REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 02 de febrero de 2012 201º y 152º PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos JULIA RIOBUENO DE MACHADO, COLUMBA RIOBUENO ZAMORA, FLORENCIO ANTONIO RIOBUENO ZAMORA, MARCELINA RIOBUENO DE MALPICA, MAGDALENA RIOBUENO ZAMORA, IGNACIO RIOBUENO ZAMORA, PABLO JOSE RIOBUENO ZAMORA y ERASMA RIOBUENO DE MORIN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-959.786, 3.560.440, 2.206.181, 2.061.565, 5.419.099, 2.585.699, 2.983.811, 4.433.824, respectivamente, unos domiciliados en la ciudad de Caracas y otros en la jurisdicción del Distrito San Casimiro del estado Aragua. Apoderada Judicial: Abogada Josefina Riobueno, Inpreabogado N° 12.357. PARTE DEMANDADA: Ciudadano JUAN FRANCISCO GUALDRON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.281.590. Apoderados Judiciales: Abogados Licet Josefina Ramos de Ruiz y Ferdinando Tommaso, Inpreabogado Nros. 47.491 y 17.516. MOTIVO: OPERACIÓN DE DESLINDE EXPEDIENTE: 261-A DECISIÓN: INTERLOCUTORIA Revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente este Tribunal observa que: PRIMERO: Es un hecho notorio el congestionamiento presente en el Sistema de Justicia venezolano, debido a una multiplicidad de factores, tales como, la falta de personal, la insuficiencia de recursos, el gran cúmulo de trabajo pendiente, etcétera. Dicha circunstancia ha sido reconocida ampliamente por nuestro máximo Tribunal de la República [Ver Sentencia No. 03-3267 de fecha 22 de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia]; y por lo cual se han venido elaborando planes conjuntos con la finalidad de garantizar que todos los pedimentos realizados por los justiciables sean atendidos y tramitados con la mayor celeridad posible. En reciente data, específicamente en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 2009-2006, reconoció expresamente el exceso de trabajo que venían experimentando los Tribunales de Primera Instancia de la República, con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ocasionado principalmente por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria presentes en ellos y por lo escaso del valor en Bolívares tomado como fundamento para fijar la competencia por la cuantía, por lo que, procedió a otorgarle de manera exclusiva la competencia de jurisdicción voluntaria a los Tribunales de Municipio, y a modificar la competencia en razón de la cuantía existente en nuestro país desde el día 23 de abril de 1996, fecha en la cual entró en vigencia la resolución No. 619 dictada por el extinto Consejo de la Judicatura. Siendo así las cosas, este Tribunal no se escapa de la situación de congestionamiento judicial anteriormente señalado y reconocido por la más alta esfera jurisdiccional de la República, toda vez que desde la fecha de su creación [04 de julio de 1.990] ha tenido atribuida el conocimiento de gran número de causas en lo Civil, Mercantil y Agrario, destacando que ésta última materia, sólo la tiene atribuida este despacho dentro de la jurisdicción del estado Aragua. Por todo ello, han quedado pendientes por resolver cierta cantidad de causas, que en un número significativo se debe a los factores antes señalados y/o al desgano manifiesto de los accionantes. En consecuencia, dada la preocupación imperante de este Juzgador en dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos que penden en este Tribunal, sin dejar de lado por ello la gran cantidad de juicios que se encuentran actualmente en tramitación, se ha elaborado en este despacho un cronograma especial de trabajo con el fin de conferir respuestas y soluciones a que haya lugar según el caso en concreto, con la firme intención de lograr así el descongestionamiento de la actuación judicial en esta sede. Todo ésto, no obstante la falta de interés en muchas oportunidades de las partes y la falta de concientización de los abogados de participar verdaderamente como integrantes del Sistema de Justicia consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Por todo lo anteriormente manifestado y estando este expediente dentro del operativo especial de trabajo anteriormente enunciado, este Juzgador observa que desde el día 20 de abril de 1995, fecha en la cual el apoderado judicial de la parte demandada consignó poder a los autos, se evidencia que han transcurrido dieciséis (16) años y nueve (09) meses sin que las partes hayan realizado acto alguno de impulso procesal, lo cual hace presumir a quien decide que ha perdido interés de que el proceso persista. En consecuencia, este Tribunal ordena notificar a la parte actora a fin de que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy, explique los motivos de su inactividad en el presente juicio, advirtiéndosele que de no hacerlo o de ser poco convincente lo que expresare, será forzoso analizar la procedencia de la declaración de pérdida del interés en la presente causa, y como consecuencia de ello, la extinción de la acción. Así se declara. Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado, motivado a la imposibilidad evidente de publicarlo en la prensa, y tampoco siendo posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de 500 metros de este Juzgado sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el gran número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde se deben realizar citaciones, notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil utilizar su tiempo útil en la práctica de actuaciones en juicios que se encuentran paralizados, en muchos casos debido a la falta de atención de las partes. Todo en conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (noción de justicia oportuna), hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001. Exp: 00-1491, Sentencia No. 956, y con los artículos 14, 16 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara. EL JUEZ TITULAR ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA LA SECRETARIA ACC. NURY CONTRERAS EXP N°: 261-A RCP/NC/Livi.- En esta misma fecha se libró y fijó el cartel ordenado. La Secretaria Acc.