TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Función de Control
Circuito Judicial Penal del Estado Monagas
Maturín, 22 de Febrero de 2012
201º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2010-005375
ASUNTO : NP01-P-2010-005375

Corresponde a este Tribunal pronunciarse en la presente causa en la cual el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLO, requiere la entrega de un vehículo Marca FORD, Modelo F-150, Clase CAMIONETA, Tipo PICK UP, Color VERDE, Placas 927-XBO, observándose lo siguiente:

La presente, se inició tal como se refleja en el ACTA cursante al folio 01, en fecha 23 de Abril de 2010, en virtud de un procedimiento policial realizado por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes encontrándose en un punto de control en la población de San Antonio de Capayacuar Estado Monagas, observaron a un vehículo, lo mandaron a estacionarse siendo éste una camioneta MARCA FORD, MODELO F-150, COLOR BLANCO, AÑO 1988, PICK UP, PLACA 927-XBO, SERIAL DE CARROCERIA AJF1JR88313, SERIAL DE MOTOR 6 CILINDROS, quedando identificado el conductor como MARCANO CEBALLOS JOSE ANGEL, una vez revisado el mismo, se determinó que éste presentaba alteraciones en sus seriales de identificación, por lo que quedó retenido dicho vehículo.-

El referido ciudadano, consignó en copias simples el documento de compra venta entre CORE LABORATORIO INTERNACIONAL S.A y el ciudadano PEDRO DOMINGO CARVAJAL RONDON, de fecha 27 de Enero de 1995, asi como documento donde este ciudadano PEDRO DOMINGO CARVAJAL RONDO, le vendió al ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, el mencionado vehículo en fecha 02 de Febrero de 2006.-

Riela al folio 12 de autos, Inspección Técnica Policial, suscrita por la funcionario ROSELIS VARGAS, practicada en el Estacionamiento interno de la Sub Delegación del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalística Maturín Estado Monagas, a un Vehículo MARCA FORD, MODELO F-150, COLOR BLANCO, AÑO 1988, PICK UP, PLACA 927-XBO, SERIAL DE CARROCERIA AJF1JR88313, SERIAL DE MOTOR 6 CILINDROS.

Riela al folio 15 y su vto. de autos, ACTA DE ENTREVISTA rendida por el ciudadano CARCANO CEBALLOS JOSE ANGEL, quien manifestó que se encontraba en la Calle Bermúdez de la Población de San Antonio, cuando se estacionó un vehículo y se bajaron una gente y como yo reencontraba cerca de mi carro Marca Ford, Modelo F-150, Color Blanco, Año 1988, Placas 927.XBO, Clase Camioneta, Tipo Pick Up,, me pidieron los documentos del carro, después lo revisaron y me dijeron que la camioneta presentaba problemas, y que tenía que acompañarlos para la PTJ de Maturín.-

Al folio 20, corre inserto CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULO, N° 564121, de fecha 18-11-1994, consignado por el ciudadano José Angel Marcano Ceballos, al cual le fue solicitado la practica de una EXPERTICIA DOCUMENTOLOGICA.

Al folio 22 y su vto. de autos, riela experticia practicada en los seriales de carrocería y motor, suscrita por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual concluyeron que: 1.-) la chapa que identifica el serial de carrocería ubicada en el tablero…se encuentra SUPLANTADA... 2.-) la chapa de carrocería ubicada en la puerta lado del chofer…fue DESINCORPORADA… 3.-) la chapa de seguridad BODY…es FALSO… 4.-) el primer y segundo serial de seguridad son FALSOS… 5.-) ACTIVACION DE SERIALES:…caracteres borrados sobre metal…no se logró obtener ningún tipo de numeración…”.-

Riela al folio 24 y su vto de autos, EXPERTICIA DOCUMENTOLOGICA DE AUTENTICIDAD O FALSEDAD, N° 9700-128-D-096-10, suscrita por los funcionarios JULIO CESAR RODRIGUEZ Y JOSE RAFAEL BLONDELL, practicada a un Certificado de Registro de Vehículo N° 564121, a nombre de CORE LABORATORIOS INTERNACIONAL, S.A.,el cual resultó ser FALSO.

