TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

EXPEDIENTE Nº AP31-M-2009-001117.
PARTE ACTORA: BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A, sociedad mercantil, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de Junio de 1.977, bajo el N° 1, Tomo 16-A con estatutos reformados íntegramente por Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de Marzo de 2.002, cuya acta quedó inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de Junio de 2002, bajo el N° 8, Tomo 676 A. Qto.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ANIELLO DE VITA CANABAL y FRANCISCO J. GIL HERRERA, Abogados en ejercicio, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 45.467 y 97.215, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: DANIEL ALEXANDER GONZÁLEZ y NÉSTOR DANIEL SIRA DUERTO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-6.898.713 y V-12.261.613, respectivamente. Sin apoderado judicial acreditado en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.
Mediante libelo de demanda admitido por el procedimiento breve los abogados ANIELLO DE VITA CANABAL y FRANCISCO J. GIL HERRERA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nro. 45.467 y 97.215, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A, demandan por COBRO DE BOLÍVARES a los ciudadanos DANIEL ALEXANDER GONZÁLEZ y NÉSTOR DANIEL SIRA DUERTO, ambos arriba identificados.
Admitida la demanda en fecha 19 de Enero de 2.010, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera al segundo (2do) día de despacho siguientes a la constancia en autos de la misma, vencido que fuera un (01) día concedido como término de la distancia, para lo cual se ordenó librar compulsa a ser anexada a exhorto dirigido al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con competencia en el territorio de Cúa y al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con competencia en Guatire.
Por auto de fecha 31 de Marzo de 2.011 se dejaron sin efecto los mencionados exhortos y se libraron nuevos exhortos de citación dirigidos el primero de ellos al Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de la citación del ciudadano DANIEL ALEXANDER GONZÁLEZ SÁNCHEZ y el segundo de ellos al Juzgado del Municipio Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de la citación del ciudadano NESTOR DANIEL SIRA DUERTO.
En ese sentido se observa que desde la fecha de la admisión de la demanda en fecha 19 de Enero de 2010, hasta el día 13 de Julio de 2.011, fecha en la cual el antes mencionado Juzgado, ordenó la devolución del exhorto sin cumplir a este Juzgado comitente, anexo a Oficio N° 2850-00339, de esa misma fecha, en virtud de la consignación de resultas efectuada el día 08 de Julio de 2011 por el ciudadano Alguacil del Juzgado comisionado, han transcurrido más de un (01) mes de habérsele dado entrada formal al mismo, en las cuales expuso NO haber recibido el pago de los emolumentos correspondientes a la práctica de la citación encomendada.
Según consta de Nota de Secretaría que corre inserta al folio 119, se recibió por ante este Tribunal, expediente N° E-3904-11, constante de quince (15) folios útiles, contentivo de resultas del exhorto en cuestión.
Mediante auto de fecha 11 de Agosto de 2.011, se avocó al conocimiento de la causa bajo estudio, quien suscribe el presente fallo.
En tal sentido, observa este Tribunal que habiendo transcurrido más de un mes sin que la parte haya proveído sobre la obligación de consignación de medios suficientes a modo de emolumentos para que tuviera lugar el traslado del ciudadano alguacil para practicar la citación ordenada por este Juzgado comitente, es por lo que se adentra a su análisis sobre la posible perención breve de la instancia.
Ahora bien, nuestra Ley Adjetiva Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.
De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el ejusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación de la demandada. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el Tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 19 de Enero de 2010, fecha en la cual este Tribunal admitió la demanda, hasta la fecha en la cual el Juzgado comisionado a los fines de practicar la citación personal del ciudadano co-demandado NESTOR DANIEL SIRA DUERTO, ordenara la devolución del exhorto en cuestión sin cumplir por falta de impulso, transcurrieron en exceso más de treinta días continuos que tiene la actora para cumplir con su obligación de impulsar la citación de la demandada, por lo que al no ajustarse dicho impulso a lo estipulado en la ley, observamos que la presente situación encuadra en el ordinal 1° del articulo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, antes transcrita y que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia.
Aunado a lo antes señalado, mediante sentencia dictada por el Supremo Tribunal en Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ en fecha 06 de julio de 2.004, Exp. N°. AA20-C-2001-000436, se señaló: “...Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo que su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia...”.
Es evidente que en el caso que nos ocupa, es notorio y público que la parte demandada, a los fines de practicar la citación se encuentra en exceso fuera de 500 metros contados a partir de la sede del Tribunal. En consecuencia, este Tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso, más de 30 días de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la citación de la parte demandada.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar esta juzgadora en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Por ello al no darle cumplimiento el accionante el impulso procesal a partir del 19 de Enero de 2010, fecha en la cual fue admitida la demanda, hasta el día 13 de Julio de 2011, la parte actora no cumplió con su obligación tal como lo dispone el fallo parcialmente citado, lo cual ha transcurrido en demasía el lapso de los treinta (30) días para la procedencia de la Perención solicitada, lo cual conlleva inexorablemente a este Órgano Jurisdiccional a declararla y así se decide.

DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la citación, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento. Pudiendo la parte actora si así lo considera, interponer la demanda ex novo conforme a la disposición contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES sigue BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A, en contra de DANIEL ALEXANDER GONZÁLEZ y NÉSTOR DANIEL SIRA DUERTO.
Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los 20 días de Septiembre del 2.011. Años: 200º y 151º.