TSJ Regiones - Decisión

ÚNICO
Suben las presentes actuaciones relacionadas con la remisión del presente asunto por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al declararse INCOMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fecha 19 y 20 de octubre de 2009, respectivamente, por la parte demandada, ciudadana EGILDA PASTORA CASAMAYOR DE QUERALES, titular de la cédula de identidad Nº V-4.064.021, debidamente asistida por el abogado JESÚS FERMIN MAMBIE DELEAUD, Inpreabogado Nº 42.490, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 30 de julio de 2009.
Dichas actuaciones fueron recibidas en este despacho en fecha 30 de mayo de 2012, constante de una (01) pieza principal de doscientos ochenta y uno (281) folios útiles, tal como se evidencia de la nota estampada por la secretaria de este despacho cursante al folio doscientos ochenta y dos (282) del presente expediente.
Ahora bien, este Tribunal Superior considera de radical importancia, analizar en primer lugar, si efectivamente esta Superioridad resulta competente para conocer del recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada en el presente juicio, en razón de la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 11 de enero de 2012.
En ese sentido, es menester señalar que las presentes actuaciones se relacionan con demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento interpuesta por el abogado OSCAR JOSÉ SUNIAGA, Inpreabogado Nº 8.054, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA DON ANTONIO S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº 60, Tomo 03-A, en fecha 21 de febrero de 2003, representada por su Presidenta, ciudadana IRENE DLUZNIEWSKI DE RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.515.321, según consta de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 25 de abril de 2007, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº 02, Tomo 13-A, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 20 de junio de 2008 (folios 01 al 04 y vueltos).
Luego, en fecha 30 de julio de 2009, el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, le correspondió decidir el presente asunto, declarando con lugar la demanda de resolución de contrato de arrendamiento (folios 127 al 135). Por lo que, en las fechas 19 y 20 de octubre de 2009, respectivamente, la parte demandada de autos, debidamente asistida por el abogado Jesús Mambie Deleaud, Inpreabogado Nº 42.490, ejerció recurso de apelación sobre dicha decisión (folios 150 y 151).
Posteriormente, dichas actuaciones fueron remitidas al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folio 156), correspondiéndole decidir al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que en fecha 23 de febrero de 2010, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de autos, y en consecuencia, revocó en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 30 de julio de 2009 (170 al 175).
En fecha 29 de octubre de 2010, esta Superioridad dictó sentencia con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana IRENE DLUZNIEWSKI DE RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-3.515.321, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA DON ANTONIO S.A., supra identificada, debidamente asistida por el abogado JOSE ANTONIO CASTILLO SUAREZ, Inpreabogado Nº 30.911, contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por la decisión proferida en fecha 23 de febrero de 2010 (folios 221 al 249), declarando lo siguiente:
“…PRIMERO: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO (…).
SEGUNDO: LA NULIDAD de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 23 de febrero de 2010, por el Juzgado Cuarto (…).
TERCERO: A los fines de restituir la situación jurídica infringida, se ORDENA al Tribunal de Primera Instancia que conozca en razón de la distribución que dicte decisión con relación al recurso de apelación formulado contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2009…” (Sic).

Razón por la cual, en fecha 14 de diciembre de 2011, el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, ordenó la remisión de la presente causa al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folio 255 y vuelto), el cual, mediante decisión de fecha 11 de enero de 2012, se declaró incompetente para conocer la apelación interpuesta por la parte demandada de autos, contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2009, dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, y declinó la competencia para conocer del presente asunto en este Juzgado Superior (folios 256 al 279).
En ese orden de ideas, es necesario destacar que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en su declinatoria de competencia (folios 256 al 279), manifestó entre otras cosas lo siguiente:
“…En razón de la Resolución N° 2009-0006 dictada por la Sala Plena (…) las competencias establecidas por textos normativos preconstitucionales para asuntos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria quedan sin efecto (…).
(…) Hechas estas consideraciones, esta Sentenciadora acogiendo el criterio establecido en los precitados fallos dictados por nuestro más Alto Tribunal, debe dejar sentado que a partir de la publicación de la citada Resolución 2009-006 (…) se redistribuyó a los Juzgados de Municipio la competencia para conocer en primera instancia de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil (…); todo ello, según las reglas ordinarias sobre la competencia sobre el territorio.
Por consiguiente, considera este Juzgado, acorde con el criterio de la Sala de Casación Civil, que dado el propósito y finalidad de la Resolución N° 2009-0006, es garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, en virtud de la cual se atribuyó a los Juzgados de Municipio competencia para conocer como si se tratara de un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil en los asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa (…), todas las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio (…), deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio (…), son los Juzgados Superiores Civiles los tribunales de alzada de los Juzgados de Municipio, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución número 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, y en aplicación de las tantas veces mencionada Resolución 2009-0006 y de las sentencias precedentemente transcritas, que resultan aplicable al presente caso, pues la presente demanda por TERCERÍA, fue presentada el 28 de enero de 2011, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la referida Resolución, resulta ineludible que el competente para conocer el recurso de apelación es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a quien se ordena remitir el presente expediente. Así se decide.
Por las razones expuestas, este Juzgado (…), se declara INCOMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la parte demandada ciudadana EGILDA CASAMAYOR DE QUERALES (…), contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2009, por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry (…). Y ASÍ SE DECIDE…” (Sic) (Subrayado de esta Alzada).

