REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
Exp. Nº 2011-1338

En fecha 16 de marzo de 2011, el abogado Faruk Andrés Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 11.043.284, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular, constituido mediante Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicada en fecha 03 de diciembre de 2002 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.583, consignó ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de los Órganos Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, escrito libelar contentivo de la demanda de contenido patrimonial, contra el ciudadano ANIBAL ANTONIO COLMENARES MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº V-15.093.897, por cobro de bolívares.

Previa distribución de causas efectuada en fecha 17 de marzo de 2011, la misma resultó asignada a este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, siendo recibida en fecha 22 de marzo de 2011.

Posteriormente, en fecha 28 de marzo de 2011, fue admitida la presente demanda, ordenándose la apertura de cuaderno separado previa consignación de los fotostatos necesarios por la parte solicitante, a los fines de tramitar la medida cautelar de secuestro solicitada; siendo que en fecha 19 de julio de 2012, fueron consignadas las copias fotostáticas necesarias para tal fin, aperturándose dicho cuaderno en fecha 26 de julio de 2012.

En tal sentido, pasa este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada en los siguientes términos.
I
DE LA DEMANDA

El apoderado judicial del Instituto demandante, adujo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Señaló, que la empresa “MAQUINAS 2000, C.A”, celebró con el ciudadano Anibal Antonio Colmenares Mendoza, titular de la cédula de identidad Nº V-15.093.897, Contrato de Venta con Reserva de Dominio sobre un vehículo automotor “(…) Placa: 45HVAT, Marca CHEVOLET, Modelo: C3500 CHASSIS CAB.UT; Año 2004; Color BLANCO; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R74V326986; Serial del Motor 74V326986; Clase CAMION TIPO: CHASSIS Uso: Carga; Fecha de Emisión: 30-07-2004; Peso: 5171 KG; Capacidad 2623 KG incluye CARROCERIA TIPO PLATAFORMA ESTACA (…)”.

Que el Instituto al cual representa, pagó a la vendedora original la totalidad del precio pactado por la venta, por lo cual la empresa le cedió todos los derechos, que como vendedora del bien le correspondía.

Que EL COMPRADOR se comprometió a pagar al VENDEDOR, como monto total del crédito que le fue concedido por su mandante, para la adquisición del vehículo, la cantidad de “(…) CUARENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS DOS MIL BOLIVARES (Bs.46.196.702) (…)”, en un plazo de cinco (5) años incluyendo tres (3) meses de período de gracia, en cincuenta y siete (57) cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas a partir del cuarto mes, computable a partir de la fecha del contrato.

Que el demandado no pago ni la primera cuota, por lo tanto el saldo de capital adeudado es de “(…) CINCUENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES, (Bs.56.659,00) (…)”, que el contrato estipulo que el comprador perdería el beneficio del plazo concedido para el pago, se dejare de pagar dos cuotas consecutivas, por lo tanto se hizo exigible el pago total de la obligación contraída por el comprador, como si se tratare de un plazo vencido.

Que según el contrato el demandado esta obligado a pagar una tasa de interés del doce por ciento anual sobre el saldo deudor y que por concepto de intereses de mora una tasa del tres por ciento (3%) anual, adicional a la tasa, por lo que hace un monto por este concepto, hasta el 21-09-2010 de “(…) OCHENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS, TREINTA Y OCHO BOLIVARES (Bs. 82.338,00) (…)”.

Finalmente, fundamento su pretensión en el artículo 1.167 del Código Civil.

Por último, solicitó medida cautelar nominada solicitada conforme a lo establecido en el artículo 588 y el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil.

II
DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR

En cuanto a la presente solicitud, esgrimió que “(…) El artículo del C.P.C. prevé la posibilidad de decretar el secuestro de bienes determinados.- Por otra parte el articulo 599 del C.P.C. Establece la posibilidad de decretar el secuestro de la cosa mueble sobre la cual versa la demanda, cuando se tema con fundamento que el demandado la deteriore. Es un hecho notorio, que el uso normal de un vehículo automotor produce el deterioro por desgaste proveniente de ese uso.- (…)”
“(…) En este caso esta configurada la presunción grave del buen derecho reclamado, pues he consignado con el libelo el correspondiente contrato, que prueba tanto la venta como la obligación de pago.- El peligro en la demora resulta de una máxima de experiencia, mientras mas se usa el vehículo automotor, mayor es el deterioro proveniente del uso. (…)”

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


I.- Como punto previo, debe este Órgano Jurisdiccional verificar su competencia para conocer de la presente demanda de contenido patrimonial, y en tal sentido observa que en fecha 16 de junio de 2010, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual fue reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, y establece en su numeral 2 del artículo 25 lo siguiente:

“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital son competentes para conocer de:

(…) Omissis (…)

2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.”
(Subrayado propio de este Tribunal)

En tal sentido, este Tribunal observa, que toda demanda que interponga un ente descentralizado funcionalmente –en el presente caso instituto autónomo-, que no exceda de la cantidad de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), deberá conocer de las mismas, los todavía denominados Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.

