REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA En fecha 08 de noviembre de 2011, se recibieron las presentes actuaciones, relacionadas con el recurso de nulidad ejercido por la sociedad mercantil CARACAS PAPER COMPANY, S.A., contra el acto administrativo N° 566-10 fecha 09 de junio de 2010, emitido por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Irragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Costa de oro y Libertador del estado Aragua. Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación oída en un solo efecto, interpuesta el 26 de abril de 2011 por el recurrente contra el auto del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, de fecha 18 de octubre de 2011, que declaró inadmisible la prueba de inspección judicial promovida por la parte accionante. El 09 de noviembre de 2011, este Tribunal, ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación. En fecha 23 de noviembre de 2011, la parte apelante presentó diligencia de fundamentación del recurso interpuesto. Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal lo hace en los siguientes términos: I AUTO APELADO El a quo a través de auto del 18/11/2011, declaró inadmisibles las pruebas de inspección judicial promovida por la parte actora, con fundamento en las razones siguientes: “En relación a la prueba de Inspección Judicial promovida; éste Tribunal niega su admisión, por considerar que los hechos que trata de demostrar con la misma pueden perfectamente demostrarse con otros medios de pruebas…” II FUNDAMENTO DEL RECURSO La parte apelante fundamento el recurso ejercido bajo los siguientes términos: “Mi representada sostiene que, a pesar de que podrían existir otros medios probatorios para demostrar en juicio, por ejemplo, los pedidos hechos por los clientes de mi representada y los pedidos despachados durante los años 2009, 2010 y 2011, la forma de traer a juicio sería a través de promoción de cientos o miles de documentos emanadas de variedad de terceros que, a su vez, tendrían que ser llamados a juicio para ratificar sus contenidos.” Solicitando por último que el recurso sea declarado con lugar. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Vistos los términos en que fue dictado el auto apelado, observa esta Alzada que la presente controversia queda circunscrita a determinar si la decisión del 18/11/2011 del Juzgado a quo, referida a la inadmisión de la prueba de inspección judicial promovidas por la parte actora, se encuentra ajustada a derecho. A fin de resolver lo controvertido, esta Superioridad estima pertinente destacar que conforme al criterio sostenido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia el denominado principio o sistema de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con cualquier intención o tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio seleccionado por las partes, con excepción de aquellos legalmente prohibidos o que resulten inconducentes para la demostración de sus pretensiones. En nuestro ordenamiento legal, este principio se deduce de lo expresamente consagrado por el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del 16 de junio de 2010), que establece: “Artículo 395.- Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez”. En directa concordancia con lo anteriormente expuesto, reconoce nuestro sistema probatorio la posibilidad de que las partes puedan oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes, conforme lo prevén los artículos 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 397 del Código de Procedimiento Civil. Destaca la previsión contenida en el mencionado artículo de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, similar al artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, alusivos al principio de la libertad de admisión, conforme al cual el Juez, dentro del término fijado, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al punto bajo análisis ha expresado lo siguiente: “Así, entiende la Sala que la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado por él respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes ellas a las de su legalidad y las de su pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa pueda apreciar, al valorar la prueba y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto de la legalidad del acto impugnado. Sobre la base del referido principio de libertad de los medios de prueba, una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia de la misma, y en consecuencia habrá de admitirla, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente, y por tanto inadmisible” (ver sentencias de la referida Sala números 2.189 de fecha 14 de noviembre de 2000 y 128 del 29 de enero de 2009). En concordancia con lo expuesto, resulta que en materia probatoria la regla es la admisión, y la negativa sólo podrá declararse en casos excepcionales y muy claros de ilegalidad e impertinencia, por lo que estima esta Alzada que cualquier rechazo o negativa a admitir una prueba que no fuese calificada como manifiestamente ilegal o impertinente, violenta la normativa reguladora del procedimiento probatorio que debe acatarse en el curso de un proceso e impide la efectividad del contradictorio, pudiendo lesionar en definitiva el derecho a la defensa de la parte promovente. Formuladas las anteriores consideraciones, pasa este Tribunal Superior, a analizar si el medio probatorio promovido por el recurrente resulta admisible. Al efecto, del mismo se observa que el a quo declaró improcedente la prueba de inspección judicial al estimar que existen otros medios probatorios a los fines de probar lo pretendido. Vistos los hechos y el derecho debatidos en autos, es prudente reseñar los dispositivos legales que informan el tratamiento de la prueba de inspección judicial, que establecen: “Artículo 472 del Código de Procedimiento Civil: El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido de documentos. La inspección ocular prevista en el Código Civil se promoverá y evacuará conforme a las disposiciones de este Capítulo." De la norma transcrita puede colegirse, que el objeto de la prueba de inspección judicial es la percepción personal y directa por el juez, de personas, cosas, documentos, o situaciones de hecho que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera y constituya objeto de prueba en el proceso; no siendo este el caso de autos; ya que lo se pretende con el medio promovido es demostrar hechos o situaciones, a través de la revisión del sistema informático de la propia accionante, sistema que es alimentado por la propia promovente, en tal sentido, y en total sintonía con la juzgadora de primer grado, se debe concluir que el presente medio probatorio es inadmisible, por existir otros medios probatorios, a los fines de que la partae accionante pruebe los pedidos y despachos realizados en los años 2009, 2010 y 2011. Así se declara. En virtud de todo lo antes expuesto, se debe declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. III D E C I S I Ó N Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en la ciudad de Maracay, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte accionante, en contra de la decisión contenida en el auto de fecha 18 de noviembre de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, y en consecuencia SE CONFIRMA, la anterior decisión, en los términos expuestos. SEGUNDO: INADMISIBLE, la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora. Publíquese, regístrese, déjese copia y remítase las presentes actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia de de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los fines legales subsiguientes. Remítase copia certificada de la presente decisión al juzgado de origen, a los fines de su control. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay a los 26 días del mes de enero de 2011. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación. El Juez Superior, ____________________ JOHN HAMZE SOSA La Secretaria, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ _______________________________ MARIANA CARIDAD QUINTERO En esta misma fecha, siendo 3:15 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaria, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ _______________________________ MARIANA CARIDAD QUINTERO Asunto N°. DP11-R-2011-000315. JHS/mcq.