Riela de los folios 26 al 31 de autos, Copias de los documentos donde se demuestra la tradición legal del vehículo, las cuales fueron consignadas en copias certificadas expedidas por el Registro Público del Municipio Acosta en el Recurso de Apelación NP01-R-2011-000228, relacionadas al Documento de Compra Venta de fecha 27 de enero de 1995, donde el ciudadano FARIL AZAN GIL, en su carácter de apoderado judicial de la Empresa CORE LABORATORIOS INTERNACIONAL, S.A., le da en venta al ciudadano PEDRO DOMINGO CARVAJAL RONDON, de un vehículo MARCA FORD, MODELO F-150, COLOR BLANCO, AÑO 1988, PICK UP, PLACA 927-XBO, SERIAL DE CARROCERIA AJF1JR88313, SERIAL DE MOTOR 6 CILINDROS, Autenticado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Estado Delta Amacuro, el cual quedó anotado bajo el número 30, folios 60 y 61, Protocolo Primero del Primer Trimestre del año 1995; asimismo documento de compra venta de fecha 02 de febrero de2006, donde el ciudadano PEDRO DOMINGO CARVAJAL, le da en venta al ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, un vehículo MARCA FORD, MODELO F-150, COLOR BLANCO, AÑO 1988, PICK UP, PLACA 927-XBO, SERIAL DE CARROCERIA AJF1JR88313, SERIAL DE MOTOR 6 CILINDROS, Autenticado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público con funciones notariales del Municipio Autónomo Acosta del Estado Monagas, la cual quedó asentado bajo el número 29, folio 57 y 58, Tomo 01 de los libros de autenticaciones llevados.

En fecha 17 de febrero de 2012, se recibió de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, Recurso de Apelación NP01-R-2011-000228, mediante la cual se declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso interpuesto por el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, en contra de la decisión dictada por este Tribunal Segundo de Control, quien NEGO la entrega del vehículo en cuestión, y se ordenó a este tribunal gestionar las diligencias necesarias para verificar si el vehículo objeto del presente asunto se encuentra solicitado por algún organismo policial por algún hecho delictivo, requisito éste indispensable, según el criterio asentado por el Máximo Tribunal de la República en Sala Constitucional y Penal, para que pueda procederse a la entrega de un vehículo.

Riela al folio 87 de autos, Acta suscrita por este Tribunal, de fecha 22 de Febrero de 2012, mediante la cual se deja constancia que se realizó llamada telefónica al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, sosteniendo entrevista con el funcionario AGENTE: GLEOMAR MARTINEZ, Credencial 31170, adscrito al Departamento del Sistema Computarizado SIIPOL, quien indicó que una vez verificado el estatus del vehículo MARCA FORD, MODELO F-150, COLOR BLANCO, AÑO 1988, PICK UP, PLACA 927-XBO, SERIAL DE CARROCERIA AJF1JR88313, SERIAL DE MOTOR 6 CILINDROS, el mismo NO PRESENTA SOLICITUD ALGUNA POR NINGÚN ORGANISMO POLICIAL y al ser verificado a través del enlace con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, registra con todos sus datos a nombre de una empresa Jurídica.

En tal sentido este Tribunal a los fines de resolver la solicitud interpuesta por el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, considera necesario revisar decisión de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de fecha 30-06-2005, número 1.817, donde se expone criterio de lo que debe hacerse en caso de los cuales se haya solicitado la entrega de un vehículo que presente adulteración en sus seriales de identificación, y reza:

