TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, DE PROTECCIÓN Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA
201º y 152º
EXPEDIENTE: 495

PARTE ACTORA: DEIVYS LAURA VIELMA, titular de la cédula de identidad, Nº V-16.346.107.

PARTE DEMANDADA: JUAN CARLOS FLORES REBOLLEDO, titular de la cédula de identidad Nº V-12.119.035.
MOTIVO: PENSIÓN DE ALIMENTOS

I
El presente procedimiento se inicia mediante demanda de Pensión Alimentaría, presentada en fecha: 07 de Octubre de 2002, por la ciudadana Deivys Vielma, titular de la cédula de identidad N° V-16.346.107, en representación de su hijo, contra el ciudadano Juan Flores, titular de la cédula de identidad N° V-12.119.035.
En fecha 14 de Octubre de 2002, este Tribunal admitió la demanda, emplazo al demandado para que compareciera al tercer día de despacho siguiente a que conste en autos su citación, para dar contestación.
En fecha 05 de Noviembre de 2002, la alguacil de este Tribunal mediante diligencia informo que no pudo lograr la citación personal del demandado.
En fecha 03 de Diciembre de 2002, el demandado dio contestación a la demanda. Y en la misma fecha otorgó poder apud acta a la abogado, Norma Mendoza, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 19.666.
En fecha 17 de Diciembre de 2002, la apoderada judicial de la parte demandada promovió pruebas.
En fecha 04 de Febrero de 2003, este Tribunal mediante auto agrego las pruebas promovidas por las partes en el presente juicio.
En fecha 13 de Febrero de 2003, la parte actora otorgo poder especial al abogado Silvia Rivas, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 31.906.
En fecha 09 de Junio de 2003, la alguacil de este Tribunal mediante diligencia consigno la boleta de citación debidamente suscrita por la parte actora.
En fecha 10 de Noviembre de 2003, la doctora Karina Carpio se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 26 de Noviembre de 2003, la parte actora solicito a este Tribunal oficiar a la empresa donde labora el demandado y en fecha 03 de Diciembre de 2003, solicito a este Juzgado autorización para la apertura de la cuenta de ahorros en beneficio de su menor hijo, este Tribunal acordó lo solicitado en fecha 08 de Diciembre de 2003.
En fecha 29 de Noviembre de 2004, la parte actora mediante diligencia solicito al Tribunal la entrega de dinero correspondiente a las utilidades en beneficio de su menor hijo, en fecha 30 de Noviembre de 2004, este Tribunal acordó lo solicitado y ordeno oficiar a la empresa respectiva, por lo que en fecha 17 de Diciembre de 2004, este Tribunal le hizo la entrega de dinero correspondiente a la parte actora.
En fecha 22 de Noviembre de 2005. la parte actora mediante diligencia solicito el abocamiento y en fecha 01 de Diciembre de 2005, la doctora Licet López se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 17 de Marzo de 2006, la parte actora mediante diligencia solicito a este Tribunal la entrega de las prestaciones sociales del demandado y en fecha 07 de Abril de 2006 este Tribunal acordó lo solicitado.
En fecha 01 de Junio de 2006, la parte actora mediante diligencia solicito a este Tribunal la apertura de la cuenta de ahorros en la entidad bancaria Banfoandes y en la misma fecha este Juzgado acordó lo solicitado.
En fecha 19 de Diciembre de 2006, este Tribunal dicto sentencia en donde distribuyo la cantidad de dinero correspondiente a la manutención del menor.
En fecha 28 de Julio de 2011, quien aquí suscribe se aboco al conocimiento de la presente causa.