Ahora bien, en la presente causa la parte demandante es un Instituto del Estado, la cual activó el sistema jurisdiccional contencioso administrativo, debido al alegado incumplimiento en el contrato por parte del ciudadano Anibal Antonio Colmenares Mendoza, ya tantas veces identificado, estimando la demanda en la cantidad de Ochenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho Bolívares (Bs. 82.338,00).

En razón de ello, y por cuanto la presente demanda fue interpuesta por un Instituto del Estado como lo es INAPYMI, siendo estimada por su representación judicial en la cantidad de Ochenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho Bolívares (Bs. 82.338,00), cantidad que equivale para el momento de la interposición del recurso a mil ochenta y tres con treinta y nueve unidades Tributarias (1.083,39 U.T), ya que para la fecha, la unidad tributaria, de acuerdo a providencia administrativa Nº SMAT/2011/0009 dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de fecha 24 de febrero de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.623, de misma fecha, se encontraba en un valor de setenta y seis bolívares sin céntimos (Bs. 76,oo), hace evidente que la mencionada estimación no excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) a la que hace referencia el numeral 2 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; haciendo imperioso para esta Sentenciadora, declarar su competencia para conocer de la presente causa, y así se decide.

II. Determinada como ha sido la competencia para conocer la demanda de contenido patrimonial, pasa este Órgano Jurisdiccional a emitir pronunciamiento de la medida cautelar solicitada en los siguientes términos.

Se observa de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, que la parte quejosa solicita medida cautelar nominada de secuestro conforme a lo establecido en los artículos 585 y el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, observa este Tribunal que los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contempla la posibilidad del Juez de dictar medidas cautelares en los juicios contenciosos administrativos, con relación a lo siguiente:

“(…) Artículo 4: El Juez o Jueza es el rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte, hasta su conclusión.
El Juez o Jueza Contencioso Administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos en su correcta actividad administrativa.

“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el Tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.”
(Destacado de este Tribunal)

Los artículos antes transcritos, no son más que la manifestación del derecho constitucionalmente consagrado de tutela judicial efectiva; pues, faculta al Juez Contencioso Administrativo para que pueda en cualquier estado y grado de la causa, dictar las medidas cautelares necesarias con el fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación que conlleven a la infeliz ejecución de su sentencia de mérito; ello, sin determinar los criterios bajo los cuales se ha de proceder al otorgamiento de la referida cautelar, pues sólo invita a considerar las circunstancias del caso en concreto.

Ahora bien, por cuanto la norma especial que regula la presente demanda de contenido patrimonial, permite la posibilidad de aplicar de manera supletoria normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal a los fines de determinar la procedencia de la presente solicitud cautelar atenderá a lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que las medidas cautelares serán decretadas “(…) sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama (…)”

En ese sentido, por cuanto la presente medida cautelar es de carácter nominada de secuestro el artículo 599 de la prenombrada norma adjetiva, establece lo siguiente:

Artículo 599. Se decretará el secuestro:
1. De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore.
(…) Omissis (…)
5. De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio.
(…) Omissis (…)
En este caso el propietario, así como en vendedor en el caso del Ordinal 5° podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta la cosa para responder respectivamente al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello.
(Resaltado propio de este Tribunal)

De lo parcialmente transcrito se puede establecer que, para determinar la procedencia de un embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, como medida cautelar típica o nominada, es necesario que sean evaluados la presunción de buen derecho que se reclama y la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora.

Observa esta Juzgadora, que la parte solicitante señaló en su escrito libelar, específicamente en el Capítulo VI intitulado “MEDIDAS PREVENTIVAS” que “(…) El artículo del C.P.C. prevé la posibilidad de decretar el secuestro de bienes determinados.- Por otra parte el articulo 599 del C.P.C. Establece la posibilidad de decretar el secuestro de la cosa mueble sobre la cual versa la demanda, cuando se tema con fundamento que el demandado la deteriore. Es un hecho notorio, que el uso normal de un vehículo automotor produce el deterioro por desgaste proveniente de ese uso.- (…)”
“(…) En este caso esta configurada la presunción grave del buen derecho reclamado, pues he consignado con el libelo el correspondiente contrato, que prueba tanto la venta como la obligación de pago.- El peligro en la demora resulta de una máxima de experiencia, mientras mas se usa el vehículo automotor, mayor es el deterioro proveniente del uso. (…)”

Explanado lo anterior, pasa este Tribunal analizar los requisitos que establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil respecto de la procedencia o no de toda medida cautelar, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora.

