TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua

Maracay, dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012).
202° y 153º

ASUNTO: DH12-X-2012-000097.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos JUAN ALVAREZ, LUIS LOPEZ, PEDRO RIVAS, LUIS PERNIA y MIGUEL HERNANDEZ, titulares de la cédula de identidad Nº V-15.533.397, V-12.857.335, V-17.247.263, V-19.554.187 y V-17.800.807.
ABOGADO DE LA DEMANDANTE: abogados PEDRO RIVERA y ACDEL JAMID MORENO, Inpreabogado Nº 62.883 y 54.752, respectivamente.
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa numero 00-017-2012, de fecha 22 de junio del 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Girardot, Costa de Oro, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Linares Alcantara y Mariño del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, expediente 043-2012-03-00562.

MOTIVA
En fecha 21 de noviembre del 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar interpuesto por los ciudadanos JUAN ALVAREZ, LUIS LOPEZ, PEDRO RIVAS, LUIS PERNIA y MIGUEL HERNANDEZ, ya identificados, a través de sus apoderados judiciales abogados PEDRO RIVERA y ACDEL JAMID MORENO, Inpreabogado Nº 62.883 y 54.752, respectivamente, mediante el cual intentan acción de Nulidad contra la Providencia Administrativa antes descrita.
En la misma fecha, se dictó auto admitiendo cuanto ha lugar en derecho el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos ordenándose practicar las notificaciones de Ley.

