TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL CON SEDE EN MARACAY ESTADO ARAGUA. Años 201° y 153° Parte Recurrente: Sociedad Mercantil Dominican Nails, C.A., domiciliada en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº 35, Tomo 76-A, de fecha 23 de Octubre de 2008. Apoderadas Judiciales: No tiene acreditado en autos. Parte Recurrida: Inspectoría del Trabajo en el estado Aragua. Apoderado Judicial: No tiene acreditado en autos. Acto Administrativo de fecha 03 de Febrero de 2010. Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Expediente Nº 10.123. Sentencia Interlocutoria Con Fuerza Definitiva. I ANTECEDENTES Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado el ocho (08) de Abril de 2010, ante este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua; por la Ciudadana Yasmin Scarlet Melican Santana, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. 25.001.679, actuando como Presidenta de la Firma DOMINICAN NAILS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nro. 35, Tomo 76-A, de fecha 23 de Octubre de 2008, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio Gilberto Chacin Lanza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro 120.001, contra la Providencia Administrativa signada con el Nro. 0141-10, de fecha 03 de febrero de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Santiago Mariño, Costa de Oro, Linares Alcántara en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, en el Expediente Nro. 043-2009-01-04113, mediante el cual declaro Con Lugar la solicitud de Reenganche y el Pago de los Salarios Caídos interpuesta por la Ciudadana Madelaine Vicentina Ante Cruz. En fecha 14 de Mayo de 2010, este Órgano Jurisdiccional le dio entrada al expediente en los libros respectivos y cuenta al Juez, quedando signada bajo el número de expediente N° 10123. En fecha 27 de Julio de 2010, se admitió el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, ordenándose así las notificaciones de ley, librándose en esa misma fecha los oficios respectivos. En fecha 15 de Noviembre de 2010, fue recibido Oficio Nro. 05-F10-187-10, proveniente de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, constante de un (01) folio útil; agregándose al Expediente formando folios útiles. En fecha 18 de Noviembre de 2010, el Ciudadano Alguacil Temporal del Despacho, consigno en dos (02) folios útiles, las copias de las Notificaciones dirigidos a los Ciudadanos Inspector del Trabajo de Maracay y Fiscal Décimo del Ministerio Público del Estado Aragua. En fecha 26 de Enero de 2011, compareció el Ciudadano Abogado Gilberto Chacin Lanza, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 120.001, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la Parte Recurrente, quien solicitó el Abocamiento de la Ciudadana Juez designada; dicha solicitud fue proveída, por auto de fecha 01 de Febrero de 2011. Por auto de fecha 21 de Febrero de 2011, y vencido como se encontraba el lapso de avocamiento en la presente causa, este Órgano Jurisdiccional, procedió a reanudar la causa, y a los fines de salvaguardar la tutela judicial efectiva conforme a lo establecido en los Artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se insto a la Parte Recurrente, a que aportara los Juegos de Copias Simples necesarios para su certificación, a los fines de practicar las notificaciones de Ley. I DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA La figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y antes de ser vista la causa. En ese sentido, debe indicarse que la institución de la Perención de la Instancia es materia de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa. Esta institución procesal encuentra justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con el tellos de la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso. Ahora bien, en nuestro caso la norma que regula la perención, es la contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: Artículo 41: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas”. De la lectura dadas a las normas ut supra transcritas se colige y así lo ha interpretado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, que para que opere la Perención (anual) de la Instancia deben concurrir los requisitos siguientes: i) que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto o impulso procesal en la causa, ii) que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de éstas hayan realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias “revisión” del expediente judicial y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del Tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa…” debe ser entendida como después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones. Igualmente de la norma ut supra invocado se desprende que con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho la extinción de la instancia, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo por parte del Órgano Jurisdiccional, dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía. Establecidos los parámetros de demarcación tendentes a verificar la perención de la instancia, esta Jurisdicente previa revisión efectuada a las actas procesales que conforman el expediente judicial de la presente causa, pudo constatar que la última actuación del Tribunal fue la que se evidencia por auto de fecha veintiuno (21) de Febrero de dos mil once (2011), donde se ordeno Comisionar a un Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de practicar la Notificación de la Procuradora General de la República, mediante Oficio, librándose Despacho de Comisión al Juzgado Distribuidor de Municipio del Area Metropolitana de Caracas y el Oficio al Juez del Juzgado de Municipio; a los fines de reanudar la causa, sin embargo, se deja constancia que no fueron impulsadas las notificaciones correspondiente, y siendo que la parte recurrente efectuó su última actuación, en fecha 26 de Enero de 2011, transcurriendo así, más de un (01) año, sin que la parte recurrente hubiere realizado actuación alguna, lo que conlleva a declarar que operó de pleno derecho la perención de la instancia, a tenor de lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se establece. En tal sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, estableció que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los requisitos exigidos en la ley; el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001. Exp. Nº AA20-C-1951-000001). De modo pues que no existe ningún género de dudas, la Única Actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente. En consecuencia, como se explanó anteriormente desde el veintiuno (21) de Febrero de dos mil once (2011), donde se ordeno Comisionar a un Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de practicar la Notificación de la Procuradora General de la República, mediante Oficio, librándose Despacho de Comisión al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas y el Oficio al Juez del Juzgado de Municipio; a los fines de reanudar la causa; evidenciándose que hasta la presente fecha, efectivamente transcurrió más de Un (1) año sin que se hubiese realizado ningún acto de impulso válido en la presente causa, lo que conlleva a declarar que operó de pleno derecho la perención de la instancia, a tenor de lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se establece. III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central con Sede en Maracay, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por la Ciudadana Yasmin Scarlet Melican Santana, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. 25.001.679, actuando como Presidenta de la Firma DOMINICAN NAILS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nro. 35, Tomo 76-A, de fecha 23 de Octubre de 2008, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio Gilberto Chacin Lanza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro 120.001, contra la Providencia Administrativa signada con el Nro. 0141-10, de fecha 03 de febrero de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Santiago Mariño, Costa de Oro, Linares Alcántara en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, en el Expediente Nro. 043-2009-01-04113, mediante el cual declaro Con Lugar la solicitud de Reenganche y el Pago de los Salarios Caídos interpuesta por la Ciudadana Madelaine Vicentina Ante Cruz. A tenor de lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, concatenado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Así se decide. Segundo: Notificar a la parte recurrente del contenido de la presente decisión. Así se decide. Publíquese, regístrese, diaricese, notifíquese, y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central con Sede en Maracay, Estado Aragua. En la ciudad de Maracay, al primer (01) día del mes de Agosto del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZA SUPERIOR TITULAR, DRA. MARGARITA GARCÍA SALAZAR. LA SECRETARIA, ABOG. SLEYDIN REYES. En esta misma fecha, 01 de Agosto de 2012, siendo las 11:30 antes meridiem, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, ABOG. SLEYDIN REYES. Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva. Exp. Nº 10.123. MGS/SR/wendy.