REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012)
202° y 153°
SENTENCIA DEFINITIVA
ASUNTO
NP11-N-2011-000082
Demandante: PROMOTORA PAZO REAL, C.A. inscrita bajo por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 19 de octubre de 2001, bajo el Nro. 69, Tomo A-1 de los Libros llevados por ese Registro.
Apoderados Judiciales: Abogados JOSÉ ORSINI LA PAZ , MIGUEL MOLANO, RAFAEL DOMÍNGUEZ, CARLOS MARTÍNEZ, LOURDES ASAPCHI, SULIMA BEYLONE, ANA CECILIA SILVA, LISETTE SALAZAR, CARLOS BETANCOURT y MERCEDES RUIZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 11.032, 7.724, 71.191, 57.926, 31.059, 30.067, 36.086, 81.314, 87.652 y 33.027, en su orden.
Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES. DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MONAGAS Y DELTA AMACURO.
Apoderado Judicial: NO COMPARECIERON A LA AUDIENCIA Y NO CONSTA REPRESENTACIÓN ALGUNA EN AUTOS.
Motivo: NULIDAD DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE EFECTOS PARTICULARES Nro. 0167/2011 de fecha 29 de junio de 2011
ANTECEDENTES
En fecha veintiocho (28) de Septiembre del dos mil once (2011), la Abogado MERCEDES RUÍZ en su carácter acreditado en Autos, presenta escrito ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, mediante el cual interpone NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES, en contra de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT) DEL ESTADO MONAGAS Y DELTA AMACURO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, solicitando la nulidad de la Providencia Administrativa Nro.0167/2011 de fecha 29 de Junio de 2011, contenida en el Expediente MON-31-IE-11- 091, mediante el cual Certificó la Enfermedad Ocupacional (agravada con ocasión al Trabajo) que ocasiona al trabajador una DISCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE PARA EL TRABAJO HABITUAL, tal y como lo establecen los Artículos 70, 78 y 81 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
En fecha 23 de enero de 2012 se celebró la Audiencia oral y pública en la cual, el Actor consigna escrito de fundamentación de la Acción y escrito de promoción de pruebas, y visto que las mismas no requerían evacuación se fijó la Oportunidad para la presentación de escrito de informe, el cual no fue consignado, encontrándose este Juzgador dentro del lapso para dictar sentencia de conformidad con el Artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo hace en los siguientes términos:
DE LA ACCIÓN DE NULIDAD
La Acción incoada se encuentra dirigida a obtener la declaratoria de nulidad del Acto Administrativo contenido en la Certificación Nro. 0167/2011, de fecha 29 de Junio de 2011, contenida en el Expediente MON-31-IE-11- 091, dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO), alegando que dicha Providencia se encuentra incursa en el vicio de:
a) Violación del debido proceso y derecho a la defensa, al señalar que su representada no fue notificada del procedimiento aperturado en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA, y por tanto no pudo ejercer sus descargos en las oportunidad legal correspondiente, incurriendo en la violación del Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
b) Vicio en la causa o motivo de Acto: Falso Supuesto de Hecho, al indicar que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales baso su investigación que dieron origen a la Certificación en hechos totalmente falsos y errados, sin considerar una serie de condiciones legales, tales como tiempo Transcurrido desde que el Trabajador inició la relación de trabajo, e igualmente cuando éste conoció la patología que fue erróneamente calificada de ocupacional.
c) Vicio en la causa o motivo del Acto: alega el Falso Supuesto de Derecho al declarar procedente la certificación que por denuncia interpusiera el trabajador JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA, basándose en falsos supuestos, lo cual, permitió que el fundamento legal fuera erróneo. Asimismo indicó que no le permitieron ejercer su defensa ni consignar las pruebas pertinentes a los fines de fuese declarada improcedente la certificación.
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y su Reglamento establecen la actividad que debe desarrollar dicho Ente; la Disposición Transitoria Séptima de la Ley dispone:
Séptima: Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en matera de trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
La disposición legal citada establece que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativo de anulación interpuestos contra los actos dictados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) a los Juzgado Superiores del Trabajo que tengan competencia territorial sobre el lugar donde se dicto el acto administrativo a impugnar.
