REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en función de Control Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas Maturín, 30 de Enero de 2012 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2010-007369 ASUNTO : NP01-P-2010-007369 ORDEN DE LA CAPTURA Revisada como ha sido la presente causa penal, en sala de audiencia en fecha 26 de Enero 2012, oportunidad fijada para la celebración de audiencia Preliminar conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones: En fecha 15 septiembre 2010, fue celebrada en este Tribunal audiencia para oír al imputado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de la aprehensión de los ciudadanos CARLOS ENRIQUE RIVAS OSUNA Y ANDRES EDUARDO MEJIAS MENDOZA plenamente identificado en autos, y en la cual el Ministerio Público le imputo la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA Y AMENAZAS, previstos y sancionados en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en agravio de la ciudadana CARMEN ANICETA GUEVARA y en la cual el Tribunal resolvió decretar medidas de Protección y seguridad contenidas en el artículo 87 numeral 5º, 6º Y 13º de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En fecha 06 DE Enero 2011, la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, presentó formal acusación en contra del precitado ciudadano por la comisión del delito de Violencia Física, ordenando en consecuencia el Tribunal la fijación de la audiencia preliminar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual no ha podido celebrarse por la continuas inasistencias de los imputados a las mismas, verificándose que dichos ciudadanos no han comparecido a la Audiencia Preliminar, así como tampoco han cumplido con la medida cautelar de presentación ante el Tribunal que le fuera decretada. Ahora bien, en todo proceso cualquiera sea naturaleza, existe como componente esencial a la tutela judicial efectiva el derecho a solicitar medidas cautelares tendientes a impedir que la necesidad de un juicio previo y debido proceso sacrifique la realización de la justicia, haciendo imposible el cumplimiento de la sentencia de fondo. En materia procesal penal estas medidas de aseguramiento están relacionadas con medidas no sólo de carácter patrimonial o medidas cautelares reales, en casos específicos, sino medidas corporales o de coerción personal que son el común denominador en este tipo de asuntos, lo que implica limitar derechos de la esfera individual de las personas. En relación a ello ROXIN, al referirse a estas limitaciones indica “Para llevar a cabo el proceso penal son indispensables las injerencias en la esfera individual y, por cierto, tanto para asegurar el proceso de conocimiento como para asegurar la ejecución penal”. Los fines de estos medios de coerción personal para SCHROEDER (1985) citado por ROXIN, se distinguen en seis fines distintos a saber: 1) Investigación; 2) Aseguramiento de Pruebas; 3) Comprobación de los presupuestos procesales; 4) Aseguramiento de la posibilidad de realización del procedimiento; 5) Aseguramiento de la ejecución de la sentencia; y 6) Prevención de los hechos punibles. Por su parte ASENCIO MELLADO en relación a fines de las medidas de coerción personal las clasifica en cuatro que son las siguientes: “evitar la frustración del proceso imposibilitando la fuga del imputado; asegurar el éxito de la instrucción y el ocultamiento de futuros medios de prueba; impedir la reiteración delictiva; y satisfacer las demandas sociales de seguridad en los casos en los que el delito haya causado alarma”. Nuestro proceso penal reconoce como finalidades de las medidas de coerción personal, evitar la frustración del proceso por fuga del imputado, y asegurar el resultado de la investigación y evitar el ocultamiento de futuras pruebas. Al respecto nuestro legislador ha considerado que a los fines de solicitar una medida de privación judicial preventiva de libertad se deben cumplir con los extremos contenidos en el artículo 250 del texto adjetivo penal, que son las siguientes: “1) Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”. En tal sentido observa esta Juzgadora que los hechos objeto del proceso versan sobre la comisión de un delito que merece pena privativa de libertad, y que existen suficientes elementos para estimar que los imputados son autores de los hechos que se les imputan. Así las cosas, ante la incomparecencia de los imputados a la Audiencia Preliminar, estima quien decide que hay una presunción razonable de peligro de fuga en el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la facilidad de permanecer oculto y encontrándose llenos lo extremos del artículo 250 ejusdem, lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos CARLOS ENRIQUE RIVAS OSUNA, manifestó ser titular de la cédula de identidad Nº V-11.339.111. Natural de Municipio Maturín Estado Monagas, nacido en fecha 30/01/1971, de 38 años de edad, de profesión u oficio: Chef de cocina, Estado Civil: Soltero, hijo de: Neris de Rivas (V) y de Isnaldo Rivas (V), domiciliado: Detrás del Liceo Isnardi, calle Nº 28-A, casa 5-4, Municipio Maturín de esta ciudad de Maturín Estado Monagas. Teléfono: 0291-6420765. Y ANDRES EDUARDO MEJIAS MENDOZA manifestó ser titular de la cédula de identidad N° V. 23.531.031, Natural de Maturín Estado Monagas, nacido en fecha 25/11/1989, de 20 años de edad, de profesión u oficio: Obrero, Estado Civil: soltero, hijo de: Santa Matilde Mendoza (V) y de Andrés Mejias (V), domiciliado: Calle 28-A, Casa s/n Detrás del Liceo Isnardi. Teléfono 0426-3195020, le pertenece a su tía. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Primero en Función de Control, Audiencias y Medidas con competencia especial en delitos en Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas. Impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA LIBRAR ORDEN DE CAPTURA en contra de los ciudadanos CARLOS ENRIQUE RIVAS OSUNA, manifestó ser titular de la cédula de identidad Nº V-11.339.111. Natural de Municipio Maturín Estado Monagas, nacido en fecha 30/01/1971, de 38 años de edad, de profesión u oficio: Chef de cocina, Estado Civil: Soltero, hijo de: Neris de Rivas (V) y de Isnaldo Rivas (V), domiciliado: Detrás del Liceo Isnardi, calle Nº 28-A, casa 5-4, Municipio Maturín de esta ciudad de Maturín Estado Monagas. Teléfono: 0291-6420765. Y ANDRES EDUARDO MEJIAS MENDOZA manifestó ser titular de la cédula de identidad N° V. 23.531.031, Natural de Maturín Estado Monagas, nacido en fecha 25/11/1989, de 20 años de edad, de profesión u oficio: Obrero, Estado Civil: soltero, hijo de: Santa Matilde Mendoza (V) y de Andrés Mejias (V), domiciliado: Calle 28-A, Casa s/n Detrás del Liceo Isnardi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículo 250 ejusdem. Líbrese las órdenes de Aprehensión y captura a la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, de la subdelegación Maturín del Estado Monagas, y demás cuerpos de Seguridad ciudadana en el Estado Monagas. Regístrese y Publíquese. Cúmplase.- LA JUEZA ABGA. IVIS RODRIGUEZ CASTILLO EL SECRETARIO JUDICIAL ABG.JULIO CESAR GOMEZ