REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, veinticuatro (24) de Enero de 2012
201º y 152º
ASUNTO: DH12-X-2012-000013
PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil FESTEJOS CASA MAJESTAD C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el N° 14, Tomo 100-A, en fecha 11 de julio de 2001.
APODERADA JUDICIAL DE PARTE RECURRENTE Abogadas KEMMLY SOFÍA PRADO FIGUEREDO y LISSET TORRES, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 66.061 y 115.449.
EN SU ORDEN ÓRGANO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECURRIDO: INSPECTORÍA DEL TRABAJO SEDE EN MARACAY DEL ESTADO ARAGUA.
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR SOBRE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 642-10 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2010.
I
Siendo la oportunidad para decidir la presente incidencia de Medida Cautelar de Suspensión solicitada, tal y como fue acordado mediante auto de fecha veintitrés (23) de enero de 2012, y siguiéndose el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua; pasa a hacer las siguientes consideraciones:
Las abogadas KEMMLY SOFÍA PRADO FIGUEREDO y LISSET TORRES, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 66.061 y 115.449., apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil FESTEJOS CASA MAJESTAD C.A. respectivamente ejerció acción de Nulidad contra la Providencia Administrativa Nro. 642-10 de fecha 22 de junio de 2010, en el expediente N°043-2009-01-03574, dictada por la Inspectoría Del Trabajo De Los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, el cual se asignó bajo el número DP11-N-2011-000072, mediante escrito presentado en fecha 13 de abril de 2011, basa su solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de manera siguiente:
Por lo que el recurrente acota en la procedencia de la medida cautelar “. . en cuanto al Fumus Boni Iuris “fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra… Se evidencia en el expediente administrativo que nuestra representada no fue notificada del procedimiento por ende no tuvo oportunidad para defenderse razón por la cual el acto es nulo de nulidad absoluta…”
Continúa señalando el recurrente en su escrito recursivo en cuanto al Periculum in Mora: “El riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.”
II.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
A los fines de proveer sobre la medida cautelar solicitada por las abogadas KEMMLY SOFÍA PRADO FIGUEREDO y LISSET TORRES, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 66.061 y 115.449, apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil FESTEJOS CASA MAJESTAD C.A, respectivamente ejerció acción de Nulidad contra la Providencia 642-10 de fecha 22 de junio de 2010, en el expediente N°043-2009-01-03574, dictada por la Inspectoría Del Trabajo De Los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, a tal efecto se observa:
Partiendo de que toda cautela debe tener como sustentación una situación de hecho y de derecho favorable al solicitante, aunque lo que se hace es un examen de probabilidad en el ámbito de la presunción de quien requiere la protección del derecho: “fumus bonis iuris” y la existencia del “periculum in mora”, el cual se concreta en la “infructuosidad del fallo” que deba dictarse en el procedimiento principal, se observa en el caso de autos, el recurrente pretende que se suspendan los efectos del acto administrativo que lo afectó mediante el cual se les negó el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos al trabajador LUIS ANTONIO DURAN, al respecto, observa quien decide, que siendo impugnada la referida Providencia Administrativa con base a los mismos elementos para la solicitud cautelar y convirtiendo aquellos en la apariencia del buen derecho, conlleva a escrutar la situación jurídica alegada por el quejoso comprobación de lo alegado, lo que implica la verificación no sólo del acto que se pretende impugnado sino también sus antecedentes administrativos, lo que conlleva a concluir que el recurso contencioso administrativo de nulidad tiene identidad plena con la medida cautelar solicitada y a juicio de este Tribunal, debe este Juzgador apreciar los recaudos presentados, al igual que las condiciones jurídicas y fácticas que rodean a los hechos presentados, los elementos que le permitan presumir la existencia de una situación merecedora de la protección, por tener identidad plena con la del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido, que funge como acción principal, pues no hay manera de acordar la medida solicitada con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, para poder verificar si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, en el acto administrativo impugnado, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo; aunado al hecho que para que se declare la cautela como medio de suspensión de los efectos del acto impugnado, deben concurrir los extremos anteriores para decretar su procedencia, y siendo que ello no consta en el presente caso, no es posible pronunciarse sobre la procedencia de la medida solicitada. Así se decide.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, ya que los argumentos alegados por el recurrente no son específicos ni suficientemente motivados para determinar el vicio del acto de la Administración Pública, ni el daño que se le pueda causar por la ejecución de la ya mencionada Providencia Administrativa que se está atacando por medio de la presente Nulidad de Acto Administrativo, en consecuencia este Juzgador estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión del Acto recurrido.- Así se decide.
III
DECISIÓN
Por lo expuesto, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por las abogadas KEMMLY SOFÍA PRADO FIGUEREDO y LISSET TORRES, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 66.061 y 115.449, apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil FESTEJOS CASA MAJESTAD C.A, respectivamente ejerció acción de Nulidad contra la Providencia 642-10 de fecha 22 de junio de 2010, en el expediente N°043-2009-01-03574, dictada por la Inspectoría Del Trabajo De Los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, mediante la cual declaro CON LUGAR solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por el ciudadano LUIS ANTONIO DURAN, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro.14.002.550, plenamente identificada a los autos.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los veinticuatro (24) dias del mes de enero del año dos mil doce (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ
ABOG. CESAR A. TENIAS D.
LA SECRETARIA
ABOG. JOCELYN ARTEAGA
En esta misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 12:07 m.
LA SECRETARIA
ABOG. JOCELYN ARTEAGA
ASUNTO: DH12-X-2012-000013
CTD/mgblanco
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