TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 09 de Febrero de 2.012
201° y 152°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos, JESÚS ALBERTO RIERA MARTÍNEZ Y SIMÓN DARÍO MORENO RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas Nros. V- 3.878.805 y V- 8.794.622, respectivamente.
Apoderado Judicial: Luis Miguel Romero González y Marco Aurelio Requena Sánchez Inpreabogado Nros. 23.107 y 22.739, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano, JOSÉ ALBERTO JACA MANCHO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 4.548.420.
MOTIVO: INTERDICTO RESTITUTORIO

EXPEDIENTE N°: 7.984.

I
ANTECEDENTES
En fecha 02 de agosto del 2000, se realizaron (02) actuaciones:
1. Se admitió la querella interdictal y se ordenó a la parte actora constituir una garantía para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar. Asimismo se ordenó un avaluó del inmueble y se designó como perito al ciudadano Germán Yoll a quien se ordenó citar (folio 68).
2. Se ordenó notificar al Procurador agrario de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios (folio 69).

En fecha 07 de diciembre de 2000, compareció por ante este Tribunal Abad Azavache y en su carácter de alguacil del mismo, consignó boleta de notificación personal firmada por el ciudadano Abog. Joyce Chaviedo (Procurador Agrario) (folio 70 y 71).

En fecha 22 de enero de 2001, compareció por ante este Tribunal el ciudadano Abad Azavache y en su carácter de alguacil del mismo consignó boleta de notificación personal firmada por el ciudadano Germán Yoll Castillo (Perito Avaluador) (folio 72 y 73).

En fecha 24 de enero de 2001, compareció por ante este Tribunal el ciudadano Germán yoll, quien expuso que aceptaba el cargo para el cual había sido designado (folio 74).

En fecha 14 de febrero de 2001, el Tribunal concedió 08 días de despacho al perito evaluador para que presentara el informe correspondiente (folio 75).

En fecha 20 de febrero de 2001, compareció por ante este Tribunal el ciudadano Germán Yoll y consignó en diez (10) folios y dos (02) anexos el informe de avalúo folio (76 al 94).

En fecha 09 de mayo de 2001, el Tribunal ordenó a la parte querellante constituir una garantía para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar (folio 96).

En fecha 02 de octubre de 2001, compareció por ante este Tribunal el ciudadano Abad Azavache y en su carácter de alguacil del mismo, consignó boleta de notificación firmada el ciudadano Joyce Chaviedo (Procurador Agrario) (folio 97 y 98).

En fecha 10 de marzo de 2004, el Juez se avocó al conocimiento de la causa. Y ordenó la notificación de la parte demandada (folio 101).

II
PUNTO PREVIO

Como punto previo al desarrollo de la motivación que fundará la base de la dispositiva del presente fallo, este Tribunal considera imprescindible mencionar lo siguiente:
Es un hecho notorio el congestionamiento presente en el Sistema de Justicia venezolano, debido a una multiplicidad de factores, tales como, la falta de personal, la insuficiencia de recursos, el gran cúmulo de trabajo pendiente, etcétera.
Dicha circunstancia ha sido reconocida ampliamente por nuestro máximo Tribunal de la República [Ver Sentencia No. 03-3267 de fecha 22 de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia]; y por lo cual se han venido elaborando planes conjuntos con la finalidad de garantizar que todos los pedimentos realizados por los justiciables sean atendidos y tramitados con la mayor celeridad posible.
En reciente data, específicamente en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 2009-2006, reconoció expresamente el exceso de trabajo que venían experimentando los Tribunales de Primera Instancia de la República, con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ocasionado principalmente por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria presentes en ellos y por lo escaso del valor en Bolívares tomado como fundamento para fijar la competencia por la cuantía, por lo que, procedió a otorgarle de manera exclusiva la competencia de jurisdicción voluntaria a los Tribunales de Municipio, y a modificar la competencia en razón de la cuantía existente en nuestro país desde el día 23 de abril de 1996, fecha en la cual entró en vigencia la resolución No. 619 dictada por el extinto Consejo de la Judicatura.
Siendo así las cosas, este Tribunal no se escapa de la situación de congestionamiento judicial anteriormente señalado y reconocido por la más alta esfera jurisdiccional de la República, toda vez que desde la fecha de su creación [04 de julio de 1.990] ha tenido atribuida el conocimiento de gran número de causas en lo Civil, Mercantil y Agrario, destacando que ésta última materia, sólo era conocida por este despacho dentro de la jurisdicción del estado Aragua antes de la creación del nuevo Tribunal Agrario en el Estado Aragua. Por todo ello, han quedado pendientes por resolver cierta cantidad de causas, que en un número significativo se debe a los factores antes señalados y/o al desgano manifiesto de los accionantes.
En consecuencia, dada la preocupación imperante de este Juzgador en dar respuesta a todos y cada uno de los asuntos que penden en este Tribunal, sin dejar de lado por ello la gran cantidad de juicios que se encuentran actualmente en tramitación, se ha elaborado en este despacho un cronograma especial de trabajo con el fin de conferir respuestas y soluciones a que haya lugar según el caso en concreto, con la firme intención de lograr así el descongestionamiento de la actuación judicial en esta sede. No obstante la falta de interés en muchas oportunidades de las partes y la falta de concientización de los abogados de participar verdaderamente como integrantes del Sistema de Justicia consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República.

