TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Doce (2012)
201º y 153º

ASUNTO Nº DH12-X-2012-000053
PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil “RESTAURANT PEZ DORADO C.A.”, inicialmente inscrita por ante el Registro Mercantil que llevo el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 11-02-1971, bajo el N° 21, Tomo 2, posteriormente compiladas sus reformas e inscritas en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 26-12-1989, bajo el N° 93, Tomo 339-A.-

APODERADO JUDICIAL DE PARTE RECURRENTE: Abogado NORMAN ROA BALTODANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.360.-

ÓRGANO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECURRIDO: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS ANASTASIO GIRARDOT, MARIO BRICEÑO IRAGORRY, SANTIAGO MARIÑO, FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA, COSTA DE ORO y LIBERTADOR DEL ESTADO ARAGUA.-

MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSION DE EFECTOS DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 1293-11 de fecha 07 de diciembre del 2011, en el expediente N° 043-2011-01-01296.

I
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCION

Mediante auto de fecha 13 de abril de 2011, dictado por este Despacho, conforme lo establece el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena la apertura del cuaderno separado a los fines de pronunciarse sobre la medida cautelar de suspensión de los efectos del Acto Administrativo N° 1293-11 de fecha 07 de diciembre del 2011, en el expediente N° 043-2011-01-01296, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Costa de Oro y Libertador Del Estado Aragua, por lo que para decidir este Tribunal observa:

El 28 de marzo de 2012, el ciudadano NORMAN ROA BALTODANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.360, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “RESTAURANT PEZ DORADO C.A.”, interpone Recurso Contencioso Administrativo conjuntamente con Suspensión de los Efectos del Acto contra la Providencia Administrativa N° 1293-11 de fecha 07 de diciembre del 2011, en el expediente N° 043-2011-01-01296, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, con fundamento en los argumentos que a continuación se indican:
Señala el recurrente en su escrito libelar;
“(…) Es menester, que exista la presunción de buen derecho alegado y que la medida sea indispensable a los fines de evitar perjuicios de imposible o difícil reparación (…) esto es, la presunción de que existen fundadas razones para creer fehacientemente que el solicitante de la medida cautelar es titular de un derecho sobre el cual invoca protección (…)” y la presunción de buen derecho se deriva claramente del texto de la propia Providencia Administrativa de la cual se evidencia que la Inspectoría del Trabajo considero que el reclamante estaba amparado de la inamovilidad laboral (…) lo que hace presumir que la Providencia Administrativa Nº 1293-11, esta viciada de nulidad absoluta.”(…) en el caso que nos ocupa de no otorgarse protección cautelar a favor de mi representada y resultar victoriosa mi mandante en el presente proceso, la sentencia definitiva que verse sobre el fondo de la controversia quedaría ilusoria, pudiendo ocasionar perjuicios de difícil reparación en la esfera de mi mandante (…) obligada a pagar unos salarios cuyo reintegro o recuperación seria dificultosa en caso de resultar favorecida por la sentencia de nulidad. ” “(…) adicionalmente, el presente caso se ve agravado toda vez que el no acatamiento de la orden de reenganche contenida en la Providencia Administrativa Nº 1293-11, iniciaría un procedimiento sancionatorio en contra de mi representada (…) so pena de que se impongan multas sucesivas (…) implicaría un peligro inminente de que se le cause a mi representada una lesión pecuniaria o daño irreparable, lo cual podría traer como consecuencia la revocatoria inmediata de la solvencia laboral (…).”

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

A los fines de proveer sobre la medida cautelar solicitada por el Abogado NORMAN ROA BALTODANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.360, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “RESTAURANT PEZ DORADO C.A.”, a tal efecto se observa:
Corresponde a esta Juzgadora decidir la suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Providencia N° 1293-11 de fecha 07 de diciembre del 2011, en el expediente N° 043-2011-01-01296, emanada de la Inspectoría Del Trabajo De Los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Costa De Oro y Libertador del Estado Aragua, al respecto, se observa lo siguiente:
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra en las exigencias del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para acordar la suspensión de efectos.
Partiendo de que toda cautela debe tener como sustentación una situación de hecho y de derecho favorable al solicitante, aunque lo que se hace es un examen de probabilidad en el ámbito de la presunción de quien requiere la protección del derecho: “fumus bonis iuris” y la existencia del “periculum in mora”, el cual se concreta en la “infructuosidad del fallo” que deba dictarse en el procedimiento principal, se observa en el caso de autos, que el recurrente pretende que se suspendan los efectos del acto administrativo que lo afectó mediante el cual se le ordeno el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos de la trabajador ciudadano PAULO MIGUEL JARAMILLO RAMIREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-15.656.814, al respecto, observa quien decide, que siendo impugnada la referida Providencia Administrativa con base a los mismos elementos para la solicitud cautelar y convirtiendo aquellos en la apariencia del buen derecho, conlleva a escrutar la situación jurídica alegada por el quejoso comprobación de lo alegado, lo que implica la verificación no sólo del acto que se pretende impugnar sino también sus antecedentes administrativos, lo que conlleva a concluir que el recurso contencioso administrativo de nulidad tiene identidad plena con la medida cautelar solicitada y a juicio de este Tribunal, debe esta Juzgadora apreciar los recaudos presentados, al igual que las condiciones jurídicas y fácticas que rodean a los hechos presentados, los elementos que le permitan presumir la existencia de una situación merecedora de la protección, por tener identidad plena con la del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido, que funge como acción principal, pues no hay manera de acordar la medida solicitada con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, para de esta manera verificar si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, en el acto administrativo impugnado, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo y visto que en el presente caso no se demuestra que la parte recurrente haya dado cumplimiento a los requisitos antes mencionados, al no consignar medio probatorio que permita sospechar la lesión de algunos de los derechos, para que el juez pueda proceder a reestablecer la situación infringida y acordar cualquier previsión que considere para evitar o impedir que esa violación se produzca o continúe.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, ya que los argumentos alegados por el recurrente no son específicos ni suficientemente motivados para determinar el vicio del acto de la Administración Pública, ni el daño que se le pueda causar por la ejecución de la ya mencionada Providencia Administrativa que se está atacando por medio de la presente Nulidad de Acto Administrativo, en consecuencia en este caso no se observa la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la presunción en cuanto al perjuicio de los derechos del recurrente, esta Juzgadora estima que no están presentes los requisitos exigidos para acordar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, es decir, fumus boni iuris y periculum in mora, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión del Acto recurrido.- Así se decide.
III
DECISIÓN
Por lo expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la Solicitud de Decreto de Medida Cautelar Innominada de Suspensión de Efectos de la Providencia Administrativa N° 1293-11 de fecha 07 de diciembre del 2011, en el expediente N° 043-2011-01-01296 solicitada por el abogado NORMAN ROA BALTODANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.360, en su condición de Apoderado Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL “RESTAURANT PEZ DORADO C.A.”, contra la Providencia Administrativa N° 1293-11 de fecha 07 de diciembre del 2011, en el expediente N° 043-2011-01-01296, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, mediante la cual declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por el ciudadano PAULO MIGUEL JARAMILLO RAMIREZ, plenamente identificada en autos.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay, a los veintitres dias (23) del mes de abril del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
LA JUEZ,

DRA. ZULEYMA DARUIZ CEBALLOS

EL SECRETARIO,

ABOG. HAROLYS PAREDES.

En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia siendo las doce horas y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.).

EL SECRETARIO,

ABOG. HAROLYS PAREDES.

ASUNTO Nº DH12-X-2012-000053
ZDC/lbm