Si bien esta competencia no fue aceptada por los Juzgados Superiores del Trabajo, por considerar que era contraria con la Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual estableció que, correspondía a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo conocer de las nulidades de los Actos Administrativos emanados de los Órganos de la Administración Pública independientemente que se trate de órganos encargados de la materia del trabajo, actualmente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nro. 27 publicada en fecha 26 de julio de 2011, con Ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, en procedimiento de Regulación de Competencia remitido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conjuntamente con medida cautelar innominada, incoado la sociedad mercantil Agropecuaria Cubacana C.A., contra el Acto Administrativo emitido por el Presidente del Instituto Nacional De Prevención, Salud Y Seguridad Laborales (INPSASEL), que confirmó la Providencia Administrativa, expedida por la Directora de la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores con competencia en los Estados Aragua, Guárico y Apure, mediante la cual impuso sanción pecuniaria en los términos previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo contra dicha empresa, citando las decisiones publicadas por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en Sentencias Nro. 955 de fecha 23 de Septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz vs. Central La Pastora C.A.; Sentencia Nro.108 de fecha 25 de Febrero de 2011 caso: Libia Torres Márquez vs. Energy Freight Venezuela S.A. y otro; y Sentencia Nro. 311 de fecha 18 de marzo de 2011 caso: Grecia Carolina Ramos Robinson vs. Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre; estableció el cambio de criterio y Doctrina en relación con la competencia para el juzgamiento de las demandas, de cualquier naturaleza, que se interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo; es decir, que a la jurisdicción laboral le corresponde conocer todas aquellas controversias surgidas con ocasión de la relación laboral, atendiendo a la especial naturaleza del contenido de dicha relación jurídica más que al órgano que la dicta. De allí pues, que corresponde a los tribunales laborales conocer de los recursos de nulidad de las resoluciones emanadas de las Inspectorías del Trabajo, por cuanto los mismos tienen como fuente la relación laboral, estableció que:
“En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.
Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.”
En consecuencia, este Tribunal por lo antes establecido y tener competencia territorial en el lugar donde se dictó el Acto Administrativo impugnado, se declara competente para conocer de La presente Acción. Así se establece.
Declarada la competencia para conocer la presente Acción, procede este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre los alegatos planteados en los siguientes términos.
DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN
En la Audiencia de Juicio, la parte actora consigna escrito de fundamentación, en el cual alega lo siguiente:
Que de la demanda, señala que la Acción de Nulidad incoada se hace dentro del lapso de los seis (6) meses contados desde la notificación de la Providencia Administrativa que se impugna y que se cumplen todos los requisitos de Admisibilidad.
Que se le violentó a su representada el derecho a la defensa y el debido proceso al no permitírsele, presentar sus descargos ni aportar medios probatorios que permitieran demostrar la realidad de los hechos.
Que la inexistencia de un auto de Admisión, violenta lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Que existe vicio ante la Falta de Notificación de la empresa PROMOTORA PAZO REAL, C.A., ya que solo se basó en la denuncia presentada por el ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA y por las actuaciones y criterios aportados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
Que se configura el Falso Supuesto de Hecho y de Derecho al emitir una Certificación plegada de vicios.
DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONANTE:
Ratifica y hace valer, prueba documental constituida por la copia cerificada del expediente MON-31-IE-11-091, sustanciado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO), contentivo de la Certificación N° 0167/2011, de fecha 29 de Junio de 2011, en la cual pretende probar:
1.- Que el Acto administrativo se encuentra subsumido dentro del supuesto consagrado en el Ordinal 04 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que, no se realizó el procedimiento legalmente establecido.
2.- Que no existe Auto de Admisión de la denuncia interpuesta, donde se ordene notificar a la accionante, para que concederle la oportunidad legal y ejerciera su correspondiente defensa o descargo, violentando el derecho a la defensa y el debido proceso.
3.- La carencia de información técnica (evaluación médica, exámenes, estudios) y el auxilio de médicos especialistas que le permitieran evaluar de manera adecuada al Trabajador, y poder corroborar el origen de la patología.
Observa este Juzgado que, siendo la documental consignada en el expediente principal conjuntamente con el escrito libelar una copia certificada emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, se le otorga valor probatorio, el cual es del mismo tenor del expediente administrativo y la respectiva Providencia recaída en el mismo, consignado en fecha 19 de octubre de 2011 por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO).