Por todo lo anteriormente manifestado y estando este expediente dentro del operativo especial de trabajo anteriormente enunciado, este Juzgador procede a razonar la presente decisión en vista de las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Revisadas exhaustivamente como han sido las actuaciones que conforman el presente expediente, quien decide observa que desde el día 10 de marzo de 2004, fecha en la cual este Tribunal ordenó la notificación de la parte demandada, la parte actora no ha comparecido a realizar alguna actuación que de continuidad al procedimiento y hasta la fecha ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes hayan dado impulso al procedimiento.

Al respecto es importante para este Juzgador traer a colación lo contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que establece lo siguiente:

“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…”.

Asimismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece que: “…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente…”; advertencia ésta que considera procedente realizar este Tribunal con el objeto de cumplir a cabalidad con los postulados contenidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.

Nuestro Máximo Tribunal, en sentencia Nº 211 de fecha 21-06-2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente:

“…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”

En sintonía con lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, expediente N° 00-1491, expresó lo siguiente:

“(…) El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla. (…)”

De las normas transcritas se observa que la perención de la instancia opera de pleno derecho, cuando se verifica la inejecución de los actos consecutivos del procedimiento por más de (01) un año y por cuanto este Juzgador observa que la parte accionante desde el 09 de marzo de 2004, fecha en la cual compareció por ante el Tribunal dándose por notificado del avocamiento, actuación que riela al folio cien (100) del expediente. Asimismo, se evidencia que la parte accionante no ha comparecido por ante este Tribunal desde esa misma fecha. Siendo entonces que desde esa fecha la parte actora no ha ejercido ningún acto tendente a impulsar el presente procedimiento; hecho este que encuadra perfectamente en los términos expresados en las normas in commento y habiendo transcurrido sobradamente más de un (01) año desde dicha fecha hasta el día de hoy, resulta forzoso para quien decide declarar de oficio la perención de la instancia, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECLARA.

Asimismo se ordena notificar a la parte demandante de la presente decisión a fin de que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy [09 de febrero de 2012], se dé por notificado, a los fines de que pueda ejercer los recursos correspondientes, advirtiéndole que vencido éste plazo quedará definitivamente firme la sentencia.

Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado, motivado a la imposibilidad evidente de publicarlo en la prensa, y tampoco siendo posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de 500 metros de este Juzgado sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el gran número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde se deben realizar citaciones, notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil utilizar su tiempo útil en la práctica de actuaciones en juicios que se encuentran paralizados, en muchos casos debido a la falta de atención de las partes. Todo en conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (noción de justicia oportuna), hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001. Exp: 00-1491, Sentencia No. 956, y con los artículos 14, 16 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
DISPOSITIVA

Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara:

PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente demanda de INTERDICTO RESTITUTORIO, incoada por los ciudadanos JESÚS ALBERTO RIERA MARTÍNEZ y SIMÓN DARÍO MORENO RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas Nros. V- 3.878.805 y V- 8.794.622, respectivamente, debidamente asistidos por los ciudadanos, Luis Miguel Romero González y Marco Aurelio Requena Sánchez Inpreabogado Nros. 23.107 y 22.739, respectivamente, contra el ciudadano JOSÉ ALBERTO JACA MANCHO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 4.548.420.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza de la decisión.

TERCERO: Se ordena notificar por cartelera a la parte demandante de la presente decisión.

CUARTO: Se ordena la desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial en la oportunidad legal correspondiente.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo.
Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los quince (09) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA.

EL SECRETARIO,

ABG. ANTONIO HERNÁNDEZ.
RCP/MP/Yur.~
EXP. N° 7984.
En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 02:30 PM. Asimismo se libró el cartel de notificación ordenado.
El Secretario.