En cuanto al primero de los requisitos, es decir, el fumus boni iuris, el mismo ha sido definido por el autor Antonio Canova González como la “... indagación que hace el Juez sobre la probabilidad cualificada, sobre la apariencia cierta, de que el derecho invocado por el solicitante de la medida cautelar en la realidad exista y que, en consecuencia, será efectivamente reconocido en la sentencia final...”, es decir, presunción de que la pretensión del accionante será declarada con lugar en la decisión definitiva.

En tal sentido, se observa que la representación judicial de la parte demandante señaló que fue beneficiado el hoy demandado, con uno de los programas sociales que desarrolla el Instituto demandante siendo suscrito para ello contrato mediante el cual las partes se obligaron cada una de ellas, dicho contrato fue consignado en original, debidamente inscrito ante la Notaria Pública de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 04 de agosto de 2004, bajo el Nº 51, Tomo 53, suscrito por “LA VENDEDORA” Automotriz Cabimas, C.A., representada por el ciudadano Jhonny Manuel Maldonado Jiménez, “EL COMPRADOR” ciudadano Anibal Antonio Colmenares Mendoza y en representación del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), ciudadano José Luís Rosario Veras, siendo producido anexo al escrito libelar y corre inserto a los folios diez (10) al trece (13) del presente expediente judicial.

En ese sentido, se desprende de la solicitud de la mencionada medida lo siguiente: “que cuando el comprador bajo reserva de dominio, incumple su obligación de pago de las costas convenidas en el contrato, pierde el derecho a la posesión del bien vendido” por lo que supone esta Juzgadora, que en virtud del supuesto incumplimiento se presume la violación del derecho a la propiedad de la parte actora, pues se desprende del tantas veces mencionado contrato, que éste derecho fue suscrito bajo la figura de venta con reserva de dominio.

Ahora bien, constatándose de dicho contrato que en la cláusula octava literal “C” se lee “(…) perderá el beneficio del plazo aquí concedido, si dejare de pagar dos (02) cuotas consecutivas correspondientes a la amortización de capital e intereses. En tal sentido, INAPYMI quedará facultado para exigir de pleno derecho el pago total de la obligación como si se tratare de plazo vencido, correspondiéndole a “EL COMPRADOR” pagar todas las costas y gastos que ocasione su falta de pago. (…)”, se desprende del referido contrato que la parte demandada se obligó a cancelar luego de haber transcurridos los tres (3) meses de gracia otorgados por el Instituto, una totalidad de cincuenta y siete (57) cuotas consecutivas, de las cuales se incluirían capital e intereses pertinentes al caso, de igual manera se observó de los anexos producidos con el escrito libelar que el Instituto demandante consignó estado de cuenta con fecha 21 de septiembre de 2010, mediante el cual se verifican que el demandado presuntamente no realizó ningún aporte a objeto de dar cumplimiento a su obligación contractual.

Ello así, considera quien suscribe que el Instituto demandante logró demostrar la presunción del derecho reclamado y en consecuencia, verificado el fumus boni iuris en la presente solicitud de medida cautelar de secuestro. Y así se declara.

En cuanto al periculum in mora, alegó que existe “(…) El peligro en la demora resulta de una máxima de experiencia, mientras mas se usa el vehiculo automotor, mayor es el deterioro proveniente del uso (…)”, en consecuencia de ello, esta jurisdiscente considera que ha quedado demostrado el periculum in mora. Y así se declara.

Cumplidos como han quedado lo extremos legalmente establecidos para la procedencia de medida cautelar, este Tribunal declara PROCEDENTE y en consecuencia ordena el SECUESTRO del vehículo automotor identificado así:”(…) Placa: 45HVAT, Marca CHEVOLET, Modelo: C3500 CHASSIS CAB.UT; Año 2004; Color BLANCO; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R74V326986; Serial del Motor 74V326986; Clase CAMION TIPO: CHASSIS Uso: Carga; Fecha de Emisión: 30-07-2004; Peso: 5171 KG; Capacidad 2623 KG incluye CARROCERIA TIPO PLATAFORMA ESTACA (…)”.

A los fines de dar cumplimiento de la medida decretada, se ordena comisionar al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Jiménez y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a fin de que se imponga la medida de secuestro sobre el bien constituido por el vehículo automotor Placa: 45HVAT, Marca CHEVOLET, Modelo: C3500 CHASSIS CAB.UT; Año 2004; Color BLANCO; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R74V326986; Serial del Motor 74V326986; Clase CAMION TIPO: CHASSIS Uso: Carga; Fecha de Emisión: 30-07-2004; Peso: 5171 KG; Capacidad 2623 KG incluye CARROCERIA TIPO PLATAFORMA ESTACA y en tal sentido, se traslade al domicilio del demandado ubicado en la Avenida 5, Calle 8 entre avenidas 12 y 13, Casa Nº 6, Quibor Municipio Jiménez Estado Lara, pudiendo hacer uso de la fuerza pública para ejecutar la medida y en caso de ser necesaria la utilización de la fuerza pública.