Visto lo anterior, quien aquí decide en primer término debe señalar que de la revisión exhaustiva realizada sobre las actas que conforman el presente expediente, llama poderosamente la atención de quien decide, que el Juzgado a quo en su decisión de fecha 11 de enero de 2012 (folios 256 al 279), fundamenta su declinatoria de competencia en que “…la presente demanda por TERCERÍA, fue presentada el 28 de enero de 2011, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la referida Resolución, resulta ineludible que el competente para conocer el recurso de apelación es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a quien se ordena remitir el presente expediente…” (Sic) (Subrayado y negritas de esta Alzada); demanda ésta (tercería), que no reposa ni forma parte del presente expediente, puesto que, el caso específico que da origen a la presente controversia es la Acción de Resolución de Contrato de Arrendamiento de índole comercial, interpuesta en fecha 20 de junio de 2008 (folios 01 al 04 y vueltos), que aún se encuentra regulada por el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que establece una remisión expresa en cuanto a la tramitación de dichos juicios al Libro IV, Título XII del Código Adjetivo Civil, independientemente de su cuantía, vale decir, que su sustanciación se llevará a cabo a través del Juicio Breve.
En este sentido, se hace menester traer a colación el contenido normativo del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares”. De ello se desprende que en el procedimiento breve, de la sentencia recurrida se debe oír apelación en ambos efectos, si fuere interpuesta dentro del lapso perentorio indicado (tres días) siempre y cuando la cuantía del asunto debatido supere los cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), hoy equivalentes a cinco bolívares fuertes (Bs.F. 5,00), lo cual tiene como cimiento, justamente, garantizar a las partes litigantes el ejercicio del recurso de apelación en protección y garantía del derecho a la defensa y al debido proceso de conformidad con el artículo 49 constitucional.
No obstante lo anterior, en fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la Resolución N° 2009-0006, en la cual resolvió modificar a nivel nacional las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia civil, mercantil y tránsito, siendo publicada en la Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, de la cual se destaca lo siguiente:
“…Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera (…).
(…)Artículo 2.- se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.) (…).
(…)Artículo 4.- Las modificaciones aquí establecidas surtirán sus efectos a partir de su entrada en vigencia y no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo en los asuntos nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia…”.
Artículo 5.- la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.…” (Sic) (Subrayado y negrillas de esta Alzada).

