TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 26 de septiembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO N° AF41-U-2002-000140 SENTENCIA Nº 1677.-
ASUNTO ANTIGUO N° 1948

En horas de despacho del día 28 de junio de 2002, fue interpuesto recurso contencioso tributario por la contribuyente CLARA CECILIA GONZÁLEZ DELGADO, titular de la cédula de identidad N° 374.032, debidamente asistida por la ciudadana TRINA ABREU HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 4.055.346, e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 14.313, contra la Resolución N° DH-RRRIU-001-2002, de fecha 11 de junio de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio San Diego del Estado Carabobo, mediante la cual se ratificó el contenido de la Resolución N° DH-RDIU-005-2002, de fecha 26 de marzo de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda antes mencionada, mediante la cual se resolvió determinar el monto de Bs. 5.450.036,58 en concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos, e imponerle multa a la precitada contribuyente por la cantidad de Bs. 1.362.509,14, correspondientes a los períodos fiscales 01/1998 a 04/1998, 01/1999 a 04/1999, 01/2000 a 04/2000 y 01/2001 a 02/2001, y recargo de Bs. 654.004,38, para un total de Bs. 7.466.550,10, equivalentes a Bs. F. 7.466,55, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 99 numeral 3 y 97, respectivamente, de la Ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos, vigente para ese entonces.

Por auto de fecha 15 de julio de 2002, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 1948, actual Asunto N° AF41-U-2002-000140, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Alcalde y Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República. Posteriormente, en fecha 16 de octubre de 2002, fueron libradas las respectivas boletas de notificación a las partes; asimismo, a los fines de solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional del respectivo expediente administrativo, fue librado en esa misma fecha, Oficio Nº SN/2002, comisionándose para la práctica de dichas notificaciones, al Juzgado de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

En fecha 15 de noviembre de 2002, la ciudadana TRINA ABREU HERNÁNDEZ, ya identificada, presentó diligencia a los fines de consignar los anexos originales de los recaudos acompañados con el escrito recursivo.

En fecha 14 de mayo de 2003, se recibió escrito emanado de la Sindicatura del Municipio San Diego del Estado Carabobo, mediante el cual se remitieron a este Órgano Jurisdiccional, copias certificadas del expediente administrativo formado en base al acto administrativo impugnado.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 139, 140, 236 y 237, se admitió dicho recurso mediante Sentencia Interlocutoria N° 85 de fecha 30 de mayo de 2003, quedando la causa abierta a pruebas a partir del primer (1°) día de despacho siguiente.

En fecha 20 de junio de 2003, la ciudadana HAYDÉE ARAUJO MATOS, titular de la cédula de identidad Nro. 7.103.290, e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 55.302, actuando en su carácter de Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo, presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos y promovió pruebas documentales. Posteriormente, en fecha 30 de junio de 2003, la parte recurrente presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos, promovió el original de la inspección judicial con nombramiento de expertos, realizada por el Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y consignó prueba documental.

Mediante autos de fecha 05 de agosto de 2003, el Tribunal admitió dichas pruebas promovidas, cuanto ha lugar a derecho, salvo su apreciación en la definitiva.

En fecha 17 de octubre 2003, siendo la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de informes de informes, únicamente compareció la ciudadana HAYDÉE ARAUJO MATOS, ya identificada, actuando en su carácter de Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo, quien presentó conclusiones escritas en tres (03) folios útiles; seguidamente, el Tribunal dijo “VISTOS” mediante auto de esa misma fecha, y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 16 de septiembre de 2011, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-
ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial de la contribuyente CLARA CECILIA GONZÁLEZ DELGADO no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 30 de junio de 2003, presentó escrito de promoción de pruebas. A partir de allí, no han ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.

En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:

“… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…” (Resaltado del Tribunal).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 17 de octubre de 2003; y la última actuación procesal de la parte recurrente se produjo el 30 de junio de 2003, cuando su representación judicial presentó escrito de promoción de pruebas.

Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua de que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-

-II-
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente CLARA CECILIA GONZÁLEZ DELGADO, contra la Resolución N° DH-RRRIU-001-2002, de fecha 11 de junio de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio San Diego del Estado Carabobo, mediante la cual se ratificó el contenido de la Resolución N° DH-RDIU-005-2002, de fecha 26 de marzo de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda antes mencionada, mediante la cual se resolvió determinar el monto de Bs. 5.450.036,58 en concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos, e imponerle multa a la precitada contribuyente por la cantidad de Bs. 1.362.509,14, correspondientes a los períodos fiscales 01/1998 a 04/1998, 01/1999 a 04/1999, 01/2000 a 04/2000 y 01/2001 a 02/2001, y recargo de Bs. 654.004,38, para un total de Bs. 7.466.550,10, equivalentes a Bs. F. 7.466,55, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 99 numeral 3 y 97, respectivamente, de la Ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos, vigente para ese entonces.

Publíquese, regístrese y notifíquese, a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Asimismo, a los fines de practicar las notificaciones de los ciudadanos Alcalde y Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo, así como de la ciudadana CLARA CECILIA GONZÁLEZ DELGADO y/o su apoderado judicial, se comisiona suficientemente al ciudadano Juez de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que por distribución le corresponda.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la Sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Javier Sánchez Aullón.-

El Secretario Suplente,

Abg. Genaro Arturo Bolívar Puerta.-

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las dos y quince minutos de la tarde (02:15 p.m.).--------------------------------
El Secretario Suplente,

Abg. Genaro Arturo Bolívar Puerta.-

ASUNTO N° AF41-U-2002-000140.-
ASUNTO ANTIGUO N° 1948.-
JSA/msmg/gbp.-