REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA PODER JUDICIAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN CAGUA 201º y 152º Cagua, 25 de Enero de 2012 Por recibidas las presentes actuaciones, procedentes del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, según Oficio Nº 0545-11, de fecha VEINTIOCHO (28) de JULIO de 2011, mediante el cual remiten expediente Original signado bajo el Nº 4583, nomenclatura interna del prenombrado Juzgado, constante de UNA (01) Pieza, de Ciento Treinta y Cinco (135) Folios Útiles, y Cuatro (04) Folio Útiles el Cuaderno de Medidas; En virtud de la APELACIÓN interpuesta en contra de la decisión dictada en fecha 22 de Marzo de 2.010. Dándosele entrada y anotándose en el libro respectivo, en fecha 26 de Mayo de 2010.- Ahora bien, vistas y analizadas las actas que conforman el presente expediente, esté Juzgado considera pertinente realizar las siguientes consideraciones: El presente juicio versa sobre una demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, seguido por el ciudadano DONATO DE JESUS DI GUIANPAOLO VALDES, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-8.730.037, asistido por el Abogado en ejercicio Marcos Antonio Scala Urdaneta, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 82.936, contra el ciudadano ANTONIO SOTO OTERO. El artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares”. Por cuanto la cuantía exigida en el artículo anteriormente detallado para que sea admisible el recurso de apelación en las causas tramitadas mediante el procedimiento breve, fue modificado por la Resolución No. 2009-006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.338, el día 02 de Abril de 2009, la cual en su artículo 2 estableció que: “Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otras que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de Mil Quinientas Unidades Tributarias (1.500 U.T.); así mismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresado en bolívares, se fijan en Quinientas Unidades Tributarias.” Entonces es claro que luego de entrada en vigencia la resolución 2009-006 supra mencionada, toda causa sustanciada de acuerdo a las normas del procedimiento breve, cuya cuantía sea inferior a las quinientas unidades tributarias (500 U.T) carece de posibilidad de ser revisada por una segunda instancia, es decir, no admite recurso de apelación. Respecto a la inadmisibilidad del recurso de apelación en este tipo de procedimientos, ha sido conteste nuestro máximo Tribunal al manifestar lo siguiente: “(…) por argumento a contrario sensu, todas las demandas sustanciadas y decididas en aplicación del procedimiento breve cuyo interés principal sea menor de cinco mil bolívares, no tiene recurso de apelación (…)” Sala de Casación Civil, Sentencia No. 0165 de fecha 09 de octubre de 1.996. Asimismo, luego de la modificación de las cuantías en abril de 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 09 de julio de 2010, mediante Sentencia No. 694, manifestó que: “(…) Es, entonces, conforme a la interpretación constitucionalizante que la Sala acogió en la recién transcrita decisión, que la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en correspondencia con la atribución recogida en el artículo 267 de la Carta Fundamental y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, dictó su Resolución Nº 2009-0006, como mecanismo de política judicial que asegurase una mayor eficacia en el servicio público de Administración de Justicia, adaptando las competencias por la cuantía de los órganos jurisdiccionales que –a nivel nacional- tienen conocimiento de las materias civil, mercantil y del tránsito, bajo criterios que se adecuasen a la realidad económica y administrativa de tiempos más recientes. En el caso de autos, la solicitante estimó que la sentencia cuya revisión pretende, contravino su derecho a la defensa y al proceso debido, “en virtud de la no implementación del principio de la doble instancia y en la errónea aplicación de una resolución administrativa en detrimento de las normas de una ley, cuyo principio rector es que la mayoría de las mismas son de orden público absoluto”. Por su parte, el fallo cuestionado realizó un detallado análisis de las normas procesales que, en torno a la cuantía, resultaban aplicables a la demanda interpuesta por la peticionaria, particularmente, la Resolución Nº 2009-00006, emitida el 28 [sic] de marzo 2009 por la Sala Plena de este Máximo Juzgado que, en ejercicio de las funciones que le atribuyen los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 de la Carta Magna), modificó la cuantía establecida, entre otras normas, en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, fijándola en la cantidad de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) a los fines de acceder al recurso de apelación en las causas tramitadas conforme al procedimiento breve. Ahora bien el demandante en su libelo de la demanda en el CAPITULO QUINTO, ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA Y CORRECCIÓN MONETARIA, indica textualmente lo siguiente: …“Estimo la presente demanda en la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00),”… “…Otro Sí, El monto estimado en Bolívares en la presente demanda, equivalente a: 90.909091 UNIDADES TRIBUTARIAS”… Por todo lo anterior, resultará forzoso para quien decide declarar INADMISIBLE el presente recurso de apelación ejercido por el Abogado CARLOS DESIDERIO DELGADO, en su carácter de Co-Apoderado Judicial del ciudadano ANTONIO SOTO OTERO, parte demandada. Así se declara. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS DESIDERIO DELGADO, Inpreabogado Nº 28.570, Co-Apoderado Judicial de la parte demandada, ciudadano ANTONIO SOTO OTERO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 22 de Marzo de 2010.- No hay condenatoria en costas por la interposición del recurso, dada la naturaleza del fallo; Remítase la presente causa al juzgado a quo anexa a oficio. Líbrese Oficio.- Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, a los VEINTICINCO (25) días del mes de Enero del año dos mil Doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. Regístrese, Publíquese.- EL JUEZ, Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA LA SECRETARIA TEMPORAL, Abog. PALMIRA ALVES LOMBANO En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 03:00 p.m.- LA SECRETARIA TEMPORAL, Abog. PALMIRA ALVES LOMBANO Expediente Nº 10-16021 EPT/pal/lolimar.-