REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 10 de abril de 2012 201º y 153º PARTE DEMANDANTE: MARCO AURELIO REQUENA SÁNCHEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 22.739, en su carácter de apoderado judicial del BANCO MERCANTIL, C.A., S.A.C.A. (BANCO UNIVERSAL), sociedad mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, en fecha 3 de abril de 1925, anotada bajo el Nº 123; cuyos actuales estatutos sociales fueron modificados y refundidos en un nuevo texto, según consta en asiento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 9 de enero de 1997, anotado bajo el Nº 22, Tomo 4-A-Pro. PARTES DEMANDADAS: JESUS RAMON LOPEZ PAZ, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nº V- 7.235.637 y de este domicilio y la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DISVICIOCA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de junio de 1993, quedando anotada bajo el Nº 12, Tomo 118-A Pro. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES EXPEDIENTE: 8.135 Por cuanto este Tribunal observa de la revisión exhaustiva del presente expediente, que desde la diligencia presentada por la apoderada judicial de la demandada de autos en la cual deja constancia de la recepción del cartel de notificación de fecha 08 de abril de 2.011 (folio 82), ha transcurrido más de un (01) año, sin haberse ejecutado algún acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio. Así las cosas, en el marco del proceso que nos ocupa, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos pretendidos a través de esta vía judicial, produciéndose lo que la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo denomina “PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL” en que se administre la justicia acelerada y preferente (Sentencia dictada en fecha 06/06/2001 con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz. Expediente N° 00-0562); señala esta doctrina que: (…) puede ocurrir que el interés decaiga por inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciado en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil, señala expresamente los supuestos que figuran la inacción prolongada y que dan lugar a la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el Artículo 269. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (...). A mayor abundamiento de lo anteriormente explanado, el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera en sentencia N° 363, de fecha 16 de Mayo de 2000, en su carácter de ponente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asentó: (…)Tal inactividad, además hace presumir que las partes no tienen interés en que se administre justicia, por lo que existía un decaimiento de la acción, y ante tal razón, que no sólo es atinente al Proceso Civil, sino al Proceso en general, y al ataque a la majestad de la justicia que significa la inactividad, patentizado por la existencia de una petición para que se administre justicia, que no se hace concreta, por lo que el servicio público de justicia se ve comprometido con un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural, el Legislador ha ordenado que se castigue a las partes que así actúan, con la perención de la instancia (...), por presunción hominis, el Juez ante esos supuestos, debe pensar que el interés en la acción decayó o pereció y que la inactividad no debe premiarse manteniendo la potencia del proceso, en el cual las partes no tienen interés (....). En consecuencia, por las razones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y se ordena la desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial. Publíquese, regístrese y déjese copia del presente fallo. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación. EL JUEZ TITULAR, ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO HERNÁNDEZ RCP/AH/Fidel EXP. N° 8.135 En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 10:30 a.m.- El secretario