DE LA SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR
Respecto al amparo cautelar solicitado en su escrito de nulidad, la parte recurrente señaló:
Que solicita la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa numero 00-017-2012, de fecha 22 de junio del 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Girardot, Costa de Oro, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Linares Alcantara y Mariño del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, expediente 043-2012-03-00562.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Pasa este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a pronunciarse sobre la Acción de Amparo Cautelar interpuesto por los ciudadanos JUAN ALVAREZ, LUIS LOPEZ, PEDRO RIVAS, LUIS PERNIA y MIGUEL HERNANDEZ, ya identificados, contra la Providencia Administrativa anteriormente señalada; para lo cual se observa:
Teniendo en cuenta las anteriores premisas, considera necesario hacer las siguientes observaciones acerca de la naturaleza de las medidas cautelares y del amparo cautelar conjuntamente con el Recurso de Nulidad de la Providencia Administrativa numero 00-017-2012, de fecha 22 de junio del 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Girardot, Costa de Oro, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Linares Alcantara y Mariño del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, expediente 043-2012-03-00562.
En este orden de ideas, se tiene que la característica que define a las Medidas Cautelares es su instrumentalidad; es decir, nunca son fines en si misma, ni pueden aspirar a convertirse en definitivas.
En este sentido, la urgencia de las medidas cautelares viene a ser la garantía de eficacia de las mismas. La necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en una situación de hecho, es suplida por las medidas cautelares, siendo estas un puente entre la justicia, la celeridad y la ponderación.
De igual manera, las medidas cautelares son un instrumento que sirven para evitar que la justicia pierda su eficacia y sean adoptadas con la finalidad de asegurar provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés que se trate, para que la sentencia en su caso, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. A través de estas medidas el Juez, en cada caso concreto, utiliza los medios que sean necesarios para que el derecho, cuya tutela se solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dure el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar, en su momento, la sentencia que reconozca tal derecho.
Ahora bien, está en el Juez apreciar la existencia o no de la presunción del derecho reclamado, siendo así que el juicio preliminar objetivo, que se hace en las medidas cautelares, no ahonda en juzgar sobre el fondo del problema. En el ámbito de las medidas cautelares, el conocimiento se encuentra centrado a un juicio de probabilidades y de verosimilitud y su resultado no es más que la hipótesis; es decir que el Juez no puede invadir el fondo del asunto, el cual será conocido en el juicio principal.
En este orden de ideas, conforme a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, son dos los requisitos necesarios para que sea procedente la tutela cautelar y estos son: la presunción del buen derecho; es decir el fumus boni iuris y el peligro que el derecho del solicitante no sea satisfecho por el transcurso del tiempo; es decir el periculum in mora. Asimismo y en relación a las cautelares innominadas, el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem exige además existencia de un fundado temor que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Dichos requisitos deben existir, conjuntamente para que este Juzgador pueda conceder la tutela cautelar solicitada por el recurrente en la presente en la presente acción.
En relación a lo antes explanado, debe este tribunal determinar si en el presente recurso se cumplen los requisitos para la procedencia del amparo cautelar solicitado; es decir, si existen elementos suficientes que permitan presumir las violaciones constitucionales y legales argumentada por el recurrente.
Ahora bien, dicho esto corresponde a este Juzgador en primer orden, decidir la solicitud de amparo cautelar planteada, en los términos precedentemente examinados, por la parte recurrente para lo cual pasa hacer las siguientes consideraciones: En lo referente a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, quien Juzga considera que dichas garantías son tuteladas, siempre que las decisiones que pudieran emanar del ejercicio de tales potestades pudieran afectar derechos o intereses legítimos de los particulares. Todo lo cual supone que, también en estos casos, la administración puede emitir sus proveimientos luego del trámite del correspondiente procedimiento administrativo; es decir, permitir a la parte que presente su defensa otorgar los lapsos respectivos y luego así después de tener los elementos suficientes, dictar el acto correspondiente.
En este sentido, La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga un sentido más amplio y vigoroso al artículo 49, siendo ratificado por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 24 de febrero de 2.000, en la cual establece: …” El artículo 49 de la Constitución de 1.999, acuerda expresamente un contenido y alcance mucho más amplio al debido proceso que el consagrado en el Ordenamiento Constitucional anterior.
En efecto, el referido artículo dispone en sus ocho ordinales, un elenco de garantías que conforman el contenido complejo de este derecho, destacando entre otras las siguientes: el derecho a acceder, a la justicia, el derecho a ser oído, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos… Asimismo, el artículo in comento, consagra expresamente que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, disposición que como ha señalado antes esta Sala, tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley (artículo 21 de la Constitución), dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a creditarlos…” fin de la cita.
En virtud, de las consideraciones antes explanadas, queda evidenciado que no existe la posibilidad por parte de la administración de soslayar la obligación de hacer efectiva la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, con todas las implicaciones que la misma conlleva pues la norma constitucional así lo exige y en el sentido expresado, siempre se debe permitir la intervención de los administrados en todas aquellas actividades que lo afecten, independientemente de la forma que éstas revisan, dando cumplimiento y haciendo efectivo el derecho a la defensa mediante un procedimiento previo.
Así, analizados los alegatos presentados por la parte recurrente para solicitar la suspensión de efectos del acto administrativo en cuestión, este Juzgador considera que no se evidencian suficientes elementos de convicción que hagan presumir que se le produce un estado de indefensión, indispensable para que proceda el amparo cautelar solicitado.
Ahora bien de todo lo precedentemente expuestos, se concluye, pues para que proceda la suspensión de los efectos de un acto administrativo, no basta solo el alegato particular de un perjuicio, sino que es necesario que se indique de manera específica, los hechos concretos que hagan presumir afirmado por la representación de la recurrente, que justifique como puede deducirse la violación de derechos o garantías constitucionales del recurrente. En consecuencia se declara improcedente el Amparo Cautelar. Y Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: IMPROCEDENTE el Amparo Cautelar solicitado por los JUAN ALVAREZ, LUIS LOPEZ, PEDRO RIVAS, LUIS PERNIA y MIGUEL HERNANDEZ, titulares de la cédula de identidad Nº V-15.533.397, V-12.857.335, V-17.247.263, V-19.554.187 y V-17.800.807, mediante el cual intenta acción de Nulidad contra la Providencia Administrativa numero 00-017-2012, de fecha 22 de junio del 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Girardot, Costa de Oro, Mario Briceño Iragorry, Libertador, Linares Alcantara y Mariño del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, expediente 043-2012-03-00562.
Dictada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Estado Aragua, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO

Abg. CESAR TENIAS

LA SECRETARIA

Abg. JOCELYN ARTEAGA

En esta misma fecha siendo las 10:35 a.m., se publico la anterior decisión.
LA SECRETARIA

Abg. JOCELYN ARTEAGA

CT/JA/kgp