“…No obstante la anterior declaratoria, estima la Sala propicia la oportunidad, para hacer diversas acotaciones relacionadas con el asunto del presente proceso de amparo, esto es, la devolución de vehículos objeto de los delitos de hurto o robo recuperados por cualquier autoridad de policía.
En tal sentido, apunta la Sala, que uno de los fines del Derecho es la justicia, cuyo principio se encuentra expresamente consagrado en el artículo 257 constitucional, que establece: “el proceso constituye un instrumento fundamental de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites (…). No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
Los esquemas tradicionales de la justicia, esencialmente formales, a la luz de la Constitución vigente, desaparecieron cuando ésta enunció un amplio espectro de los derechos protegidos y recogió principios generales que rigen la convivencia social. Por ello, si la interpretación de las normas legales choca con la posibilidad de precisar, en forma concreta, el sentido general del Derecho, ésta debe hacerse con el auxilio del texto constitucional.
De allí, que no puede entonces una ley contrariar la Constitución y, por tanto, los derechos y garantías constitucionales deben ser el norte que guíe la interpretación. La interpretación de la ley procesal debe garantizar el ejercicio de los derechos en el proceso y, ante diversas interpretaciones debe elegirse la que mejor mantenga el equilibrio entre las partes, desechando las que a pesar de atenerse al texto legal, puedan menoscabar el derecho a la defensa consagrado en la Constitución.
Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.
El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó.
Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación.
En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 eiusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título …”.
A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”

De otro lado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 338 de fecha 18-07-2006, reitera el criterio emitido por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República y agrega lo siguiente:

“…NULIDAD DE OFICIO…Riela a los autos, documento de compra del vehículo Fiat, al ciudadano GUSTAVO JOSE HERNANDEZ GUEVARA, por parte del ciudadano FRANZ LEONARDO PIÑA SANCHEZ, emanado de la Notaría Pública Primera de Barquisimeto, Estado Lara. Además de certificado de origen N° 35339 a nombre del citado Gustavo José Hernández Guevara.
Ahora bien, la Sala observa, que en el presente caso no existe sobre el vehículo retenido, denuncia o reclamo por parte de persona alguna, sino que el mismo fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y puesto a la orden de la Fiscalía, cuando era conducido por el ciudadano FRANZ LEONARDO PIÑA SÁNCHEZ, al ver que éste no presentaba matrícula. A posteriori, al chequear los seriales de seguridad del vehículo en cuestión, se encontró que los seriales de carrocería y motor habían sido igualmente alterados.

Consta en autos, acta de investigación penal practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación del Estado Lara, folio 49, en la que se señala que el vehículo marca Fiat, modelo Palio, año 2001, color verde, tipo Sedán, sin placa, serial carrocería 9BD15573382476685, no aparece solicitado y no aparece registrado en el SETRA.

Asimismo consta en autos que el vehículo en cuestión se encuentra desde el día 18 de enero de 2005 en el estacionamiento Concordia de Barquisimeto, Estado Lara, a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Lara, en calidad de depósito.

El ciudadano Franz Leonardo Piña, ha solicitado reiteradamente a la Fiscalía, al Tribunal de Control y a la Corte de Apelaciones, le sea devuelto su vehículo, el cual es su único medio de transporte para realizar su trabajo y así poder llevar el sustento a su familia, aduciendo además que tal retención le ha acarreado pérdidas por pago de estacionamiento y deterioro del vehículo señalado.

El artículo 8 de la Ley Contra Robo y Hurto de Vehículos Automotores establece que:
“…Cambio Ilícito de Placas de Vehículos Automotores. Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de vehículos automotores, de su serial de carrocería o de motor, para asegurar la impunidad de los autores de delitos de hurto o robo, o de sus cómplices, o para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, serán sancionados con pena de dos a cuatro años de prisión”.

El vehículo Fiat, no se encuentra solicitado por hurto o robo, por lo que mal podría abrirse de oficio una averiguación por alteración de seriales o carrocería del mismo.

La Sala advierte la gravedad de un procedimiento como éste, el cual es usual, y en el que sin mediar denuncia alguna, “de oficio” los cuerpos policiales, Guardia Nacional o fiscales, retienen vehículos a sus propietarios o poseedores de buena fe, bajo el pretexto de averiguaciones. Tal actuación se pudiera prestar para realizar cobros indebidos por “rescates” o “adjudicaciones a dedo” de tales vehículos.
En relación con la entrega de vehículos en el proceso penal por parte del Juzgado de Control o por la fiscalía, ha dicho la Sala Constitucional que:
“……’.
A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del Juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Establecida por la vía aquí señalada, a quien corresponde el vehículo, la copia certificada del fallo servirá para la inscripción en el Registro Automotor Permanente” (Exp. N° 04-2397, sentencia de fecha 30 de junio de 2005).