No hubo más pruebas aportadas.
MOTIVA DE LA DECISIÓN
Este Tribunal a los fines de resolver el presente asunto observa lo siguiente:
El caso sub examine versa sobre un recurso contencioso administrativo interpuesto con el objeto de solicitar la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Certificación Nro. 0167/2011, de fecha 29 de Junio de 2011, contenida en el Expediente MON-31-IE-11- 091, dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO), en la cual Certificó la Enfermedad Ocupacional (agravada con ocasión al Trabajo) que ocasionó al trabajador JOSE GUILLERMO MALAVÉ GUERRA una Discapacidad Total Permanente Para El Trabajo Habitual, según lo dispuesto en los Artículos 70, 78 y 81 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
La Sala Político Administrativa, en Sentencia Nro.01117 de fecha 19 de Septiembre de 2002,– Expediente Nro. 16312, estableció con respecto al falso supuesto de hecho y de derecho que:
“(…) el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.”
En este sentido, la Doctrina Patria ha definido el vicio de falso supuesto de hecho como la distorsión de los hechos tal como ocurrieron, cuya teleología es generar consecuencias que afecten derechos fundamentales de los interesados. Algunos autores clasifican o diferencian las modalidades en las que la Administración puede incurrir al darle un tratamiento a los hechos. Así tenemos, que el falso supuesto de hecho se puede verificar en los siguientes supuestos:
i) Cuando existe error en su apreciación y juicio de valor, ello se evidencia cuando no hay correspondencia entre los hechos constitutivos del acto dictado por la Administración y el supuesto normativo aplicable a tal elemento fáctico, en cuyo caso, la Administración valora de manera errada la actuación que da origen al procedimiento administrativo y emite un juicio inválido acerca de ello, en el sentido que no existe coincidencia entre el elemento fáctico y la norma que contempla determinada consecuencia jurídica;
ii) Cuando existe ausencia de hechos, este supuesto se verifica en el momento que la Administración no logra demostrar la existencia de los hechos generadores que fundamenten la aplicación de la norma jurídica utilizada y;
iii) Cuando existe distorsión en la interpretación de los hechos, en el sentido que la administración aprecia de manera inadecuada los hechos tal como ocurrieron, y se da igualmente a los demás supuestos una mala aplicación de la norma que le sirve de fundamento.
En el casi sub examine, solicita la de la Certificación de Enfermedad Ocupacional N° 0176-2011, de fecha 29 de junio de 2011, emitida en el expediente MON-31-IE-11-091, por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, sustentado en un primer supuesto, la falta de notificación de la empresa demandante, la falta de un auto de admisión, que se encuentra subsumido dentro del supuesto consagrado en el Ordinal 04 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que, no se realizó el procedimiento legalmente establecido, y la carencia de información técnica que generaron error en la valoración de los hechos y del derecho.
En referencia al error de la falta de notificación de la empresa demandante, a la cual se le apertura el procedimiento administrativo, se observa lo siguiente:
a) En fecha Jueves 05 de marzo de 2011, la ciudadana ANA PINO, titular de la cédula de identidad N° 15.815.277, en su carácter de Inspectora asignada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, mediante orden de trabajo N° MON-11-094, se dirige a la sede las instalaciones de las Oficinas Administrativas de la empresa Promotora Pazo Real, C.A., en la cual se identificó e informó el motivo de su visita, siendo atendida por las ciudadanas ROSEMARY FERMENAR y OLGA CHACARE, titulares de las cédulas de identidad Nos 15.815.377 y 16.026.299, quienes se identificaron como analista de nómina la primera y Recepcionista y Delegada de Prevención ante el Comité de Salud y Seguridad Laboral de la empresa demandante, la segunda, en su orden, (folios 117 al 118), e hizo entrega de Acta de Solicitud de Recaudos (folios 119 al 121).