Motivación para decidir.
De la manera que antecede quedaron planteados los hechos sometidos a conocimiento de este tribunal, por lo que es necesario analizar varias disposiciones legales. En primer lugar, establecen los artículos 03 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
“Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.
Esta Convención fue aprobada mediante ley especial, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 34.541 de fecha 29 de Agosto de 1990 y por ende de rango constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara.
Por su parte, el artículo 76 ejusdem, prevé que ambos padres, en igualdad de condiciones, se encuentran obligados a mantener, criar, educar, formar y asistir a sus hijos; el artículo 294 del Código Civil, dispone que la prestación de alimentos presupone la imposibilidad de proporcionárselos el que los exige y recursos suficientes de parte de aquel a quien se le pidan; que para fijar la obligación de alimentos se atenderán a la necesidad de la que lo reclama. Esta norma indica dos condiciones coexistentes para que nazca en derecho la obligación de alimentos, ellos son: las necesidades de la que lo reclama y la capacidad económica del obligado a prestarlo.
El artículo 282 del Código Civil, en concordancia con el artículo 366 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, dispone que la satisfacción de la deuda alimentaría toca de modo igual a los progenitores.
Pues bien, de las anteriores disposiciones se desprende que el legislador ha tomando un punto intermedio entre la capacidad económica del obligado a prestar la obligación y las necesidades del niño, niña o adolescente, para que una vez conjugados esos elementos, se fije un monto equitativo y proporcionado que no cause perjuicio al obligado a prestarlos. En tal sentido el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone el derecho que tienen todos los niños y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado, de ahí se impone la necesidad de analizar las actas que conforman la presente solicitud.
Tanto de la doctrina como la jurisprudencia, asumen que el “quantum” que debe pagar el progenitor obligado a prestar alimentos como contribución a la satisfacción de sus necesidades, no solamente implica las sustancias nutritivas propiamente necesarias a la subsistencia; así pues, la obligación debe entenderse como la que tiene el padre o la madre que no vive con sus hijos, de contribuir de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de los mismos.
Por otra señala la Ley ejusdem respecto a la equiparación en su articulo 373” El Niño, Niña o adolescente que, por causa justificada, no habite conjuntamente con su padre o madre, tiene derecho a que la obligación de manutención sea, respecto a el o a ella, en calidad y cantidad igual a la que le corresponde a los demás hijos, hijas o adolescentes del padre o de la madre que convivan con estos o con estas….”

ENUNCIACION Y VALORACION DE PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO

PARTE ACTORA
Junto con el libelo de la demanda
Partida de Nacimiento del niño JUAN CARLOS, la cual por ser un documento público tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil.-
Durante el lapso probatorio la parte demandante se declaro pobre de solemnidad, solicito que la pruebas presentadas por la parte demandada no sean admitidas ya que las desconoce y que por auto de mejor proveer designara un trabajador social para que visite su residencia.
PARTE DEMANDADA
Durante el lapso probatorio solo reprodujo el mérito favorable, declaraciones de los siguientes testigos: Regina Nieves, Alba González, Esteban Rosales y Carmen Rebolledo, titulares de la cedulas de identidad Nros. V-8.578.545, V-8.587.627, V-1.072.264 y V-4.403.787 respectivamente. Promovió las Posiciones Juradas y Pruebas documentales.

DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derecho anteriormente explanadas, y en mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de fijación de obligación de manutención, incoada por la ciudadana DEIVYS VIELMA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.346.107, en beneficio de su hijo ********, de catorce (14) años de edad, contra el ciudadano JUAN FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.119.035, siendo que el salario mínimo para este momento esta fijado en la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTIMOS Bs. (1.548,00) mensual, según Gaceta Oficial No. 39.660, correspondiendo la cantidad de Cuarenta y seis Bolívares con noventa y un céntimo Bs. 51,60 como salario mínimo diario, en consecuencia, la obligación de alimentos se fija de la siguiente manera:

SALARIO DIARIO MINIMO CANTIDAD DE SALARIOS OBLIGACION DE MANUTENCION FORMA DE PAGO
51,60 APROX. 6
309.6 MENSUAL

SEGUNDO: se fija una (1) cuota adicional para el mes de Julio de cada año, a fin de contribuir con los gastos de Útiles Escolares y Uniforme, de la siguiente manera:

SALARIO DIARIO MINIMO CANTIDAD DE SALARIOS SUMA ADICIONAL
FORMA DE PAGO
51,60 15 774 MES DE JULIO

TERCERO: se fija una (1) cuota adicional para el mes de diciembre de cada año, a fin de contribuir con los gastos navideños, de la siguiente manera:

SALARIO DIARIO MINIMO CANTIDAD DE SALARIOS SUMA ADICIONAL
FORMA DE PAGO
51,60 20 1032 MES DE DICIEMBRE

CUARTO: Dichos montos deberán ser cancelados de forma inmediata.-

QUINTO: Respecto a los Gastos médicos y medicinas le corresponderá el 50% a cada padre.-

REGISTRESE, PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y DEJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. La Victoria, Cuatro (04) día del mes de Octubre de 2011. Años: 201º de la Independencia y 152 de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

ABOG. MAIRA ZIEMS LA SECRETARIA,

ABOG. JHEYSA ALFONZO
En la misma fecha, siendo las (11:50a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia

LA SECRETARIA,

Exp. 495-02.-
MZC/JA/lr.-