TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 12 de Abril de 2012
201º y 153º
ASUNTO: AP11-M-2009-000436
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

PARTE ACTORA:
• BANVALOR BANCO COMERCIAL, C.A., R.I.F. Nº J-00050360-5, antes denominado Ban Valor Banco de Inversión, C.A.,institución financiera domiciliada en la Ciudad de Caracas, constituida originalmente mediante acta inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de Junio de 1963, bajo el Nº 19, Tomo 21-A, con ulterior reforma del documento constitutivo estatuario debidamente inscrito ante el citado Registro Mercantil, en fecha 10 de Julio de 2002, bajo el Nº 79, Tomo 106-APro, y cuya última modificación al documento constitutivo estatuario fue inscrita ante el citado Registro Mercantil, en fecha 2 de Febrero de 2004, bajo el Nº 1, Tomo 11-A Pro, autorizada su denominación y cambio objeto social a Banco Comercial de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y con la Resolución Nº 369.03, de fecha 19 de diciembre de 2003, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.849, de fecha 2 de Enero de 2004.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA:
• FRANCISCO DE JESUS HURTADO VEZGA, CARINE LIZEHT LEON BORREGO, ANTONIO BELTRÁN CASTILLO CHAVEZ, MARÍA ALEJANDRA MATA y LUCIA SERRAO DA SILVA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 37.993, 62.959, 45.021, 59.145 y 28.768, respectivamente.
PARTE DEMANDADA:
• INVERSIONES RIALCORP, C.A; con el Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº J-31617454-9, domiciliada en el Hatillo, Estado Miranda, debidamente inscrita por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de Julio de 2006, bajo el Nº 79, Tomo 74-A-Cto, y cuya última reforma estatuaria consta de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 16 de noviembre de 2006, la cual quedó registrada por ante la citada Oficina de Registro, en fecha 30 de noviembre de 2006, bajo el Nº 79, Tomo 131-A Cto, en su carácter de deudora principal, en la persona de su representante legal ciudadano MARIO SIGNORINO GIARDINA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.081.688, y a este ultimo en su propio nombre en su carácter de fiador solidario y principal pagador.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:
• No consta en auto ningún apoderado judicial alguno.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.

I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

Se inicia la presente demanda, introducida por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de octubre de 2009, la cual le correspondió conocer a este Despacho. La referida demanda fue presentada por el ciudadano ANTONIO CASTILLO CHAVEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 45.021, quien actúan con el carácter de apoderado judicial de BANVALOR BANCO COMERCIAL, C.A.,, incoada dicha demanda contra la Sociedad Mercantil “INVERSIONES RIALCORP, C.A”; en la persona de su representante legal ciudadano MARIO SIGNORINO GIARDINA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.081.688, y a este ultimo en su propio nombre en su carácter de fiador solidario y principal pagador.
Por auto dictado en fecha 10 de 2009, este Juzgado procedió a la admisión de la misma, ordenándose para ello el emplazamiento de la parte demandada.
Consignados como fueron los fotostátos y emolumentos requeridos para la citación de la parte demandada, este Tribunal en fecha 15 de enero de 2010, ordenó librar la compulsa respectiva.
En fecha 31 de mayo de 2010, el ciudadano DIMAR RIVERO, en su carácter de Alguacil Titular de este Circuito Judicial, dejó constancia que los días 27 y 28 de mayo de 2010, se traslado al domicilio procesal de la parte demandada, y por cuanto en las dos referidas oportunidades en las que se traslado no pudo practicarse la citación respectiva, procedió a consignar a los autos las resultas de citación.
Mediante diligencia de fecha 28 de julio de 2010, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó la citación de la parte demandada mediante Cartel de Citación. Asimismo, en esa misma fecha, este Tribunal ordenó la citación de la parte demandada, de conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Procedimiento Civil.
El día 21 de septiembre de 2010, la representación judicial de la parte demandante consignó a los autos las publicaciones realizadas en los diarios El Nacional y Ultimas Noticias del Cartel de Citación dirigido a la parte demandada.
Mediante diligencias presentadas los días 14 de octubre de 2010 y 17 de febrero de 2011, por el abogado ANTONIO CASTILLO CHÁVEZ, plenamente identificado en autos, solicitó se fijara la oportunidad para el traslado de la Secretaria de este Juzgado a los fines de que se procediera a la fijación en el domicilio procesal de la parte demandada del Cartel de Citación.
Por último en fecha 24 de febrero de 2011, este Tribunal instó al apoderado judicial de la parte actora a dirigirse por ante la Secretaria de Guardia de Secretarios de este Circuito Judicial, a los fines de que fijara el día para el traslado de la Secretaria de este Despacho, para la fijación del Cartel de Citación.
II
MOTIVA

Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)”.

De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”

Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”

En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”

Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra trascrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que la última actuación de la parte actora en el proceso se circunscribe el día 17 de febrero de 2011, fecha en la cual solicitó se fijara la oportunidad para el traslado de la Secretaria de este Juzgado a los fines de que se procediera a la fijación en el domicilio procesal de la parte demandada del Cartel de Citación, de lo cual claramente se desprende, que transcurrió mas de un (01) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo in comento.
Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE.
II
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia extinguido el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este TRIBUNAL UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. En Caracas, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil doce (2012). Años: 201 ° y 153°.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. ANGEL VARGAS RODRIGUEZ,
ABG. SHIRLEY CARRIZALES.

En esta misma fecha, siendo las 2:49 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA,

ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
Exp. Nro. AP11-M-2009-000436
AVR/SC/Eliza.-