b) En fecha Jueves 12 de mayo de 2011, la ciudadana ANA PINO, antes identificada, se dirige a la sede las instalaciones de las Oficinas Administrativas de la empresa Promotora Pazo Real, C.A., en la cual se identificó e informó el motivo de su visita, siendo atendida por los ciudadanos JOEL ACEVEDO, FÉLIX AGUILERA y OLGA CHACARE, titulares de las cédulas de identidad Nos 10.839.973, 8.361.386 y 16.026.299, quienes se identificaron como Jefe de Recursos Humanos, Delegado Sindical de la Parte Obrera y Recepcionista y Delegada de Prevención ante el Comité de Salud y Seguridad Laboral, en la cual el ciudadano JOEL ACEVEDO consignó documentales solicitados en el Acta de Solicitud de Recaudos (folios 122 al 177).
c) En fecha Jueves 26 de mayo de 2011, la ciudadana ANA PINO, antes identificada, se dirige a la sede las instalaciones de las Oficinas Administrativas de la empresa Promotora Pazo Real, C.A., en la cual se identificó e informó el motivo de su visita, siendo atendida por los ciudadanos JOEL ACEVEDO y OLGA CHACARE, titulares de las cédulas de identidad Nos 10.839.973, 16.026.299, quienes se identificaron como Jefe de Recursos Humanos y Recepcionista y Delegada de Prevención ante el Comité de Salud y Seguridad Laboral, en la cual se verificaría el Criterio Higiénico, vales decir, análisis de las condiciones y actividades realizadas por el Trabajador JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA (folios 178 al 180).
Como bien puede verificarse de las actas que preceden, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO), si cumplió con la Notificación correspondiente de la empresa Promotora Pazo Real, C.A., la cual se materializó al inicio de las investigaciones pertinentes, ello en fecha 05 de marzo de 2011, y en la posteriores inspecciones realizadas en fecha 12 y 26 de mayo de 2011, en consecuencia, mal podría la parte demandante alegar se le violentó el debido proceso y el derecho a la defensa por cuanto que no se cumplió con la Notificación respectiva, si de las actas se evidencia que los ciudadanos JOEL ACEVEDO, FÉLIX AGUILERA, OLGA CHACARE y ROSEMARY FERMENAR, titulares de las cédulas de identidad Nos 10.839.973, 8.361.386, 16.026.299 y 16.026.299, quienes se identificaron como Jefe de Recursos Humanos, Delegado Sindical de la Parte Obrera y Recepcionista, y a su vez, Delegada de Prevención ante el Comité de Salud y Seguridad Laboral y Analista de Nómina, en su orden, tenían conocimiento del procedimiento aperturado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO). Así se establece.
Ahora bien, en cuanto al supuesto alegado sobre la inexistencia de un auto de Admisión, violentando así lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo y que se encuentra subsumido dentro del supuesto consagrado en el Ordinal 04 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que, no se realizó el procedimiento legalmente establecido, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla en la norma antes citada lo siguiente:
Artículo 19
Los Actos de la Administración serán absolutamente Nulos en los siguientes casos:
1.-Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal;
2.-Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo expresa autorización de la Ley;.
3.- Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución;
4.- Cuando hubieren sido dictados por las Autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.
Asimismo, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece:
Artículo 49
Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:
1.- El órgano al cual está dirigido;
2.- La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su presentante, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula o pasaporte;
3.- La dirección del Lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;
4.- Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;
5.- Referencia de los anexos que los acompañan, si tal es el caso;
6.- Cuales quiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias;
7.- La firma de los interesados.
Ahora bien, siendo el acto impugnado mediante la presente Acción Contencioso Administrativa de Nulidad es la Certificación en referencia (folios 190 al 192), Nro. 0176-2011 de fecha 29 de junio de 2011, suscrito por el Dr. Cesar Omar Salazar Marcano, en su carácter de Médico Diresat Monagas y Delta Amacuro, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, mediante la cual determinó que el Ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad número 19.256.010, padece de una Enfermedad Ocupacional (agravada con ocasión del trabajo) que le ocasiona una discapacidad total y permanente para su trabajo habitual.
Analizando lo alegado por la empresa Accionante sobre la incompetencia para dictar la mencionada Certificación, debe este Juzgado pronunciarse al respecto, señalando que, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, es un Instituto Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, que tiene como finalidad garantizar a la población sujeta al campo de aplicación del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las prestaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento del objeto de la presente Ley, salvo las conferidas al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, dentro de cuyas competencias se observa la de calificar el origen ocupacional de las enfermedades así alegadas por los trabajadores, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Asimismo, en el Capítulo III, Título VI de dicha Ley Especial, la calificación del origen ocupacional de los accidentes y enfermedades, el competente para calificar el origen de la enfermedad ocupacional, es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el cual previa investigación y mediante informe, debe emitir la decisión correspondiente, siendo que dicho Expediente, como en el caso de Autos, tiene carácter de documento público.