Sobre este particular, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de abril de 2011, Expediente N° AA20-C-2010-000649, con ponencia de la Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, al referirse a la entrada en vigencia y ámbito de aplicabilidad de la referida Resolución, dejó sentado el siguiente criterio:
“…se desprende que a partir de la publicación de la referida Resolución Nº 2009-0006, la cual fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 2 de abril de 2009, se dejó sin efecto las competencias establecidas en el Decreto Presidencial Nº 1029 de fecha 17 de enero de 1996, y la Resolución del Consejo de la Judicatura Nº 619 de fecha 30 de enero de 1996, y en consecuencia, quedaron redistribuidas las mismas, en cuanto a la determinación de la competencia por la cuantía, de la manera siguiente: 1) en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, los Juzgados de Municipio, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T), y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes; y 2) a los Juzgados de Primera Instancia, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 UT), todo ello, según las reglas ordinarias sobre la competencia sobre el territorio.
Por otra parte, cabe mencionar que la Resolución Nº 2009-0006 es aplicable a los juicios iniciados posterior a la publicación de la referida Resolución en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 2 de abril de 2009.
Expuesto lo anterior y aplicado al caso concreto, cabe mencionar que la demanda fue interpuesta el 17 de febrero de 2009, es decir, antes de la publicación de la Resolución de la Sala Plena Nº 2009-0006, por ello, no es aplicable a la presente causa los efectos de la referida Resolución, pues, de conformidad con el principio de la perpetuatio iurisdictionis, consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición de la demanda, y no tienen efecto las modificaciones que puedan surgir posteriores a dicha situación.
En consecuencia, esta Sala estima que la normativa aplicable a este caso es la contenida en el Decreto del Ejecutivo Nacional N° 1.029, de fecha 17 de enero de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.884, de fecha 22 del mismo mes y año, y la Resolución N° 619, de fecha 30 de enero de 1996, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.890, mediante la cual se modificó la competencia por la cuantía de los Tribunales. Dicho decreto le atribuyó a los Tribunales de Primera Instancia competencia para conocer de demandas superiores a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) hoy, conforme a la nueva reconversión monetaria hasta cinco mil bolívares fuertes (Bs.F. 5.000,00); a los Tribunales de Municipio para conocer de demandas superiores a dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000,00), según la nueva reconversión monetaria dos mil quinientos bolívares fuertes (Bs. F. 2.500,00); y a los de Parroquia para conocer de demandas menores a los dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000,00), conforme a la nueva reconversión monetaria dos mil quinientos bolívares fuertes (Bs. F. 2.500,00). Sin embargo, en la actualidad no existen Tribunales de Parroquia, desplazándose la competencia de éstos a los de Municipio, de conformidad con el artículo 70 numeral 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha 11 de septiembre de 1998, el cual atribuyó a los Tribunales de Municipio la competencia en primera instancia de las demandas estimadas hasta los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), hoy conforme a la nueva reconversión monetaria hasta cinco mil bolívares fuertes (Bs.F. 5.000,00)…” (Sic) (Subrayado de esta Alzada).

De la lectura del criterio jurisprudencial antes citado, se observa que la Resolución N° 2009-0006: “…es aplicable a los juicios iniciados posterior a la publicación de la referida resolución en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 2 de abril de 2009…”, por lo que, en atención al principio de la perpetuatio iurisdictionis consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la fecha que debe tomarse como referencia para establecer la aplicabilidad a cada caso de la Resolución in comento, está circunscrita restrictivamente a la fecha de interposición de la demanda, por ser que, tanto la jurisdicción como la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición de la demanda, dejando sin efecto jurídico las modificaciones que puedan surgir posteriormente a dicha situación.
Así las cosas, de la revisión exhaustiva efectuada a las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que la parte accionante en el presente litigio interpuso demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento en fecha 20 de junio de 2008, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines de su distribución (folios 01 al 05), en consecuencia, sin lugar a dudas resulta meridianamente claro que la presente demanda, fue interpuesta con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° 2009-0006, por cuanto la misma, entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2009; por lo tanto, la aludida Resolución 2009-0006, de ninguna manera resulta aplicable al caso bajo estudio, ya que, del propio contenido de la misma se observa el carácter irretroactivo de sus efectos, siendo aplicable únicamente a los juicios iniciados posteriormente a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, es evidente que el Juzgado competente en el sub examine para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fecha 19 y 20 de octubre de 2009, respectivamente (folios 150 y 151), contra la sentencia definitiva proferida en fecha 30 de julio de 2009, por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folios 127 al 135), debe ser uno de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial.
Habida cuenta de lo antes expuesto, acertadamente se debe sostener que la Resolución 2009-0006, supra trascrita, en nada afecta o modifica las competencias atribuidas antes de su publicación en Gaceta Oficial (02 de abril de 2009), siendo entonces, a criterio de quien decide, que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los recursos de apelación ejercidos en fecha 19 y 20 de octubre de 2009, respectivamente (folios 150 y 151), por la parte demandada de autos, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de esta misma Circunscripción Judicial, en fecha 30 de julio de 2009. Así se establece.
Entonces, por las razones de hecho, de derecho y jurisprudenciales antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con fundamento a lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, declara no tener competencia atribuida para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 30 de julio de 2009, por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en razón de la irretroactividad de la Resolución 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de marzo de 2009, siendo publicada y aplicable a partir de su divulgación en la Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, por tratarse de materia reservada a los Juzgados de Primera Instancia. Por ello, se solicita de oficio la regulación de la competencia, ordenando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 ejusdem, remitir el presente expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a fin de que resuelva el conflicto de competencia aquí generado. Así se decide.
Déjese copia. Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los seis (06) días del mes de julio de 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR TITULAR,

DRA. CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO
En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 12:30 pm.
LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO
CEGC/LC/is.-
Exp. C-17.274-12