundamentado en la garantía de acortar para el justiciable el camino procesal; y la competencia territorial se determina por la atribución de la facultad otorgada al Órgano Judicial en razón de su ubicación geográfica dentro del país. Ahora bien, con respecto al presente caso se observa que el recurso se interpone por las reclamaciones contra las vías de hecho realizadas por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, por lo que debe necesariamente este Juzgado realizar las siguientes consideraciones en el presente caso: En primer lugar, este Juzgado considera necesario traer a colación lo establecido en el artículo 24 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece: “Articulo 24: Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: 4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a que se refiere el numeral anterior. 3. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de esta Ley”. Por su parte el numeral 3 del artículo 23 establece: “Artículo 23: La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: 3. La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes”. De las normas supra transcritas, se observan los requisitos establecidos para que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, resulten competentes para conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho de las autoridades, a saber: que sean dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 y en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Siendo así, se evidencia que en el caso de autos la acción interpuesta es contra los hechos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. De manera que, la misma es realizada por una autoridad distinta a la establecida en el numeral 3 del Articulo 23 y en el numeral 4 del Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vale decir, no fue realizada por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministra, por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, mucho menos por las autoridades estadales o municipales de sus jurisdicción. Por lo tanto, en la presente causa se cumple con el primer requisito establecido en el Artículo 24 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se evidencia entonces, la competencia para conocer de las reclamaciones contra las vías de hechos dictadas por la Dirección General de Recursos Humanos estaría atribuida a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional como garante de los principios y garantías constitucionales que propugna la Carta Fundamental, se encuentra forzosamente en el deber de declarar su incompetencia para el conocimiento de la presente acción. En consecuencia, se declina la competencia en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su incompetencia para conocer de la acción por vías de hecho, interpuesta por la ciudadana ELOISA GUZMÁN LÓPEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 3.150.506, asistida por la abogada HAIDE DELIAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.360, contra los hechos irregulares cometidos por la Dirección General de los Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. SEGUNDO: Ordena la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.- EL JUEZ PROVISORIO, FERNANDO MARÍN MOSQUERA EL SECRETARIO, LUÍS ARMANDO SÁNCHEZ MAZA En esta misma fecha, siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia. EL SECRETARIO, LUÍS ARMANDO SÁNCHEZ MAZA Exp No. 006965 Armando.