Al verificar en la norma el procedimiento establecido para la expedición de las Certificaciones emanadas de los médicos especiales en salud ocupacional del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, expresamente el Legislador le otorgó competencia para calificar el origen ocupacional de la enfermedad o del accidente, según la atribución conferida a este Instituto en el artículo 18 numeral 15 de la eiusdem. Igualmente, en los Artículos 76 y 77 de la referida Ley Especial, se dispone:
Artículo 76. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá el carácter de documento público. Todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma.
Artículo 77. Podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales:
1. El trabajador o la trabajadora afectado.
2. El empleador o empleadora del trabajador o de la trabajadora afiliado.
3. Los familiares calificados del trabajador o de la trabajadora establecidos en el artículo 86 de la presente Ley.
4. La Tesorería de Seguridad Social.”
De los artículos antes transcritos, se observa que el procedimiento para la expedición de la certificación del origen del accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tiene las siguientes características:
1) puede iniciarse a instancia de parte a través de una solicitud previa del trabajador o causahabiente en caso de muerte; es decir, todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, puede y debe acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la
2) el Ente debe iniciar la investigación del accidente o enfermedad;
3) finalizado el procedimiento, se expide la Certificación la cual tendrá carácter de documento público administrativo.
Este Tribunal Superior, del análisis de las actas procesales, verifica que riela en copia certificada el expediente que dio lugar a la Certificación cuya nulidad se solicita, mediante el cual el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en ejercicio de sus funciones calificó y certificó que el ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVE, padece de una enfermedad agravada por las condiciones de trabajo que le genera una Discapacidad Total y Permanente para sus actividades habituales; asimismo, se observa que dicha certificación es el resultado de las evaluaciones y comprobaciones efectuadas por el referido Instituto; así como se evidencia el cumplimiento de los requisitos de forma, incluso los de notificación de la misma a los fines que la parte interesada o afectada pudiera ejercer los Recursos administrativos o judiciales contra ella, siendo prueba de ello la presente acción ejercida por la Sociedad Mercantil PROMOTORA PAZO REAL, C.A.
De las normas transcritas se evidencia lo siguiente, sobre supuesto alegado sobre la inexistencia de un auto de Admisión, la Ley Orgánica del Procedimientos Administrativos no establece que el Procedimiento administrativo deba contener tal formalidad, por cuanto para el inicio de éste y la posterior sustanciación del expediente, en este caso, por instancia de parte interesada en virtud de la solicitud planteada por el ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA, cursante a los folios 114 y 115, solo se debe tomar la declaración del interesado y que la misma cumpla con los extremos de Ley establecidos en Artículo 49 de la Ley Orgánica del Procedimientos Administrativos, antes descritos, luego el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales procede a realizar la tramitación correspondiente, lo cual, se evidencia de Orden de Trabajo N° MON-11-094 (folio 116). En cuanto al alegato de que se encuentra subsumido dentro del supuesto consagrado en el Ordinal 04 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ese Jugador observa de la actas que el órgano emisor de la Certificación de la Discapacidad Total Permanente para el Trabajo Habitual es el DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT) DEL ESTADO MONAGAS Y DELTA AMACURO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, el cual es la Autoridad Competente, tal y como los establece el Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Artículo 4, referido a la información y declaración obligatoria de las enfermedades ocupacionales de trabajo, concatenado con los orinales 14 y 15 del Artículo 16 donde se establecen las Competencias del referido instituto, en consecuencia, considera improcedente el alegato de la parte demandante delatando la falta de un Auto de Admisión, y, que dicha providencia estaba inmersa en el vicio de nulidad establecido en el ordinal 4 del Artículo 19 de la Ley Orgánica del Procedimientos Administrativos. Así se establece.