En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que lo ajustado a derecho en el presente caso, es remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a fin de que lo distribuya en un Tribunal de Control, para que éste recabe las actuaciones necesarias, y una vez constatado que el vehículo no está solicitado, y sea probada la propiedad o posesión legítima del mismo por el ciudadano solicitante FRANZ LEONARDO PIÑA SANCHEZ, ORDENE la inmediata entrega bajo custodia del auto en cuestión al referido ciudadano…”

De las decisiones antes transcritas se desprende que, para que pueda procederse a la entrega de un vehículo automotor que presente irregularidades en los seriales de identificación, se hace necesario cumplir con ciertos requisitos, a saber, que el fiscal del Ministerio Público y el juez de Control hayan realizado todas las diligencias necesarias para la identificación real del vehículo siendo infructuosa tal operación; que el solicitante sea poseedor de buena fe habiendo acreditado la documentación necesaria de propiedad del mismo y que el vehículo no se encuentre solicitado por algún organismo de seguridad del Estado por la comisión de un hecho punible.
Como puede apreciarse de las actas que conforman la presente causa que, el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, es un comprador de buena fe, toda vez que realizó al momento de adquirir el vehículo que nos ocupa, lo necesario para hacerlo, a saber, acudió ante una notaría pública a autenticar la venta que se le estaba haciendo del vehículo, momento en el cual fueron presentados documentos con apariencia de legalidad, tales como Certificado de Registro de Vehículo; con lo cual puede afirmarse que, aún cuando se desprende de actas que el referido registro de Vehículo Es Falso, no puede atribuírsele al solicitante el conocimiento de la falsedad, por cuanto a criterio de quien decide, el mismo fue sorprendido en su buena fe al adquirir el vehículo, autenticando una operación de compra venta ante un funcionario público, con todas las características de legalidad de la operación, en consecuencia ha de afirmarse que quedó evidenciada su buena fe al adquirir el vehículo. De otro lado se aprecia de las actas que el vehículo cuestionado, no presenta solicitud alguna por los órganos de seguridad del Estado y el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, es el poseedor del mismo y único solicitante; motivos por los cuales estima quien decide que, están dadas en el caso de marras, las exigencias plasmadas en las decisiones emanadas del Máximo Tribunal de la República, para que pueda procederse a la entrega en calidad de depósito de un vehículo, en consecuencia se ACUERDA LA ENTREGA de vehículo incoada por el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS. Y así se declara.

DECISION

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA LA ENTREGA DEL VEHICULO solicitado por el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, quien es venezolano, natural de Maturín Estado Monagas, de 27 años de edad, de estado civil Soltero, nacido en fecha 18-05-1983, de profesión u oficio Comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.551.242, el cual tiene las siguientes características MARCA FORD, MODELO F-150, COLOR BLANCO, AÑO 1988, PICK UP, PLACA 927-XBO, SERIAL DE CARROCERIA AJF1JR88313, SERIAL DE MOTOR 6 CILINDROS, la cual se hará en CALIDAD DE DEPÓSITO, con la expresa obligación para el ciudadano JOSE ANGEL MARCANO CEBALLOS, de presentarlo ante la autoridad que lo solicite ó este Tribunal cuando sea requerido, a no venderlo, arrendarlo, cederlo o traspasarlo de forma alguna, toda vez que el mismo fue entregado en calidad de depósito, dejando a salvo los derechos de terceros. Líbrese Boleta de Notificación al solicitante a fin de comparecer ante este Tribunal a firmar Acta de Compromiso, así como el correspondiente oficio dirigido al encargado del Estacionamiento KATAR, ubicado en esta ciudad de Maturín Estado Monagas, informándole lo aquí decidido y ordenándole se le haga entrega del vehículo que nos ocupa al solicitante, quien deberá firmar Acta de Compromiso por ante este Tribunal. Cúmplase.
Regístrese, Notifíquese y Déjese copia de la presente decisión

La Juez

ABG. DELMYS GAMERO DE CHAYAN

La Secretaria,

ABG. LAURA VELASQUEZ