De igual manera, se ordena oficiar al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia, así como al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de que informe a los distintos cuerpos de seguridad del país para que procedan a retener el vehículo automotor Placa: 45HVAT, Marca CHEVOLET, Modelo: C3500 CHASSIS CAB.UT; Año 2004; Color BLANCO; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R74V326986; Serial del Motor 74V326986; Clase CAMION TIPO: CHASSIS Uso: Carga; Fecha de Emisión: 30-07-2004; Peso: 5171 KG; Capacidad 2623 KG incluye CARROCERIA TIPO PLATAFORMA ESTACA, notificando de manera inmediata a este Tribunal de las gestiones realizadas.

Asimismo, de conformidad con el único aparte del artículo 599 del Código Procesal Ordinario, se acuerda designar como depositario judicial al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, parte actora y propietaria del bien litigioso, quien deberá: i) resguardar el vehículo en un estacionamiento oficial o privado, debidamente inscrito en el registro Mercantil que garantice su seguridad, el cual sólo podrá ser movilizado previa autorización expedida por parte de este Órgano Jurisdiccional; ii) conservar el bien, como un buen padre de familia y tenerlo a disposición de este Tribunal, quedando obligado a hacer los gastos necesarios para el mantenimiento del vehículo, tal como lo disponen los artículo 1.785 y 1.786 del Código Civil; y, iii) presentar a este Tribunal Superior un informe mensual sobre el estado general del vehículo y de las diligencias que realice para su mantenimiento y conservación. Así se declara.

IV
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. COMPETENTE para conocer de la demanda de contenido patrimonial ejercido conjuntamente con medida cautelar de secuestro por el abogado Faruk Andrés Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 11.043.284, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular, constituido mediante Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicada en fecha 03 de diciembre de 2002 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela numero: 37.583, contra el ciudadano ANIBAL ANTONIO COLMENARES MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº V-15.093.897.

2.- PROCEDENTE la medida preventiva de secuestro solicitada por la parte demandante y en tal sentido se ordena:

2.1.- COMISIONAR al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Jiménez y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para ejecutar la medida de secuestro sobre el bien constituido por el vehículo automotor Placa: 45HVAT, Marca CHEVOLET, Modelo: C3500 CHASSIS CAB.UT; Año 2004; Color BLANCO; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R74V326986; Serial del Motor 74V326986; Clase CAMION TIPO: CHASSIS Uso: Carga; Fecha de Emisión: 30-07-2004; Peso: 5171 KG; Capacidad 2623 KG incluye CARROCERIA TIPO PLATAFORMA ESTACA.
2.2.- OFICIAR al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia, así como al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de que informe a los distintos cuerpos de seguridad del país para que procedan a retener el vehículo automotor Placa: 45HVAT, Marca CHEVOLET, Modelo: C3500 CHASSIS CAB.UT; Año 2004; Color BLANCO; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R74V326986; Serial del Motor 74V326986; Clase CAMION TIPO: CHASSIS Uso: Carga; Fecha de Emisión: 30-07-2004; Peso: 5171 KG; Capacidad 2623 KG incluye CARROCERIA TIPO PLATAFORMA ESTACA, notificando de manera inmediata a este Tribunal de las gestiones realizadas.

2.3.- Se designa como depositario judicial al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, parte actora y propietaria del bien litigioso, quien deberá: i) resguardar el vehículo en un estacionamiento oficial o privado, debidamente inscrito en el registro Mercantil que garantice su seguridad, el cual sólo podrá ser movilizado previa autorización expedida por parte de este Órgano Jurisdiccional; ii) conservar el bien, como un buen padre de familia y tenerlo a disposición de este Tribunal, quedando obligado a hacer los gastos necesarios para el mantenimiento del vehículo, tal como lo disponen los artículo 1.785 y 1.786 del Código Civil; y, iii) presentar a este Tribunal Superior un informe mensual sobre el estado general del vehículo y de las diligencias que realice para su mantenimiento y conservación.

Notifíquese a la Procuraduría General de la República en virtud de lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Procuraduría General de la República. De igual manera, se ordena notificar al ciudadano ANIBAL ANTONIO COLMENARES MENDOZA.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión en la pieza principal del expediente.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
LA SECRETARIA,
GERALDINE LÓPEZ BLANCO
CARMEN VILLALTA
En la misma fecha, siendo las _____________________________ (_________), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº ___________.-
LA SECRETARIA,

CARMEN VILLALTA
Exp. Nro. 2011-1338.