Por último, como bien puede verificarse, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Monagas y Delta Amacuro (DIRESAT – MONAGAS y DELTA AMACURO), mediante Providencia Administrativa que establece Certificó la Discapacidad Total Permanente para el Trabajo Habitual del ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA, no incurrió en el vicio del falso supuesto de hecho, por cuanto hizo – como ya se indicara supra - las investigaciones pertinentes basado en la solicitud realizada por el trabajador antes mencionado, en las inspecciones realizadas y en los soportes aportados por la empresa demandante al proceso, no constituyendo éste hecho un vicio del acto administrativo. Ante tal circunstancia, podemos señalar que la no verificación del falso supuesto de hecho conlleva un análisis objetivo del acto.
Es menester precisar que el Procedimiento Administrativo constituye el conjunto de trámites u operaciones de obligatorio cumplimiento que debe realizar el Ente del cual emana, es decir, está sujeta a la iniciación de un procedimiento para el debido pronunciamiento y justificación del acto final, garantizando con ello los derechos de quienes la Providencia o Decisión que se emita se puedan ver afectados con la misma. En este sentido, el Artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece el deber de la Administración de cumplir todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, bien a petición de parte interesada o de oficio, siendo de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites, so pena de incurrir en una violación del procedimiento legalmente establecido, lo que trae como consecuencia la violación del debido proceso.
El Juez con competencia en lo Contencioso Administrativo, ante un vicio de orden público que sea afectado de nulidad absoluta debe proceder previamente a cualquier otra consideración a declarar dicho vicio, bien porque haya sido alegado por los interesados o bien porque él lo constate de oficio; no obstante, cuando el Acto recurrido contiene vicios de anulabilidad, siendo éstos de la esfera del particular afectado, no puede pronunciar la nulidad del acto por tales vicios si no han sido alegados por las partes. Ahora bien, los vicios de nulidad absoluta se encuentran taxativamente establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siendo en consecuencia de carácter excepcional; mientras que los vicios de nulidad relativa o anulabilidad, de conformidad con el artículo 20 eiusdem, son todos los demás vicios que pueden producir la extinción de los efectos de los actos administrativos y que no comportan la nulidad absoluta.
Al respecto, el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que el debido proceso constituye una garantía constitucional que debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales o administrativas; y en el caso de Autos, no se constató que el Acto Administrativo, tanto de la apertura por la solicitud realizada por el ciudadano JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA y de la Providencia dictada al efecto, el Ente Administrativo Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, cumple los extremos de Ley, salvaguardando el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso de las Partes desde el inicio del procedimiento y de las investigaciones pertinentes, en consecuencia, no se materializó el falso supuesto de Derecho invocado por la parte demandante.
Por las consideraciones anteriores, este Juzgado Superior debe declarar que no puede prosperar la Acción de Nulidad de la Providencia Administrativa Nro.0167/2011 de fecha 29 de Junio de 2011, contenida en el Expediente MON-31-IE-11- 091, mediante el cual Certificó la Enfermedad Ocupacional (agravada con ocasión al Trabajo) que ocasiona al trabajador JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA una DISCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE para el trabajo habitual en contra de la empresa PROMOTORA PAZO REAL, C.A. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo Superior del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: PRIMERO: Se declara este Juzgado Competente para conocer la presente Acción de Nulidad. SEGUNDO: declara SIN LUGAR la acción de NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES incoado por la Empresa PROMOTORA PAZO REAL, C.A. en contra de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT) DEL ESTADO MONAGAS Y DELTA AMACURO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, que Certificó la Enfermedad Ocupacional (agravada con ocasión al Trabajo) que ocasiona al trabajador JOSÉ GUILLERMO MALAVÉ GUERRA una DISCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE PARA EL TRABAJO HABITUAL, mediante Providencia Administrativa Nro.0167/2011 de fecha 29 de Junio de 2011, contenida en el Expediente MON-31-IE-11- 091.
Se advierte a las partes que el lapso para ejercer el recurso pertinente, comenzará a transcurrir a partir del primer día hábil siguiente vencido el lapso para la publicación de la presente decisión.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
DIOS y FEDERACIÓN
EL JUEZ
Abog. ROBERTO GIANGIULIO A.
EL SECRETARIO
Abog. FERNANDO ACUÑA B.
En esta misma fecha, siendo las 2:40 p.m. se dictó y publicó la anterior decisión. Conste. El Sctrio. Abog. FERNANDO ACUÑA B.
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